Ministerio Público incluido entre los designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fotografía: Cortesía
Estados Unidos y Reino Unido anunciaron este lunes sanciones contra allegados al régimen y en sendos comunicados de prensa ambas representaciones explican que la aplicación de las mismas fue en respuestas a los resultados de las votaciones del 7 de noviembre.
Destaca la designación que hizo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al Ministerio Público y el Reino Unido a la propia Rosario Murillo y a la fiscal general Ana Julia Guido.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos las llama “falsas elecciones”, mientras que Reino Unido recuerda que “la elección fue fuertemente criticada por el Reino Unido, Estados Unidos, la UE (Unión Europea) y Canadá y otros debido al arresto arbitrario y la detención de opositores políticos, la represión de los medios independientes y la disolución forzada de los partidos de oposición”.
Estados Unidos por su parte indica: Los funcionarios designados hoy también incluyen a varias personas implicadas en actos de violencia contra manifestantes pacíficos durante las manifestaciones de Nicaragua de 2018.
“Como dijo el presidente (Joe) Biden, el presidente Daniel Ortega y el vicepresidente Murillo orquestaron una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática. El injusto encarcelamiento de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”, expresa el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Lista de sancionados
Estados Unidos explica que el Ministerio Público fue designado “por ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
Y destaca que basándose en leyes como la Ley 1055, el Ministerio Público “ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua”.
Y menciona que en junio de 2021, el Ministerio Público utilizó la Ley 1055 para solicitar que fuese inhabilitada del proceso electoral a la principal candidata presidencial de la oposición, Cristiana Chamorro, “bajo la investigación por cargos infundados relacionados con ‘los delitos de blanqueo, falsificación de documentos oficiales y manejo abusivo’”.
“Igualmente inició investigaciones o presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos detenidos desde junio de este año en el período previo a las simuladas elecciones de noviembre”.
También señala a esa institución como responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas.
Además del Ministerio Público fueron sancionados el superintendente de Bancos Luis Ángel Montenegro, señalado de haber ordenado a los bancos cumplir con una solicitud del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios de conformidad con la Ley 1055 por ser objeto de una investigación.
Adicionalmente, en abril de 2020, la SIBOIF emitió un reglamento que implementa las reformas de febrero de 2020 a la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, que prohíbe a los bancos en Nicaragua, sin razón reconocida por la ley nicaragüense, negar servicios financieros a sus clientes, explica el comunicado de prensa.
A este le sigue el viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro, quien reemplazó como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, al designado por Estados Unidos Iván Adolfo Acosta Montalván, quien organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega, refiere el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
También fue designado Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR), por ser funcionario del régimen, José Antonio Castañeda Méndez, , presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Mohamed Farrara Lashtar (Lashtar) es el embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y Salvador Mansell Castrillo es el Ministro de Energía y Minas de Nicaragua, todos designados por ser funcionarios del régimen o por haberse desempeñado como funcionario en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
También alacaldes
A esta lista se suma Sadrach Zeledon Rocha , alcalde de Matagalpa quien señala es designado por ser funcionario del régimen y “contribuyó a la violencia infligida contra las manifestaciones de ciudadanos nicaragüenses que comenzaron en abril de 2018. Estaba vinculado a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Policía pro-Ortega y grupos de choque que cometieron graves abusos contra los manifestantes”.
Leónidas Centeno Rivera, alcalde de Jinotega también fue designado por ser funcionario del régimen y por considerar que está “directamente vinculado a instancias de represión en Jinotega durante las protestas de 2018. En particular, los ataques con armamento pesado llevados a cabo por paramilitares mataron a cuatro personas, y miembros del personal de la Alcaldía de Centeno participaron activamente en la represión de los manifestantes”.
Francisco Ramón Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí fue designado por ser funcionario del régimen. Y atribuye a la oficina de Valenzuela de haber colocado francotiradores para apuntar a los manifestantes durante las protestas de 2018.
“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más en total de una o más de esas personas”, explica el comunicado de prensa.
“Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”.
Sancionados por Reino Unido
En tanto los sancionados por Reino Unido son ocho personas incluida la vicepresidenta rosario Murillo “por su participación en la represión estatal de manifestaciones, el descrédito de periodistas independientes y la exclusión de candidatos de la oposición de las elecciones”.
Además están entre otros la Fiscal General, Ana Julia Guido y la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos “por su papel en la restricción del acceso a juicios libres y justos y otros actos que atentan contra el estado de derecho”.
A esta lista se suma el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, exvicepresidente y presidente interino y actual magistrado del Consejo Supremo Electoral, Fidel Antonio Moreno Briones, secretario seneral de la Alcaldía de Managua y Secretario de Organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los comisionados de la Policía Juan Antonio Valle Valle y Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Comisionado Jefe de Policía del Departamento de León
“Estas sanciones imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a los particularmente responsables de socavar los principios e instituciones democráticos de Nicaragua, la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil”, expresa en su comunicado de prensa de la Oficina de Relaciones Exteriores.
Wendy Morton, Ministra para Europa y América, dijo: “El régimen de Ortega está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos fundamentales. Las recientes elecciones presidenciales fueron manipuladas y políticos de la oposición y manifestantes pacíficos han sido encarcelados sistemáticamente por motivos políticos”.
Explica la Oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido que estas acciones fueron coordinadas con Estados Unidos y Canadá, quienes han impuesto sanciones similares “para maximizar la presión sobre el régimen de Ortega para que cambie su comportamiento y ponga fin a la represión de sus ciudadanos”.
Recuerda que Reino Unido ha pedido repetidamente la liberación inmediata e incondicional de todos los líderes de la oposición y otros presos políticos en Nicaragua, y el restablecimiento completo de todos sus derechos civiles y políticos, más recientemente en un comunicado tras las elecciones amañadas del 7 de noviembre.