Llaman a nicaragüenses a rechazar intentos por reactivar proyecto canalero que viola soberanía del país

Llaman a nicaragüenses a rechazar intentos por reactivar proyecto canalero que viola soberanía del país

Mónica López, abogada ambientalista y directora de Popol Na, una de las nueve organizaciones a quien el régimen le canceló la personería jurídica, instó a los nicaragüenses a que, junto al Movimiento Campesino, ambientalista, defensores de derechos humanos y población autoconvocada a rechazar los intentos del régimen por vender una vez más la soberanía de Nicaragua, con el proyecto del Canal Interoceánico.

Presos políticos del nuevo Chipote a huelga de hambre
Intenciones por revivir Canal Interoceánico profundizará las violaciones a los derechos humanos advierte CENIDH
Francisca Ramírez advierte que si Daniel Ortega insiste con la construcción del Canal Interocéanico encenderá la llama iniciada en 2013

Mónica López, abogada ambientalista y directora de Popol Na, una de las nueve organizaciones a quien el régimen le canceló la personería jurídica, instó a los nicaragüenses a que, junto al Movimiento Campesino, ambientalista, defensores de derechos humanos y población autoconvocada a rechazar los intentos del régimen por vender una vez más la soberanía de Nicaragua, con el proyecto del Canal Interoceánico.

Por su parte el líder campesino Medardo Mairena, advirtió que defenderán sus tierras “y vamos a ir hasta el final”.

No obstante, Mairena desestima que existan inversionistas interesados en el proyecto. No creo que haya, ni hubo antes, mucho menos ahora en el contexto político que estamos viviendo, yo creo que, si pueda haber tal vez corruptos que lo apoyen de alguna manera para robarnos nuestras tierras, pero es algo que nosotros no vamos a permitir”, sostuvo Mairena.

Antes del 18 de abril de 2018 el Movimiento Campesino había impulsado 86 marchas para rechazar el proyecto que permitiría la expropiación de sus tierras.

Seis años después, cuando no hay visos de la inversión por parte del concesionario, el empresario chino Wang Jing, Daniel Ortega, aseguró el martes que no ha renunciado al proyecto de construcción del Canal Interoceánico, pues aseguró que tiene “el compromiso” con el pueblo nicaragüense “de que se haga una realidad el canal de Nicaragua”.

De acuerdo al contrato la Ley 840 puede ser derogada en caso que la empresa china HKND no presentara en un plazo de seis años, pruebas de financiamiento de la construcción del Gran Canal Interoceánico de 50 mil millones de dólares. El 13 de junio recién pasado venció el plazo. Ahora Ortega intenta revivir el proyecto, que asegura “tiene el respaldo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses”.

Megaproyecto “totalmente oscuro”

Recordó la abogada ambientalista y quien por seis años ha acompañado la lucha del Movimiento Campesino, que al momento que presentaron el recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley 840, del proyecto del Canal Interoceánico, advirtieron “que este megaproyecto era totalmente oscuro en relación a las fuentes de financiamiento”.

“Y que había sido creado un entramado de sociedades de maletín para encubrir las actividades ilícitas que pudieran estar vinculadas a este proyecto, no solo la evidente corrupción, sino obviamente la posibilidad que este megaproyecto fuera usado para el lavado de dinero y sobre todo lo que representaba la entrega de valiosos recursos de Nicaragua”, señala López Baltodano.

En su libro La entrega de un país:  Expediente Jurídico de la concesión canalera en Nicaragua, López  indica: “Hemos podido demostrar que la empresa concesionaria responsable de la obra de infraestructura más grande de la historia de la humanidad en materia de remoción de tierra, fue creada tan solo 15 días antes que se firmara el primer documento que le otorga derechos sobre este mega-millonario negocio; derechos que -por cierto- puede ceder, transferir y negociar con terceros a su libre y espontánea voluntad”.

Ante el anuncio de Daniel Ortega la tarde del martes que el régimen no ha olvidado el proyecto del Canal Interoceánico, la abogada ambientalista estima que esto significa que este “reconoce lo que los ambientalistas denunciamos y es que ya se cumplieron seis años de plazo que disponía   Wang Jing, como concesionario del proyecto para conseguir el financiamiento”.

Rotundo fracaso

López lo considera como “un rotundo fracaso” el megaproyecto ideado por el régimen, pues de acuerdo a una de las cláusulas del mismo contrato ya se había terminado el 13 de junio pasado.

 Ortega “cual carnicero”, pretende insistir en la venta por partes, los derechos de la concesión del Canal “sobre una parte valiosísima del territorio nacional, y que incluye el Lago Cocibolca, pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades campesinas donde habitan 120 mil personas.

 “Esta ilusión ha traído siempre consigo la promesa y el mágico hechizo de que, con el canal, se pondrá fin a los problemas históricos del país”, destacó López en su libro La entrega de un país:  Expediente Jurídico de la concesión canalera en Nicaragua, en el que también menciona que, en casi 200 años de historia republicana, Nicaragua ha firmado más de 30 documentos jurídicos y se han elaborado más de 70 propuestas de proyectos para su construcción.

 10 puntos sobre la concesión

 La ambientalista expone en diez puntos lo relacionado al ambicioso proyecto del régimen Ortega Murillo:

 1.  Una concesión abiertamente inconsulta y violatoria de derechos humanos.

  2. Garantiza por 116 años, derechos absolutos a favor de un inversionista privado sobre nuestros más valiosos y estratégicos recursos naturales, como son el Lago Cocibolca, principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica, que afectará más de 7 áreas protegidas nacional e internacionalmente, cuya destrucción haría inviable el

 3. Entrega propiedades públicas, privadas y comunitarias de pueblos indígenas y afro-descendientes, en cualquier de los territorios que el inversionista desee, que bien puede ser en cualquier parte del país, quedando el pueblo nicaragüense sometido a un régimen de expropiación vergonzoso.

4. Vende al país por un pago directo de 100 millones de dólares, que el inversionista intentará pagarnos luego de construir el canal; ridículo monto que, para ilustrar, es directamente proporcional a lo que ingresa en nuestra economía nacional, en tan solo 2 meses de remesas familiares.  

 5.Generosamente libera al inversionista y sus socios del pago de cualquier tipo de impuestos durante 116 años para todos los proyectos incluidos en el gran combo de la concesión que incluye: canal húmedo, canal seco, ferrocarril, oleoducto, puertos de aguas profundas, zonas de libre comercio, aeropuertos, y la gran caja de sorpresas de los nuevos sub-proyectos que Wang Jing puede ir agregando adicionalmente, a su libre voluntad, y sin pagar un centavo.  

6.   Ortega en 2013, prometía generar un millón de empleos, pero que ahora, en palabras del inversionista chino, teóricamente aseguraría solo 25,000 empleos temporales para nicaragüenses en condiciones de enclave y jornadas extenuantes. Es decir, trabajo temporal para el 0.7% de la población económicamente activa.  

7. Inventó un mega ministerio llamado “Comisión del Canal, que varios años después de haber sido creada, nadie sabe dónde se reúnen, cuando se reúnen, ni qué decisiones toman porque sus resoluciones nunca han sido publicadas.

 8. Entregada arbitrariamente y sin licitación a un ciudadano chino, llamado Wang Jing, quien ha constituido una red de más 16 empresas de maletín, fantasmas jurídicos inventados para este proyecto, sin antecedentes técnicos, ni experiencia, varias de ellas “respaldadas” por capitales sociales que no superan los 1,000 dólares.

 9. Una concesión que abusivamente sustrae al inversionista del cumplimiento de la ley nacional, estableciendo que no se le podrán aplicar sanciones ni civiles, ni penales, ni administrativas, obligando a trasladar la seguridad jurídica de los nicaragüenses a las resoluciones de tribunales de arbitraje.

10. Bajo la ilusión del canal, esconde un sin fin de posibilidades, que funcionarán bajo los lineamientos de los oscuros intereses económicos privados y geopolíticos que subyacen a la iniciativa, y en los que se incluye la posibilidad de que el mismo canal húmedo nunca sea construido. De tal manera, que mientras exista la Ley 840 la concesión continuaría vigente para todos los demás proyectos conocidos y por conocerse, con todos los privilegios y beneficios necesarios para la apropiación privada del país, sus tierras y sus recursos.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0