En carta pública dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el periodista Gullermo Cortés contradice una publicación publicada el pasado 8 de febrero por el Departamento de Estado, en la que el vocero de esa institución, Ned Price, expresa: “Ortega está llevando al país a una dictadura”, cuando «lamentablemente vivimos en una dictadura plena».
«‘Ninguna hoja de ningún árbol se mueve en Nicaragua’, decimos muchos nicaragüenses, sino es con el visto bueno de los Ortega-Murillo, quienes además manejan a su gusto y antojo la gran mayoría de las 147 alcaldías del país y los dos gobiernos regionales de la Costa Caribe, así como las organizaciones de control social que funcionan a nivel de barrios y comarcas en la ciudad y el campo de este país», expresa Cortés.
En su carta pública, Cortés reseña la situación enfrentada por la disidencia en el país y el sistema de justicia existente, donde «es imposible que un juez pueda emitir una resolución favorable a un opositor político al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna persona sin carné del partido sandinista puede obtener un empleo en el aparato estatal ni en las empresas privadas de los nuevos magnates del orteguismo».
A esto agrega la aprobación de un paquete de leyes que se suma a la ola represiva que ha mantenido el régimen desde 2018.
Publicamos el texto completo.
Managua, febrero 15 del 2021
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE BIDEN
Señor Presidente
Joe Biden
Casa Blanca
Washington, D.C.
Señor Presidente:
Al saludarlo, también le deseo éxito en su trabajo tan complejo y exigente al frente de la presidencia del país más poderoso del mundo.
Le escribo, señor Biden, para expresarle mi preocupación –que creo que también la comparten muchos nicaragüenses en Nicaragua y en el exilio-, por una gravísima equivocación que contiene un comunicado emitido este 8 de febrero por el Departamento de Estado de su país y suscrito por el vocero de esta institución, Ned Price, en el que erróneamente expresa: “Ortega está llevando al país a una dictadura”, lo que denota un profundo desconocimiento sobre la situación en nuestro país, porque lamentablemente vivimos en una dictadura plena.
Paso a demostrarle los hechos que fundamentan por qué es cierto que Nicaragua vive una dictadura: en primer lugar, porque la familia Ortega-Murillo, especialmente Daniel Ortega y su esposa Rosario, controlan de manera absoluta, como que fueran una monarquía europea del s. XV, todo el Estado.
Bien pudieran decir ambos: “El Estado soy yo”, porque ninguna decisión grande, mediana o pequeña se toma con independencia de ellos en ninguna institución de gobierno, en la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Supremo Electoral y todos los ministerios y empresas públicas.
“Ninguna hoja de ningún árbol se mueve en Nicaragua”, decimos muchos nicaragüenses, sino es con el visto bueno de los Ortega-Murillo, quienes además manejan a su gusto y antojo la gran mayoría de las 153 alcaldías del país y los dos gobiernos regionales de la Costa Caribe, así como las organizaciones de control social que funcionan a nivel de barrios y comarcas en la ciudad y el campo de este país.
Recientemente hemos visto cómo 60 tribunales de justicia y la Corte Suprema de Justicia, de Estados Unidos, rechazaron impugnaciones de Donald Trump a las más recientes elecciones, por falta de pruebas.
En Nicaragua es imposible que un juez pueda emitir una resolución favorable a un opositor político al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna persona sin carné del partido sandinista puede obtener un empleo en el aparato estatal ni en las empresas privadas de los nuevos magnates del orteguismo.
Además, señor presidente Biden, Ortega ha violado múltiples veces la Constitución de la República y otras leyes, para eternizarse en el poder y reprimir a la ciudadanía.
Más recientemente, como usted sabe, aprobó siete leyes represivas: 1. Ley de Cadena Perpetua; 2. Ley de Agentes Extranjeros; 3. Ley Especial de Ciberdelitos; 4. Ley de Impuestos a Rótulos; 5. Ley de Privatización del Agua; 6. Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. (Extender la prisión preventiva de 48 horas a 90 días); y, 7. Reforma a Ley para proteger a los orteguistas sancionados por EEUU.
El carácter dictatorial, violento y sanguinario del régimen orteguista se ha acentuado desde abril del 2018. Permítame hacer un recuento de 16 hechos sobresalientes que difícilmente puede cometer un gobierno que no sea dictatorial: 1. Uso de la violencia para reprimir el estallido social de abril de 2018 con francotiradores y paramilitares, y asesinato de más de 300 nicaragüenses; 2. Existencia de más de 100 reos políticos y persecución de opositores que ha provocado el exilio de más de 100 mil nicaragüenses; 3. Asedio policial a ex presos políticos, madres de personas asesinadas durante el estallido social de 2018, líderes políticos opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.
4. Violaciones a la Constitución para perpetuar en el poder a la familia Ortega-Murillo así como aprobación de leyes represivas; 5. Prohibición de marchas de protesta de la ciudadanía y de reuniones y asambleas en lugares cerrados y de uso de la bandera de Nicaragua; 6. Capturas, retenciones y golpizas a periodistas y comunicadores sociales, y robo de sus equipos (cámaras de televisión y celulares). 7. Confiscación de inmuebles y otros activos a ONGs y a medios de comunicación; y cancelación de su personalidad jurídica; y 8. Asesinato en las montañas y en territorio hondureño fronterizo con Nicaragua de campesinos que participaron en el estallido social.
Otro rasgo de la dictadura de Daniel Ortega es su extrema corrupción, lo que ilustro con los siguientes mecanismos y procedimientos que ha utilizado para la apropiación indebida de bienes públicos: 1. Coimas y sobornos para otorgar concesiones a nacionales y extranjeros; 2. Concesiones del Estado para allegados del orteguismo y creación de empresas que operan con ventaja sobre las demás; 3. Apropiación de la ayuda venezolana y compra de acciones de empresas muy rentables como las de electricidad y combustibles y la constante alza en el precio de estos productos.
4. Sobrevaloración de proyectos de inversión pública financiados por organismos multilaterales; 5. Apropiación de parte de la ayuda externa para los afectados por los huracanes ETA e IOTA; y 6. Utilización indebida de cuantiosos recursos de los asegurados del INSS.
También debo mencionar el nepotismo de los Ortega-Murillo, varios de cuyos hijos desempeñan funciones públicas al interior de Nicaragua o como representantes internacionales.
Es pública esta información, la conoce y maneja el Departamento de Estado, la cuestión es ¿Desde qué perspectiva algo así puede conducir a caracterizar equívocamente al régimen orteguista?
Mi carta no pretende acciones injerencistas contra nuestro país, que en el pasado dejaron profundas y dolorosas heridas, sino expresiones de apoyo, como debe haber de todo el mundo, a la ciudadanía nicaragüense, que es a la que le corresponde librarse de esta dictadura brutal. Estamos conscientes que los Ortega-Murillo deben pagar por sus gravísimas faltas al derecho internacional.
Cordialmente,
Guillermo Cortés Domínguez
cortesdominguezguillermo@gmail.com
Cel. 8470-5750; y Tel. 2278-7125