Con nacionalización de inventarios de DNP  la familia del régimen Ortega Murillo busca evitar pérdidas en sus negocios, dice José Pallais

Foto tomado de la Costeñisíma 

Para el abogado José Pallais, “estas nacionalizaciones implican el pago porque si no serían confiscaciones y son hechas para beneficiar a la familia, para que no tengan pérdidas en sus negocios”.

“Van a tensionar el presupuesto de la República, tendrán que sacrificarse otros gastos que están establecidos en él y sustituirlo por otros pagos. Es decir, muy probablemente veremos disminución de los presupuestos destinados para salud educación para infraestructura que son siempre los más afectados”, explica Pallais.

El abogado también considera que “esto mantiene incólume el presupuesto de los negocios de la familia ya que le permite salir de un inventario que está congelado (…) y la nacionalización le permite trabajarlo a nombre del Estado desde luego mediante el pago correspondiente. Entonces esto oxigena y mantiene la capacidad de negocios de las empresas de la familia gobernante”.

 Pallais resume que con esta disposición el régimen ha creado “una nueva piñata con los intereses de todos los nicaragüenses”.

Comprada con dinero público

El jueves de la semana pasada la cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por considerarlo como uno de sus principales activos.  “El DNP se compró con dinero público y luego se transfirió a la familia Ortega, y se ha beneficiado de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales”, indica la OFAC al explicar la designación de DNP.  Y añade que la sancionan por actuar en nombre Rosario Murillo o Rafael Ortega “personas cuyas propiedades e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851”.

Expondrán negocio sucio

Las sanciones llegaron en el peor momento para el régimen y “pondrán de relieve todo ese negocio sucio del que nosotros no conocemos nada”, estima el periodista y economista Luis Núñez, quien recordó que, en 2007, el ahora asesor para la producción y el comercio tras haber sido sancionado, Francisco López habló que Albanisa y Petronic iban a garantizar el abastecimiento total de petróleo y combustible.    

El economista recordó que la distribuidora DNP, fue adquirida por el grupo Albanisa en 2009 a un consorcio suizo. Y supone que con DNP migraron al mercado de petróleo de Estados Unidos para evadir las posibles sanciones de Venezuela, lo que califica como “un error de cálculo muy importante”.

El economista destacó que, hasta abril del presente año, la factura petrolera provenía de Estado Unidos y fue de un 71 por ciento. El año pasado fue de un 51 por ciento, lo que a su criterio denota la magnitud del problema enfrentado por el régimen y lo hacen bajo un esquema de lavado de dinero.

Núñez recordó que distribuir la factura petrolera de esa empresa no es fácil y podría incluso mantener trabadas las pipas que van a distribuir el producto, pues son varias empresas que funcionan en una, y habría que conocer quién realiza la distribución, “esto complica las operaciones cuando se corta esta cadena”.

Medida de guerra

Para el economista, los procesos de nacionalización deben ser analizados y razonados, con mucho tiempo, pero “ellos están contra la pared”. Es por eso que Núñez califica la nacionalización de DNP como una medida de guerra, con la que la familia busca proteger de esa manera sus inventarios.

Esto porque Núñez estima que jurídicamente dejó vacíos pues la iniciativa expresaba que la nacionalización fue por motivos de seguridad soberana y de interés nacional en virtud de una ley que no menciona y que puede revivir una figura que no existe en la legislación, como es la confiscación.    Lo que sienta un precedente porque “cuando la cosa se ponga más fea les caen a otros”.

Otra inquietud que observa Núñez está relacionada con la distribución de ese inventario, o cuáles serán las estaciones que lo harán, así como ocurrirá la fijación de los precios, pues Sanzíbar, la otra empresa designada por el Departamento del Tesoro, también maneja todas las estaciones de servicio, por lo que Núñez no descarta que ahora el Estado llegue a un acuerdo con Puma para la venta de esos inventarios nacionalizados.

 Sobre Inversiones Zanzibar, S.A., el Departamento del Tesoro señala que Ortega la utiliza para ocultar la transferencia de ganancias de DNP y como una compañía de fachada para adquirir estaciones de combustible utilizadas para evitar sanciones contra el régimen.  “A principios de 2019, Rafael Ortega diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio con nombres de figuras antes de las sanciones previstas contra el régimen”, refiérela OFAC.

Al acabarse los inventarios DNP, ¿cómo hará el gran negocio DNP, sí está sancionado? Se pregunta Núñez y como respuesta supone que el régimen busca “un respiro” para pensar en una estrategia que les permita traer nuevos inventarios de petróleo.

¿Será el Estado importador de petróleo y sus derivados?

Núñez estima que en caso que el Estado decida importar petróleo “se mete en otro serio problema porque entra a la parte empresarial que el Estado no está preparado”, pues perdió toda la infraestructura cuando dejó de hacerlo en la década de los 90.

No obstante, dice Núñez, esto permitirá “transparentar las operaciones” al convertirlas en estatales. Aunque, aclara esto no despeja la incógnita de los negocios sucios de Albanisa y la factura petrolera, más los negocios anteriores.

Además, que recuerda que DNP importa fuel oil con lo que se manejan las plantas eléctricas.

 

 

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