El mismo día en que la Policía presentó a tres sospechosos de la masacre ocurrida el 23 de agosto en el Cerro Kiwakumbaih, comunidad de Alal, territorio Mayangna, el Ministerio Público confirmó la acusación en contra del ambientalista Amaru Ruiz, por el delito de «propagación de noticias falsas», para lo cual le aplica el artículo 30, de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, llamada Ley Mordaza.
El Ministerio Público acusa a Ruiz de haber proporcionado información falsa sobre hechos ocurridos en 2020 y 2021 en comunidades de la Costa Caribe Norte donde el resultado fue de indígenas asesinados sobre los que habría cuestionado al Estado por la falta de cumplimiento de investigación de los mismos.
«Lo cual es totalmente falso ya que existe , ya que existe una investigación policial , una acusación fiscal y proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020», asegura el Ministerio Público. Y en cuanto a la reciente masacre sostiene que la Policía designó a peritos que investigaron en el lugar.
Sobre esa investigación a la que hace referencia el Ministerio Público, la Policía informó a través de sus medios que detuvo a tres personas como sospechosas de ejecutar la matanza de nueve indígenas cuyo móvil asegura fue «rencillas», porque los hechores «pretendían apropiarse por la fuerza del punto de güirisería donde laborabvan las personas asesinadas». Hay otro once sospechosos prófugos.
La Policía identifica a nueve víctimas aunque en un inicio los indígenas hablaron de al menos 11 asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Victor Manuel Matamoros Morales, Armando Suárez Matamoros, Borlan Gutiérrez Empra, Armando Pérez Medina, Albert Jairo Hernández, Sixto Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Ody James Waldan Salgado y un adolescente cuyas iniciales son JLP y/o JRB. Mientras dos mujeres indígenas fueron violadas, refiere la Policía.
