Tras la publicación de la normativa de Agentes Extranjeros el régimen somete al personal de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “a un estado de tensión permanente ante la amenaza de una muerte civil”.
“En el marco de la ejecución de la Normativa de Agentes Extranjeros, el Migob (Ministerio de Gobernación), coordina los ataques de las Alcaldías, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Seguridad Social y otras instancias gubernamentales contra las ONG, sometiendo al personal de estas organizaciones a un estado de tensión permanente ante la amenaza de una muerte civil”, denuncian la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG que está conformada por seis redes y cien Organizaciones No Gubernamentales.
La denuncia es parte de un pronunciamiento de esa Plataforma que a su vez destaca, que la normativa es aún más amplia que la misma ley y le otorga más facultades al Ministerio de Gobernación con lo cual lo convierte “en un aparato de control y castigo contra las personas jurídicas sin fines de lucro en Nicaragua, consideradas como opositoras al Gobierno”.
En su denuncia esa Plataforma menciona, que tienen conocimiento que muchos profesionales “están siendo obligados a firmar en los bancos nacionales una Declaratoria de ‘No Agente Extranjero’, además de mostrar sus contratos de consultorías”.
Señala esa Plataforma que de no cumplir los profesionales con este requisito, las transferencias bancarias no pueden ser aplicadas a sus cuentas personales, lo que “constituye una violación al sigilo profesional y bancario, y atenta contra al bienestar de muchas familias nicaragüenses”.
“Hacemos también un llamado a los organismos donantes para que no se sumen a la aplicación de esta ley exigiendo a las ONG su cumplimiento. Nos solidarizamos con el personal de algunas organizaciones que viéndose entre la espada y la pared, tienen que registrarse como “Agentes Extranjeros””, expresa la Plataforma en su pronunciamiento.
A través del mismo esa Plataforma recuerda a la Corte Suprema de Justicia que el 9 de marzo es el plazo legal que tiene para resolver los recursos por inconstitucionalidad, que fueron introducidos el 9 de diciembre de 2020 por su membresía y personas aliadas en contra de la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.