El joven mayangna Michael López Rivera, de 18 años fue asesinado este 6 de diciembre por un colono en la Comunidad de Nawahwas, territorio Mayangna Sauni Bu, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, según información remitida ante el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), por autoridades indígenas. Según CALPI, este es la décimatercera víctima de la población indígena en Bosawás, en lo que va de 2020.
Aunque existen dos versiones sobre los motivos del asesinato de López Rivera, los miembros de la comunidad indígena de Nawahwas y la familia de la víctima, “temen que la verdad sobre el asesinato no se llegue a conocer nunca y que el asesinato quede en la impunidad, debido a la omisión estatal de investigar los asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y ataques”, refiere CALPI en un comunicado.
Calpi considera, que desde el 2015 existe “un patrón de violencia sistemática y reiterada ejercida contra miembros de las comunidades indígenas y contra quienes defienden, individual y colectivamente, los derechos de los pueblos Mískitu y Mayangna, en la Reserva de Biósfera de Bosawás y la cuenca del Rio Coco (Wangki) en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua”.
“Los ataques contra los indígenas han sido perpetrados por colonos armados, los que durante este año 2020 han sido dirigidos principalmente contra miembros del Pueblos Indígena Mayangna, dejando a la fecha un saldo de al menos 13 hombres asesinados, cinco heridos -dos de ellos con efectos permanentes como paraplejia y la amputación de una pierna- 2 hombres secuestrados, 2 agresiones contra niñas indígenas Mískitu”, señala CALPI.
Es por ello, que este Día internacional de los Derechos Humanos, CALPI insta nuevamente al Estado de Nicaragua “a terminar con el clima de impunidad estructural que genera con la ausencia de investigaciones en torno a los hechos violentos antes mencionados, estableciendo así una situación de grave riesgo y vulnerabilidad extrema a las formas de vida tradicional, a la integridad física y psíquica de sus miembros, y a la preservación de los territorios de las comunidades indígenas Mayangna y Mískitu y a la Reserva de la Biosfera Bosawás”.
Ese organismo recuerda que la violencia de la que han sido víctima los pueblos indígenas en el país, especialmente en El Caribe, ha tenido como objetivo la usurpación de sus tierras, “aprovechando la inseguridad jurídica causada por la omisión estatal de implementar la etapa del saneamiento –determinación de los derechos de propiedad de terceros en los territorios indígenas- última etapa del proceso de titulación realizado por el Estado de Nicaragua, entre 2005 y 2011, sobre 23 territorios indígenas”.
Menciona entre otros intereses por los territorios indígenas el tráfico ilegal de los recursos naturales, el extractivismo que es facilitado a las empresa forestales, mineras, pesqueras y el acaparamiento de tierra para el monocultivo de la Palma Africana.
«Los líderes, autoridades y miembros de las comunidades indígenas Mayangna y Mískitu denuncian que actualmente además de los cruentos ataques de los colonos de los cuales han siendo víctimas; la destrucción de sus viviendas, la perdida de las cosechas y del ganado y así como la contaminación del agua para el consumo humano, dejados por el paso de los huracanes Eta e IOTA; se encuentran también amenazados con su exterminio», señala CALPI, que menciona el abandono estatal a la población indígena del sector tanto por la pandemia de COVID-19 así como por el paso de los dos huracanes.
Y recuerda que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sin ninguna discriminación.