Universitarios fueron criminalizados y sin derecho a defenderse

“Sé que estar en estar en esta audiencia puede significar una sentencia de muerte, pero es lo más cerca que puedo estar en el camino de la justicia”, afirmó Yasuri Potoy, estudiante del quinto año de enfermería del Instituto Luis Felipe Moncada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua, durante una audiencia sostenida este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la misma, Potoy, refirió que integró las brigadas de la salud que atendieron a las víctimas de la represión y es “una testigo viviente de las violaciones de derechos humanos”, que han sufrido los estudiantes universitarios en Nicaragua e indicó, que “hablar de derechos humanos, de libertad de expresión, justicia y democracia; en Nicaragua es un delito”.

También relató que la mayor represión que vivieron los estudiantes universitarios ocurrió el 13 de julio de  2018, y señaló como responsable de haber autorizado el ingreso de la Policía y parapolicías a la rectora Ramona Rodríguez. Ese ataque, dijo, finalizó la madrugada del 14 de julio, cuando rafaguearon a balazos la iglesia Jesús de la Divina Misericordia y donde fueron asesinados dos jóvenes. Uno de ellos dijo, Gerald Vásquez.El otro fue Francisco Flores.

Iglesia Jesús de la Divina Misericordia, donde se refugiaron los estudiantes de la UNAN Managua.,

Potoy mencionó cómo el templo que servía de refugio a los jóvenes fue sometido a un ataque desmedido, donde fueron utilizadas armas de alto calibre, donde algunos de los estudiantes grabaron parte del ataque y se despidieron con lágrimas de sus seres queridos, asumiendo una inminente muerte.

Para ello, retomó un informe de un sitio especializado en uso y tráfico de armas y comportamiento criminal en zonas de conflictos que determinó que en el ataque fueron  utilizadas armas de alto calibre como escopetas, lanzagranadas M79, ametralladoras PKM, rifles AK, pistolas automáticas y al menos seis tipos de fusiles de largo alcance. El informe amplió la investigación realizada entre el 18 de abril y 30 de mayor por el GIEI que constató el uso de armas de guerra por parte de grupos parapoliciales  y policías.

“Los estudiantes universitarios y sobrevivientes de ese ataque nos vimos obligados a exiliarnos, otros bajaron sus perfiles y otros tuvieron que callar para tratar de reintegrarse y continuar sus estudios. Estando en último año de mi carrerea universitaria me expulsaron sin darme la oportunidad de llevar un debido proceso, sin una explicación y sin conocer quienes conformaban la comisión de expulsión”, sostuvo Potoy.

La estudiante de enfermería señaló, que al revisar su marca como estudiante “me di cuenta que había una falta grave en mi contra” y al comunicarse con la secretaria académica de la facultad, master María Elena Martínez, “ella me dijo que no podía creer que había participado en la destrucción de la facultad”.

Potoy sostuvo ante los comisionados de la CIDH que la acusación que le hacen “es falsa. Señaló que mientras recibió amenazas, fue tildada de golpista y terrorista, le fue negado el derecho a la educación,, lo que le llevó al exilio donde es imposible retomar los estudios.  

Perseguidos por UNEN

El segundo testimonio lo realizó Heyling Marenco, exiliada, quien fue expulsada de la carrera de Trabajo social de la FAREM-UNAN Matagalpa, después que denunció las arbitrariedades “y el poder ejercido desde la Universidad pública por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (…) quienes fungen como extensión del partido de gobierno en Nicaragua”.

Según Marenco, a inicios del primer semestre de clases en 2018,  la situación del país se sumó a una problemática interna que ya tenían las Universidades públicas, que llevó a  la toma del recinto universitario y de las oficinas de la UNEN, que provocó el inicio de la  persecución de estudiantes colaboradores de UNEN “quienes a su vez fueron partícipes directos de la represión vivida en  los recintos universitarios”.

La estudiante comentó sobre las múltiples amenazas y persecución, aún cuando estuvo refugiada en distintas casas de seguridad, como que circularon su fotografía acompañada de leyendas en la que le acusaban de terrorismo en tranques, organizadora de daños a la propiedad pública, incitadora de violencia , torturadora y acosadora. Hechos que ella niega.

Esta situación llevó a Marenco a escapar del país de forma irregular, porque Migración y Extranjería le negó el pasaporte.

El 22 septiembre de 2018, fue expulsada de esa universidad acusada de causa grave sin explicación.

El caso de John Cerna

Uno de los casos que también fue expuesto durante la audiencia fue el caso de John Cristopher Cerna Zúniga, estudiante de ingeniería civil, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Inicialmente en agosto de 2018 junto a 21 estudiantes más, Cerna sufrió detención arbitraria cuando se movilizaban a una marcha en Granada. En esa ocasión fue golpeado hasta dislocarle un  hombro. A pesar que lo liberaron el mismo día, terminó en un hospital.

El 5 de octubre de 2018, Cerna presentó ante la rectoría de la UNI su carta de desobediencia civil como protesta pacífica que transmitió en vivo en las redes sociales, por lo que posteriormente desaparecieron su registro académico del sistema en línea de esa universidad, denunció Marenco.

El 28 de febrero de 2020 sufrió asedio por agentes estatales en el sector donde habitaba y, sufrió una recaptura violenta, “lo tiraron al piso, lo golpearon y patearon, le fracturaron las costillas” y amenazaron de muerte a los compañeros que intentaron auxiliarlo. Luego en la requisa a su habitación  “se presume implantaron droga”, explicó Marenco.

Cerna fue procesado  por el delito de estupefacientes y sentenciado a 12 años de prisión, su caso está en apelación. Y aunque fue presentado un recurso de exhibición personal a su favor, no obtuvo respuesta, igual pasó con las solicitudes de revisión médica, denunció Marenco, quien señaló que  con la pandemia del COVID-19 fue solicitada su liberación debido a las complicaciones pulmonares previas que “lo hacen una persona doblemente vulnerable”.

El 23 de septiembre fue trasladado a celdas de Máxima Seguridad por gritar ¡Viva Nicaragua” aseguró Marenco, quien explicó que han conocido que está encarcelado bajo condiciones insalubres, le niegan el acceso de medicinas, alimentos y visita de familiares. Y han conocido informaciones de  que ha sido sometido a  torturas físicas por parte de agentes penitenciarios.

Más de 100 expulsados

Elton Rivera, miembro del Movimiento estudiantil Acción Universitaria en Nicaragua, es uno de los  82 estudiantes expulsados de forma arbitraria de  la UNAN Managua. Hasta el 20 de agosto de 2018 era estudiante del quinto año de medicina.  

Sin embargo, el Consejo Universitario le suspendió la matrícula y prohibió su ingreso a las instalaciones.  Esto mismo ocurrió con más de 80 estudiantes de la misma casa de estudio.

No obstante, en todo el país fueron 109 los estudiantes expulsados tanto de la UNAN Managua como la de León, de la Universidad Nacional AgrarIa (UNA) y la Universidad  Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Con la diferencia que  solo la UNA reintegró a sus estudiantes en 2019.

“Dicho asunto se dio carente a un debido proceso, y fue transgresor de todos nuestros derechos. Se llevó a cabo de una manera unilateral sin involucrar a los estudiantes afectados, se nos negó el derecho a saber que se estaba emprendiendo un proceso administrativo en nuestra contra y se nos privó también del derecho a la defensa”, expuso Rivera.

Tras apuntar: “De forma sorpresiva y en evidente transgresión de nuestra presunción de inocencia, se nos declaró culpable de una serie de acusaciones infundadas”.

Rivera mencionó una serie de imputaciones que les hicieron para justificar la expulsión como: haber sido partícipes activos en tranques, uso de artefactos de agresión física, permitir el ingreso de personas ajenas a la universidad, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades  y laboratorios y quema del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Arlen Siu, robo de equipos de oficina, destrucción y robos de vehículos, así como del llamado de desobedi8encia académica, incitar el odio y la violencia.

“A partir de entonces se implantó un detalle de marca en nuestros portales estudiantiles en línea en el que se lee artículo 35 comisión especial, expulsión falta grave, siendo este mensaje lo más próximo a una notificación que pudieron recibir”, explicó Rivera quien mencionó que  varios estudiantes buscaron recurrir por las vías correspondientes a nivel administrativo institucional por medio de apoderados legales, sin lograr ningún tipo de solución.

En una primera instancia, dijo, no les ofrecieron ningún tipo de respuesta y varios meses después quiso nuevamente someter un recurso de revisión. Pero el alegato fue de que la solicitud no procedía por haber sido presentada de forma extemporánea.

Y aunque otros estudiantes lograron terminar la vía administrativa y recurrir por la vía judicial, más de un año después, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia de: “No ha lugar” a la solicitud.

Del total de expulsados reconocidos por las universidades,  96 continúan sin acceso a la educación.

Aunque Rivera refiere que “son  muchos los estudiantes que aseguran que no se les ha permitido continuar su formación profesionales  pese a que no aparecen en ninguno de esos listados de las universidades”.

A su vez, que han continuado expulsiones en 2019 y 2020. Además que a pesar de la llamada  Ley de Amnistía, que expresa deberán cerrarse procesos administrativos, la misma no fue aplicada en el  caso de los estudiantes.

Rivera manifestó, que las expulsiones universitarias responden a uno de los diversos mecanismos de represión empleados “en contra de los estudiantes que nos manifestamos en desacuerdo con la dictadura y a favor del respeto de los derechos humanos y de la democracia en el país”.

“Ha sido una medida para castigar a los que pensamos de manera distinta. Ahora esto ha ido calando en  (…) la fragmentando de la autonomía universitaria y la capacidad de desarrollo del pensamiento crítico de la juventud estudiantil”, manifestó Rivera.

Protesta criminalizada

El estudiante de medicina también se mostró preocupado  por como el Estado de Nicaragua “ha criminalizado la protesta estudiantil negando el derecho a la educación y dando persecución a líderes estudiantiles”.

 Ese Movimiento ha realizado una sistematización de las violaciones efectuadas desde abril de 2018 y a la fecha  registra 69 de los 82 casos expulsados en la UNAN Managua. Esto les ha permitido determinar que  la mayoría de los expulsados, cursaban entre el tercero y quinto año de su carrera.

Un 24.6 % de ellos, se vio obligado a recurrir al exilio y solo un 20 % de estos 69 casos ha podido continuar sus estudios en otras universidades.

Urrejola llegó a sentir tremor

Desde su perspectiva personal, la  comisionada Antonia Urrejola, relatora de país, recordó su primera visita a Nicaragua realizada entre el 17 al 21 de mayo, cuando junto al exsecretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, visitó la UNAN, de la cual asegura conserva las imágenes de la misma y realta el temor que enfrentó, así como de la primera reunión con las que ahora integran la  Asociación de Madres de Abril.

“Son cosas que yo creo que se me van a quedar para el resto de la vida y se los tengo que decir por que si hay algo que yo he admirado del pueblo nicaragüense son sus estudiantes”, dijo Urrejola.

Comisionada Antonia Urrejola. Fotografía;: Archivo.

“El miedo que yo sentía personalmente allí , porque primero llegar a la UNAN era pasar por un cerco policial bastante fuerte , además me impactó mucho que una vez adentro muchos de los estudiantes estaban con pañoleras, tapados el rostro, otros no, habían estudiantes heridos, potros estudiantes se habían organizado para atender a sus propios compañeros y habían estudiantes heridos de bastante gravedad, no era un balín en un brazo”, recordó Urrejola.

Como parte de esas impresiones de la comisionada Urrejola, están que en su segunda visita pudo encontrar a muchos de los jóvenes con los que había conversado en la primera visita en la cárcel o conocer que estaban exiliados o habían sido asesinados.

La relatora de país de la CIDH lamentó que en el país continúe con el cierre de los pocos espacios democráticos, que se expresa en el conjunto de proyectos de ley  conocidos en las últimas semanas.

“Una serie de proyectos de ley que limitan la libertad de expresión, de asociación”, dijo Urrejola.

La comisionada Esmeralda Arosemena, destacó por su parte, una vez más la ausencia del Estado. También consultó las posibilidades que tienen los afectados para acceder a su historial académico, pues recordó que en una audiencia pasada realizada en Miami, conocieron casos de estudiantes a quienes les habían borrado sus años de estudio.

“Amerita por parte de la CIDH buscar una fórmula que garantice la posibilidad a acceder a algo que les pertenece como son los créditos universitarios”, expresó Arosemena.

Mientras la Relatora Especial para Derechos Económicos, Sociales y Ambientales (REDESCA), Soledad García Muñoz, manifestó su interés por contar con información sobre la forma en que la situación de pandemia está incidiendo en el acceso a la educación.

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