La Unidad Nacional presentó una propuesta para la urgente democratización del Sistema Electoral en Nicaragua la que incluye desde reformas constitucionales hasta nuevas leyes como la Electoral y de Partidos Políticos.
Como parte de las reformas a la Constitución la Unidad Nacional plantea el reconocimiento explícito de las candidaturas independientes o de suscripción popular, para lo cual debe reformarse el artículo 51, de la Carta Magna, la derogación del párrafo del artículo 131 en el cual se refiere al “transfuguismo” , incorporar las elecciones de período intermedio para diputados, alcaldes y concejos regionales y municipales, para lo cual debe ser reformado el segundo párrafo del artículo 131, de la Constitución y debe desaparecer la circunscripción nacional para elegir diputados.
Igual propone la Unidad Nacional una reforma del artículo 132, de la Constitución relacionado con la elección de diputados mediante el sistema de representación proporcional, combinando el método del cociente electoral y residuos electorales para garantizar los derechos de representación de las mayorías y minorías, derogar el artículo 133, relacionado con la disposición que permite una diputación para los expresidentes y al partido del segundo lugar, modificar sustancialmente los criterios y mecanismos de selección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), derogar el requisito de residencia continuada en el país para optar a cargos de elección popular o elección de magistrados.
También incluye la propuesta restablecer el sistema de dos vueltas electorales para elegir presidente y vicepresidente, y establecer la prohibición absoluta de la reelección presidencial y adicionar un segundo párrafo al artículo 168, de la Constitución en el que se establezca que “el fraude y la manipulación de los procesos y resultados electorales, debidamente comprobados, constituyen un delito contra el Estado de Nicaragua, el cual es imprescriptible y tiene como pena, además de las que deben establecerse en el Código Penal, la inhabilitación vitalicia para ejercer o postularse para un cargo de elección popular”.
La propuesta de la Unidad Nacional considera que debe reestructurarse el Poder Electoral con la descentralización de sus funciones, debe aplicarse el método del cociente electoral y residuos electorales para elecciones municipales y regionales de la Costa Caribe.
En cuanto a una nueva Ley Electoral en la propuesta la Unidad Nacional considera que una vez restructurado el CSE, y electos los nuevos magistrados, estos deben abrir un concurso público para la elección y conformación de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y de los Consejos Electorales Municipales (CEM), con un procedimiento similar al establecido para la elección de los magistrados: exámenes, publicidad, transparencia, requisitos de idoneidad, impugnaciones.
Para ello proponen un Comité de Selección que debe contar con la participación de gremios y organismos de la sociedad civil, donde sea restablecido el derecho a postular candidaturas independientes o de suscripción popular, sea restablecida la figura del fiscal nacional de los partidos políticos.
“La Ley Electoral deben contemplar que los fiscales son intocables, y que no pueden ser procesados ni encarcelados en el ejercicio de su función de vigilar el proceso electoral”, indica la propuesta, que también contempla que sea establecido la obligatoriedad de la observación nacional e internacional en todos los procesos electorales, implementar el voto en el extranjero, donde el nacional pueda utilizar como documento de identificación el pasaporte o la cédula de identidad, aplicar el principio de representación proporcional con el cociente electoral y residuos electorales y permitir el plebiscito y el referéndum en asuntos regionales, departamentales y municipales.
Y en cuanto al financiamiento de las campañas electorales no debe ser mediante reembolso sobre resultados electorales, sino por entregas en el transcurso de la campaña electoral, sujeto a rendición de cuentas, que sea aprobada entre otras leyes la de Partidos Políticos que incluya que “el derecho constitucional de participar en política no se reduce solo a los procesos electorales, sino a otras actividades de control y participación ciudadana en los asuntos de gobierno”.
También permitir que sean constituidas organizaciones, asociaciones y partidos políticos, que pueden estar circunscritos a un municipio, a un departamento o región, o que pueden tener extensión nacional, para quienes deben establecer requisitos diferentes y en todos los casos no se debe pedir más de del 2 por ciento del padrón activo.
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