El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) , estima que revivir lo que califica como «ficticio» proyecto del Canal Interoceánico por parte del régimen Ortega Murillo profundizará «las gravísimas violaciones a los derechos humanos en el país», en especial contra los campesinos, por su resistencia pacífica ante la Ley 840 y por su involucramiento en la resistencia cívica.
A través de un comunicado el CENIDH expresa su respaldo total a la posición de los dirigentes del Movimiento Campesino anticanal, Francisca Ramírez y Medardo Mairena, que rechazan «las ilusorias» declaraciones de Daniel Ortega Saavedra, «quien intenta revivir el caducado proyecto de un canal interoceánico, lesivo para los intereses soberanos de Nicaragua y sus ciudadanos».
Ante «las fantasiosas» declaraciones de Ortega, ese organismo reitera el incondicional acompañamiento al Movimiento Campesino anticanal.
A su vez, el CENIDH exige al régimen «poner fin a un proyecto entreguista que es lesivo para la soberanía nacional y violatorio de los derechos humanos de los nicaragüenses»,
El CENIDH recuerda que desde la aprobación en 2013 de la Ley 840, para construcción del Canal, considerada «una de las leyes más controversiales y abusivas de la historia del país» el régimen profundizó «la brutal represión y la impunidad en el país».
Desde ese momento, señala el CENIDH, ha acompañado «de manera sostenida y con diferentes acciones a nivel nacional e internacional, la férrea y justa lucha de ese genuino Movimiento Campesino de Nicaragua, que continúa siendo víctima de crímenes y brutales atropellos».
El Grupo Cocibolca también alertó que una obra de gran magnitud afectaría una buena parte del territorio habitado por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos e isleños de Ometepe, «deteriorando seriamente el gran Lago de Nicaragua».
Menciona el Grupo Cocibolca la preocupación por el reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre violaciones a derechos humanos y corrupción en el país, que sostiene las acusaciones y ratifica las sanciones por la Nica Act, señalando a familiares y allegados de Ortega «de utilizar la compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero».