El Ministerio Público confirmó la acusación en contra de los tres hermanos Chamorro Barrios, hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y el Héroe Nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, por una serie de delitos, entre los que destaca supuesto lavado de dinero, junto a ellos también a siete extrabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
En el caso de Cristiana hubo ampliación de acusación por el delito de apropiación y retención indebida y este martes fue realizada la audiencia de ampliación de acusación y audiencia preliminar la que fue admitida “por la autoridad judicial”, que dictó prisión preventiva para los acusados y orden de detención para quienes están sin detener.
Para el exfuncionario judicial Yader Morazán la unificación de los procesos, técnicamente es lo que debieron hacer desde el inicio. Aunque señala que lo más relevante en todo esto “es que la jueza no podía celebrar la audiencia de ampliación de acusación contra Cristiana Chamorro fusionada con la audiencia preliminar en contra de Walter Gómez y Marcos Fletes, sin resolver los más de 20 escritos que le antecedían donde su abogada rogaba intervención.
Desde su cuenta de Twitter Morazán dijo que el plazo máximo de duración del proceso de Cristiana está activado desde su primera audiencia por lo cual los demás deben incorporarse.
El 3 de junio la juez Karen Chavarría realizó la audiencia inicial en el domicilio de Chamorro, cuando se conoció le nombraron una abogada de oficio, pese a que Chamorro les insistió en que tenía como su abogada a Orietta Benavides y aún así realizaron la audiencia.
“Por lo que técnicamente, si el/la juez no ha dictado sentencia en un plazo máximo de 6 meses /plazo duplicado por tramitación compleja-Art.135 CPP, se extinguirá la acción penal y se debe dictar sentencia de sobreseimiento (art. 134 CPP). Como el caso de Zoilamérica). Es decir, al morirse el proceso, se muere todo lo que este genere, como la medida cautelar de prisión preventiva para todos los involucrados en el mismo caso. Lo que quiere decir, que hay que medir el tiempo de los seis meses presos para todos en el proceso de Cristiana Chamorro”, explicó Morazán.
A través de un comunicado el Ministerio Público asegura que al Director de Esta Semana y Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, lo acusó por los delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Y a su hermano Pedro Joaquín, por los delitos de gestión abusiva, y apropiación y retención indebida.
Tras el segundo allanamiento a las oficinas de Confidencial y posteriormente a su vivienda, el periodista Carlos Fernando Chamorro se vio forzado a regresar al exilio el pasado 21 de junio. Mientras su hermana Cristiana, aspirante presidencial, permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio. El último en ser arrestado fue el exdiputado Pedro Joaquín, quien permanece detenido desde el 26 de junio pasado.
Como parte de la acusación el Ministerio Público incluyó a los extrabajadores Walter Antonio Gómez y Marcos Antonio Casco por los delito de lavado de dinero apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. A Enma Marina López y Pedro Vásquez los acusó como cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero, a Ana Elisa Martínez, por apropiación y retención indebida , gestión abusiva y como cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero. A esa lista suman a Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, por apropiación y retención indebida. Mientras han continuado las citatorias a periodistas independientes.
