Con dos meses de retraso la administración de Alba Generación entregó al concluir la primera quincena de agosto, los nuevos uniformes a los trabajadores. El hecho, aunque no sorprendió a los empleados, porque el cambio de razón social se rumoraba desde enero pasado, pero causó cierta inconformidad porque muchos pensaban que recibirían alguna liquidación por los años prestados como Alba Generación.
Los trabajadores se enteraron del cambio de nombre de la empresa para la cual laboran, cuando recibieron los uniformes ahora únicamente llevan en sus chaquetas el nombre de Generación.
Uno de los empleados, que por motivos de seguridad prefirió el anonimato, manifestó que ahora a la empresa generadora trabaja con el nombre Alba Generación Unidad de Negocio (AGUN).
Según el empleado, los 700 trabajadores de la ahora empresa AGUN están inconformes, pues esperaban que los liquidaran como ocurrió cuando operaban como Albanisa y pasaron a Alba Generación, pues en esa ocasión liquidaron y recontrataron al personal. Ahora el alegato de la patronal para no liquidarles fue que “es mejor tener trabajo que liquidarles”.
En marzo pasado ya se conocía que en un intento por evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a todas las empresas de Alba de Nicaragua S.A (Albanisa), conglomerado de empresas creadas a la sombra del acuerdo petrolero con Venezuela, el régimen realizaría un cambio de razón social.
Y según publicó el Diario LA PRENSA para esas fechas, en un inicio a los empleados les habrían prometido la liquidación la que recibirían a través del Banco del Tesoro (BanCorp), pero en abril del 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó entre los sancionados, por considerarlo parte de la red de corrupción del régimen.
No es obligatorio, pero es “recomendable
Para el defensor de derechos humanos y experto laboralista, Álvaro Leiva Sánchez, “siempre es recomendable que al momento en que hay cambio de dueño, se liquiden las prestaciones de los trabajadores, para evitar conflictos laborales en un futuro”.
Para el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, dijo que lo “recomendable” en estos casos es que una empresa liquide a sus empleados, no obstante” las obligaciones de los trabajadores no cesan porque cambie la razón social (…) y quien continúa como dueño asume el pasivo”.
El asesor legal, procurador laboral y de seguridad social, José Antonio López, coincide con Carrión que el cambio de razón social no implica la liquidación de los trabajadores. No obstante, recomendó a los empleados que deben estar pendientes como aparecerán en la Seguridad Social, porque podría “haber evasión a la seguridad social”.
En un análisis realizado en marzo pasado por In Sight Crime, fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, refiere que en Nicaragua, Petrolera Venezolana PDVSA es dueña del 51 por ciento del total de Alba de Nicaragua (Albanisa), y municipalidades controladas por el régimen de Daniel Ortega son propietarias del restante 49 por ciento, según una investigación de la plataforma periodística Connectas y documentos oficiales a los que In Sight Crime tuvo acceso.
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