Asamblea Nacional aprueba dos nuevas leyes. Fotografía: Tomada del sitio de la Asamblea Nacional.
En tiempo récord el oficialismo en la Asamblea Nacional aprobó este lunes dos iniciativas de ley enviadas por el régimen bajo el argumento que son pensadas en el interés del pueblo nicaragüense.
Las leyes aprobadas fueron la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz y la Ley de aseguramiento y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense.
De esa manera queda vigente la ley que inhibe a opositores a participar como candidatos en las elecciones nacionales del 2021.
«Serán traidores a la Patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los
delitos que comprometen la paz , y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua», destaca la referida ley.
Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, Adilia Salinas y Jimmy Blandón, destacaron que la ley violenta la Constitución. Salinas les dijo que no es de alarmarse pues la prohibición es para los opositores para impedir que puedan participar en las elecciones, pese a que tantos los que están en el país, en el exilio o «los que están en las tumbas» son nicaragüenses.
Aducen interés del pueblo
En ambos casos los diputados oficialistas justifican la aprobación de las mismas por el interés del pueblo, como alegó el diputado oficialista Edwin Castro, en una de sus intervenciones.
«Se piensa en Nicaragua, se piensa en el pueblo y no en los intereses de los grupos oligárquicos», afirmó Castro.
Por ejemplo, el Estado declara de seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional Sociedad Anónima, en las empresas Disnorte y Dissur. En la misma dice que el Estado de Nicaragua debe velar por la continuidad y la prestación del servicio básico de la energía.
El diputado del PLC, Maximino Rodríguez, cuestionó que si el Estado se adjudica las acciones debe haberlas comprado para ser dueño de las mismas. «Quisiera saber quiénes son los beneficiarios finales de esas empresa», dijo Rodríguez.