La escalada represiva que ha mantenido el régimen a través de la aprobación de leyes desde la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, “ha caracterizado lo que llamamos una dictadura legalizada”, afirmó este sábado el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
En un conversatorio promovido por Nicaragüenses en el Mundo, Abrao explicó que esa “legalidad autoritaria”, que promueven regímenes como el impuesto en Nicaragua busca “generar legitimación a los procesos represivos como si fueran resultados de normas y no resultados de acciones arbitrarios de los gobernantes”.
“Y eso yo conozco bien, porque como ustedes saben yo presidí la Comisión de reparación de las víctimas de la dictadura en Brasil y una de las características del régimen autoritario brasileño fue exactamente que ellos habían logrado legalizar su represión, legalizar sus actos de represión, es una característica muy parecida con lo que ha pasado en el caso brasileño”, expresó Abrao.
Esto lo dijo en referencia a las leyes promovidas por el régimen desde la Asamblea Nacional como la de Regulación de Agentes Extranjeros, de Ciberdelitos y la reforma a la Constitución Política para extender la pena máxima a pena perpetua, bajo el argumento de condenar a quienes promueven delitos de odio.
Y la más reciente iniciativa remitida este jueves al Parlamento, el proyecto de ley de defensa de los derechos del pueblo. Todas ellas, según los especialistas buscan acallar e intimidar las voces disidentes al régimen e inhibir posibles candidatos de la oposición en las próximas elecciones.
“Tengo mi impresión de que cada vez que se aproxima el contexto preelectoral se va aumentando los factores de riesgo para ustedes, para las organizaciones nacionales, para las organizaciones internacionales de derechos humanos , para las víctimas y sus familiares, para la prensa independiente en el país, para la oposición política. Y es por eso que es tan fundamental que todas las organizaciones de la sociedad civil estén fortalecidas, estén coordinadas para enfrentar esa tendencia de escalonamiento de violencia estatal (…) me encantaría estar equivocado en eso”, manifestó Abrao.
Cooperación y coordinación
E insistió Abrao, que en un contexto pre electoral es crucial, “que se puedan construir nuevas estrategias de incidencia y algunas oportunidades creativas para fortalecer las posiciones públicas de la sociedad civil (…) construir esas relaciones basadas en cooperación y coordinación mutua se queda más fácil para luchar, porque aisladamente es muy difícil enfrentar una realidad muy poderosa al otro lado”.
Al tiempo que destacó la importancia de esa articulación de trabajos entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y de las víctimas para alcanzar una cohesión de una agenda común, “que pueda darle fortaleza para la continuidad de la resistencia democrática, pero también para dar pasos siguientes, porque ese es un proceso que también se construye progresivamente”.
“Cuando se está ante un régimen represivo y tan violento no hay salidas rápidas (…) no ha sido experimentado en ningún lugar”, dijo Abrao, quien manifestó que esto requiere de una permanente adecuación participativa y de nuevas formas de denuncia contra la represión y de continuar exigiendo respeto a todos los derechos pendientes de las víctimas.
Régimen muy cruel
Y es que el exfuncionario de la CIDH es del criterio que a la población nicaragüense no solo le ha tocado luchar bajo un régimen de excepción, sino “en nada humano y si muy cruel”.
“Yo no creo que haya dentro de nuestro continente una situación en la cual la posición de negación de las autoridades sea tan contundente, tan violenta con esta finalidad de inhibir cualquier organización, cualquier organización política, cualquier manifestación social y si se suma todo eso, la falta de independencia del sistema de justicia», señaló Abrao.
Tras referir que en el país, la población no cuenta, con un canal institucional «para exactamente presentar sus quejas y tener las expectativas de que sean procesadas, de que sean evaluadas bajo las propias leyes del país que aseguran retóricamente el derecho de todas las personas”.
También apuntó Abrao, que “esa falta de independencia judicial facilita toda continuidad de la persecución judicial, de criminalización en contra de las personas opositoras, estudiantes, activistas”.
Abrao mencionó por ejemplo, la necesidad de construir consensos alrededor del establecimiento de una lucha por la verdad histórica, o porque “quizá un día se pueda instalar una comisión de la verdad auténtica y no manipulada por las estructuras, quizás un día se pueda promover una reforma de su sistema policial represivo que se ha politizado y ha partidarizado , quizá un día se pueda lograr una real independencia de los poderes y sistema de justicia independiente, la restitución de todos los derechos de los estudiantes que fueron expulsados de las universidad, de regresar, de seguir sus estudios, de recibir sus diplomas”.
A su vez, dijo, que le sea devuelto el permiso para que puedan regresar al país los organismos internacionales de derechos humanos, así como “promover una reparación integral a todos los que han sido afectados por esa extrema violencia”.
Terminar con la impunidad
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, por su parte refirió que la atención principal debe estar centrada en terminar con la impunidad, “buscar definitivamente como la justicia a través de la verdad, que las madres sepan que fue lo que pasó con sus hijos, dónde están los desaparecidos, de todo eso que está oculto que quede claro” y así desmontar el discurso del oficialismo de golpe de estado.
A criterio de Núñez, la lucha indiciada desde abril de 2018 fue de defensa de los derechos humanos al manifestarse los jóvenes por la causa de los jubilados.
“Ya no podemos seguir en materia de derechos humanos solo contando muertos, violados, secuestrados e incluso buscando perpetradores, ¿Quiénes son los criminales? unos más conocidos que otros, eso no basta; tenemos que buscar el origen, ¿Cuál es la causa? La causa está en El Carmen con nombre y apellido”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
Sin embargo, destacó Núñez, que aunque que la población ha escogido el método democrático para eliminar esa causa, no debe postergarse el reclamo de justicia pues “aquí no puede haber borrón ni cuenta nueva (…) la paz no se construye sobre los cadáveres, no se construye sobre los asesinados, porque estos siguen vivos en la conciencia de sus familiares, en la conciencia de todos y cada uno seguimos luchando”.
Por su parte, Haydee Castillo, de Nicaragüenses en el Mundo, expuso que para que haya una transformación como la propuesta en abril de 2018,debe pensarse en la responsabilidad individual con el país. “Por eso no deleguemos la ciudadanía, no deleguemos en otros nuestro poder y nuestra responsabilidad este es el momento de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales, del pueblo autoconvocado como lo fue abril, este es nuestro momento”.
“No hay cambio en Nicaragua, si no retomamos la resistencia, la coordinación de voluntades, el trabajo conjunto, y, seguro que unidos sí, lo vamos a lograr, Navidad es tiempo de devolverle al pueblo la esperanza de que se puede”, afirmó Castillo.