Al aproximarse las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua, “la crisis se ha profundizado produciendo un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos políticos y la insuficiencia y regresividad que contiene la nueva Ley Electoral que regirá un proceso que ha comenzado sin transparencia y está encaminado a burlar la voluntad popular”, dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en la audiencia temática del 180 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Núñez lamentó que no pudieron comparecer a la audiencia los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, acreditados desde el 31 de mayo, quienes participarían en calidad de víctimas y brindarían sus testimonios en la misma pero que ahora están encarcelados.
“Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. Su efecto sobre las personas ha sido tan devastador, que ninguna cifra lo puede revelar en toda su dimensión”, expresó Núñez, quien destacó la permanencia de 125 presos políticos en las cárceles del país y que demandó su liberación.
Durante la audiencia el CENIDH consideró, que los derechos políticos y la democracia en el país son violentados bajo cuatro ejes: Hostigamientos, vigilancia y persecución intensivos a opositores, sobre lo cual ha identificado diferentes tipos de amenaza e intimidación y agresiones contra decenas de personas en los últimos tres meses, así como persecución a toda forma de expresión o manifestación con lo cual ha sido impuesto “un clima de terror que imposibilita el ejercicio de estos derechos sin riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad”. Especialmente se sigue criminalizando a los periodistas independientes aumentando cada día el número de las 2392 agresiones a la libertad de prensa que se han documentado desde 2018.
A su vez, mencionó el CENIDH la restricción ilegítima a derechos civiles y políticos a través de leyes incompatibles con la Convención Americana entre las que menciona las Leyes 977, Contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la ley 1060 que permite extender la prisión preventiva por 90 días, sin previa acusación ni vinculación a proceso judicial alguno.
Durante la audiencia las comisionadas de la CIDH estuvieron interesadas en profundizar lo relativo a las detenciones arbitrarias, la persecución y la criminalización así como de la independencia judicial, el debilitamiento del Consejo Supremo Electoral, la situación de los partidos de oposición, entre otros,
Criminalización y detenciones arbitrarias
Igualmente menciona el CENIDH la criminalización, detenciones arbitrarias y torturas contra precandidatos presidenciales, dirigentes políticos y empresariales iniciadas el 28 de mayo, en contra de cinco precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y Miguel Mora. Los dirigentes políticos Violeta Granera y José Bernard Pallais, y los seis líderes del Partido Político Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista, Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.
También el ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguerrí, el Presidente Ejecutivo de Banpro, Luis Alberto Rivas Anduray, la ex diputada María Fernanda Flores, el periodista deportivo Miguel Mendoza, y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Además de la detención de dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marcos Fletes y Walter Gómez y al chofer personal de Cristiana Chamorro Pedro Vásquez, de quienes aún no hay información.
Según el CENIDH, en muchos de los casos conocieron del uso excesivo de la fuerza al momento de la detención, o están siendo sometidos a malos tratos, aislamiento, incomunicación prolongada, falta de atención médica adecuada, indefensión y violación al debido proceso.
Además denunció la situación extensiva de investigación por supuesto delito de lavado de dinero contra 13 directivos y exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), cuyas cuentas bancarias fueron intervenidas y les fue impuesta restricción migratoria sin que hubiesen iniciado un proceso judicial en su contra.
Durante la misma, el CENIDH señaló que las leyes represivas aplicadas tienen una doble finalidad “adaptar la narrativa oficial que califica falsamente las protestas sociales de 2018 como golpe de Estado e injerencia externa, y por otro, destruir con apariencia de legalidad, cualquier forma de oposición y participación política lo que hace por ahora imposible la realización de un proceso electoral transparente”.
Georgina Ruiz, abogada del CENIDH también recordó, que las reformas a la Ley Electoral le otorga a la Policía, cuyo jefe supremo es Daniel Ortega y futuro candidato presidencial, el control y la potestad de otorgar los permisos para movilizaciones o campañas electorales y el control a la Policía Nacional, “y por ende, este se convertiría en juez y parte en el control de las campañas electorales, contraviniendo así, las garantías de independencia e imparcialidad que deben cumplir las autoridades encargadas de los procesos electorales, y a su vez, ubica en posición de desventaja a los demás posibles candidatos”.
Reseñó también como el la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), quedó integrado por seis miembros del partido FSLN, y un miembro de un partido aliado del Gobierno, “lo que da total ventaja en el control de la administración y justicia electoral, y con ello se alejan las garantías necesarias y la credibilidad institucional de dicho órgano”. Y ya en funciones el CSE canceló las personerías jurídicas del Partido de Restauración Democrática (PRD), integrante de la Coalición Nacional en cuya casilla participaría la misma; y el Partido Conservador.
Demás destacó que el 3 de junio recién pasado, el CSE emitió un acuerdo en el que recordó a los candidatos y candidatas las prohibiciones establecidas en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y en la Ley 1055, “las cuales suprimen ilegítimamente el derecho a optar a cargos de elección popular”.
El CENIDH solicitó a la CIDH emita un informe temático sobre la grave situación de los derechos políticos en el actual contexto electoral de Nicaragua y recomiende al Estado que derogue las normas inconstitucionales, garantice el ejercicio de los derechos humanos, cese de inmediato la represión generalizada contra la población nicaragüense que demanda el respeto a sus derechos y libere a más de 125 presos políticos entre otros.