Jefe de la Policía de León, Fidel Domínguez, entre los sancionados. Fotografía: Tomada de sitio web de la Policía.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar García; así como al diputado de la Asamblea Nacional, Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado; y al jefe de la Policía de León, Fidel Domínguez Álvarez.
Según el comunicado de prensa, “en un esfuerzo por apuntar a los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al régimen de Ortega a socavar la democracia de Nicaragua”.
Las sanciones ocurren este lunes, dos días después que el régimen envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de Defensa de los derechos del pueblo.
A los tres designados el Departamento del Tesoro les señala de ser “responsables de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación sistemática, la intimidación y el castigo de la oposición política por parte del régimen de Ortega”.
“El presidente Ortega y su régimen priorizan la ganancia personal y el poder sobre los llamados de reforma de los nicaragüenses”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin, tras referir: «Esta Administración sigue comprometida con atacar al régimen de Ortega buscando y exponiendo a quienes continúan reprimiendo la voluntad democrática del pueblo nicaragüense».
La designación fue adoptada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” y apunta a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen de Ortega.
Señalado de coordinar ataques contra opositores
Sobre el magistrado Marvin Ramiro Aguilar García, explica que fue designado por ser funcionario del régimen a partir del 10 de enero de 2007.
Aguilar es el vicepresidente de la Corte Suprema , Secretario Político Nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista y miembro del Consejo para la Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que asegura que los partidarios del régimen sean seleccionados para puestos clave.
“Como secretario de Política Nacional, Aguilar está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y, según los informes, coordina los ataques contra miembros de la oposición prodemocracia”, refiere.
Sobre Wálmaro
En el caso del diputado oficialista Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado (Gutiérrez) fue designado por ser funcionario del régimen a partir del 10 de enero de 2007. Gutiérrez es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. “Apoyó públicamente la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que especifica que las personas y entidades en Nicaragua que reciben fondos extranjeros generalmente deben registrarse y presentar informes mensuales detallados ante el Ministerio de Gobernación, explica el comunicado de prensa.
Tras apuntar: “Esta ley, que contempla multas y otras sanciones legales por incumplimiento, probablemente se invocará para atacar a personas u organizaciones clave que el gobierno considere una amenaza. La ley también afectará a los implementadores de programas humanitarios y democráticos en el país”.
En relación a Fidel De Jesús Dominguez Alvarez, asegura que fue designado por ser funcionario del régimen a partir del 10 de enero de 2007. Domínguez es el Jefe de la Policía de León “y, según informes, ha dirigido numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses”.
Menciona como ejemplo, que agentes de la Policía agredieron a un periodista durante un operativo policial dirigido por Domínguez.
“Según los informes, Domínguez también estuvo implicado en la tortura y palizas de un exdiputado de la oposición y tres miembros de una familia de conocidos opositores al régimen de Ortega”, destaca el comunicado de prensa.
Como resultado de las sanciones expresa la información, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.
“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”, sostiene el comunicado de prensa.