Hasta el 13 de mayo el Observatorio registra un acumulado de 1279 personas afectadas en todos los departamentos y regiones autónomas y 266 muertes.
Ante el incremento de personas enfermas y muertes vinculadas al COVID-19, el Observatorio Ciudadano aconsejó a la población aumentar la protección individual, familiar y comunitaria.
Hasta el 13 de mayo, el Observatorio reporta un acumulado de 1279 personas afectadas en todos los departamentos y regiones autónomas y 266 muertes, 33 de las cuales a causa de neumonía y 233 muertes sospechosas por COVID-19. Las muertes han ocurrido en 15 departamentos y 41 municipios del país.
En cinco departamentos reportaron entierros clandestinos o muertes sin informar a la familia con mayor frecuencia en Chinandega.
El Ministerio de Salud reportó hasta el 12 de mayo 25 casos confirmados y ocho muertes por COVID-19.
En la semana del 7 al 13 de mayo, el Observatorio ha verificado 177 muertes de las cuales 13 fue por neumonía y 164 por causas sospechosas de COVID-19 y 505 nuevos casos de personas afectadas lo que representa un 62 % de incremento en el período.
Debido a esta situación el Observatorio insta a la población a continuar con las medidas de prevención como distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas. Y de ser posible quedarse en casa.
Alarma situación en Chinandega
La situación en Chinandega sigue generando alarmas a la fecha se reportan 106 afectados 40 muertos por neumonía y sospechosas de COVID-19 verificadas por el Observatorio. Y 23 trabajadores de la salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.
“En Chinandega las condiciones de morbilidad en particular las deficiencias renales, son un problema de salud que incrementa la vulnerabilidad de la población ante el COVID-19”, dice la nota.
El Observatorio considera urgente que el régimen adopte acciones inmediatas e informe sobre las mismas a la población con el fin de prevenir el contagio y salvar vidas. Asimismo que indique a la población el protocolo para el manejo de los cadáveres de pacientes fallecidos por COVID-19 y adherirse a las recomendaciones internacionales.
«Los entierros nocturnos y clandestinos no pueden seguir como política estatal. Las familias tienen derecho a vivir un duelo digno», señala el Observatorio Ciudadano.
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