Casi al mismo tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaba preocupación alrededor de las denuncias sobre contagios y muertes por COVID -19 en el país, trascendió de forma extraoficial la muerte en Chinandega de un radiólogo bajo sospechas que fue causada por el virus.
Inicialmente el médico Mario Mayorga, fue conducido a la clínica previsional Amocsa donde laboraba, y según fuentes médicas del lugar, «presentaba todos los síntomas» del COVID-19. Fue por ello que fue remitido al Hospital España, de esa ciudad, donde falleció.
Las publicaciones de medios de comunicación de Occidente como Radio Darío así como el Canal 10 también confirmaron esta versión.
Desde su cuenta de Twitter, la CIDH junto a su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA), expresaron preocupación alrededor del tema del COVID-19, que ocurre “en un contexto caracterizado por ausencia de información oficial confiable y medidas estatales que promuevan el distanciamiento social».
Y es que pese a las informaciones sobre nuevos contagios en el país, el régimen siguió callado por tercer día consecutivo. El último reporte lo ofreció el martes 5 de mayo cuando confirmó cuatro casos activos y 16 en seguimiento.
El Observatorio Ciudadano reportó este viernes, que que hasta el 6 de mayo habían recibido reportes de 87 trabajadores y trabajadoras de la salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Los casos procedían de once departamentos, uno de ellos es Chinandega.
A su vez, de 45 casos sospechosos verificados por el Observatorio ocho de los mismos corresponde a personal de salud afectado. En Chinandega el Observatorio registraba hasta el 6 de mayo 16 muertes verificadas.
Preocupa a la CIDH situación de privados de libertad
A la CIDH le preocupa por la situación de personas privadas de libertad durante la crisis de DDHH como el caso de María Esperanza Sánchez que padece de enfermedades crónicas y presenta síntomas de COVID-19 sin atención médica apropiada, igual menciona el caso de Maycol Antonio Arce, preso en La Modelo, donde las autoridades penitenciarias incumplen una orden judicial para aislarlo del contagio y brindarle atención médica por presentar síntomas del COVID-19.
Otro caso señalado por la CIDH es el de Eliseo Castro, hospitalizado de urgencia con síntomas del COVID -19, a quien se le habría negado la libertad provisional.Por su estado de salud y edad, Castro está en el grupo de mayor vulnerabilidad.
La CIDH y REDESCA recuerdan la obligación de proteger integridad y salud de personas recluidas, reiteran urgencia de implementar recomendaciones dela Resolución 1/20 sobre la pandemia y derechos humanos en las Américas.
A las preocupaciones de la CIDH se suma la de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, por «el posible contagio de COVID-19, entre las personas encarceladas por oponerse a las políticas represivas del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, agrega insulto a la lesión que sufren a diario como resultado de ser detenidos injustamente».