El fraude del agua en Nicaragua. Una investigación del periodista David Quintana, de Boletín Ecológico en alianza con CONNECTAS.
La Nicaragua de Daniel Ortega está bajo la mira internacional por las muertes de manifestantes involucrados en las protestas antigubernamentales desatadas en 2018, por la actuación letal de grupos paramilitares en la represión de disidentes y por la persecución y enjuiciamiento a periodistas. Mientras todo ello ha pasado, la población de escasos recursos ha sentido el impacto por el cese o la reducción de subsidios sociales y por los anuncios de reformas impositivas que cargarán el bolsillo de los contribuyentes. En el convulsionado panorama, un aspecto pasa desapercibido: el fraude del agua, facilitado por el propio Estado.
La práctica del ordeño de hidrantes destinados para los bomberos y la atención de emergencias se ha convertido en un lucrativo negocio para compañías con flotas de camiones cisternas o pipas y también en una salida fácil para el régimen de Ortega, que dota con agua proyectos estatales sin resolver un problema de fondo: la ampliación de las redes de distribución. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, Nicaragua es uno de los tres países en América Latina con índices más bajos con respecto a la disponibilidad de agua apta para consumo humano en viviendas cada vez que el usuario la necesita.
El uso ilegal de los hidrantes se ha extendido en medio de la crisis política que comenzó el año pasado. En el presente trabajo realizado por el Boletín Ecológico, en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y Connectas, plataforma de periodismo latinoamericano, se estableció que solo en Managua hay siete microempresas que de manera habitual extraen agua de hidrantes localizados en 10 áreas de la ciudad: Las Colinas, Camilo Ortega, Zúmen, Hospital Bertha Calderón, Carretera Nueva a León y la entrada al reparto Satélite Asososca. “Estos dispositivos disparan el agua a una presión de 400 galones por minuto, lo que permite llenar una cisterna de 2,500 galones entre 10 y 15 minutos”, aseguró Richard Martínez, ex trabajador de una de esas distribuidoras.
De acuerdo con información obtenida, el hurto de agua se destina a clientes con recursos y es realizado, con complacencia oficial, por empresas que carecen de registros y no pueden garantizar la calidad del producto. La práctica además reduce las presiones del sistema de distribución y afecta el desempeño general del servicio. Ni siquiera voceros cercanos a Ortega han negado la situación de las empresas. “No les cuesta nada la extracción, más que la operatividad del camión y sus trabajadores, dejando considerables ganancias, que por increíble que parezca, provienen de un recurso que no llegará a la población necesitada, ni generará el impuesto que permita la inversión pública en este sector”, dijo Jaime Incer Barquero, asesor presidencial para asuntos medioambientales del país entrevistado en octubre de 2018.
Lo que no mencionó Incer Barquero es que el propio Estado se ha apoyado en la práctica para favorecer proyectos que ha sido publicitado con parafernalia. Un caso ocurrió en 2017 con la celebración de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Se requirieron más de 267.000 galones para llenar en tiempo récord las piscinas olímpicas del complejo Michelle Richardson. De acuerdo con dos empresarios consultados, en una sola noche, cisternas estatales y privadas extrajeron agua de hidrantes y de pozos de diversos sitios de la capital con el permiso de las autoridades. “Dos días antes de la inauguración de los juegos nos llamaron para solucionar esta emergencia que tenían”, dijo Álvaro Flores de la empresa H2O. Una versión semejante aportó Óscar Rodríguez de Sira. Ambos además reconocieron que se les pagó entonces un precio aproximado de 700 córdobas por cisterna. Según cálculos de Flores, fue necesaria la movilización de unos 150 camiones con capacidad para transportar 2,000 galones.
Otro caso semejante ha sucedido con la construcción de los Pasos a Desnivel de Rubenia, Piedrecitas y Siete Sur, levantados para mejorar la vialidad en Managua. Una buena parte del agua es extraída del lago Xolotlán, pero según se pudo constatar para este reportaje los hidrantes son usados por las noches por las empresas que contrata el proyecto, impulsado por la alcaldía capitalina en manos del partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Acudimos a la alcaldía y al Comité Olímpico Nicaragüense para conocer sus versiones, sin embargo nunca fueron contestadas nuestras preguntas.
Según admitieron voceros de las empresas, los casos anteriores no son excepcionales, porque es práctica habitual que el gobierno nacional y las alcaldías contraten empresas que extraen agua de hidrantes para llevar a las comunidades sin acceso por tuberías.
Negocio abierto
El esquema que mantienen los dueños de las pipas con funcionarios de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) se hace a la vista de la sociedad. En recorridos realizados, se pudieron observar conductores de cisternas infraganti. Entre las empresas identificadas en plena extracción se encuentran H2O, Sira, F-Soluciones y Servicios de Agua y además de otros privados independientes que se negaron a responder las consultas.
Freddy López, de la empresa F Soluciones, dijo que ellos subcontratan camiones para que abastezcan de agua proyectos de infraestructura y hoteles, pero no contestó si sabía que compraba agua proveniente del fraude y sin permisos sanitarios. “Solo puedo decirte que tercereamos y no sabemos el resto”.
Cada cisterna para residenciales, barrios y hoteles se cotiza en aproximadamente 2.000 córdobas, lo que supone una máxima rentabilidad si se considera que a cargo de Enacal corren las inversiones en infraestructura, la instalación de la red de hidrantes y hasta el pago de energía para bombear el liquido. El provecho del negocio alcanza a funcionarios públicos, empresarios, choferes e incluso a exoficiales de bomberos que facilitan la extracción.
No hay datos oficiales sobre el alcance de las pérdidas. Ruth Selma, una ex ministra de Enacal, calcula que de los hidrantes se extraen aproximadamente 265 millones de litros de agua por distintas razones. En su administración los técnicos reportaban pérdidas por supuestas rupturas en los dispositivos: “Ahora ya sabemos a dónde va a parar toda esta agua que lleva lucro a empresarios”. Agregó que al no haber agua en cantidad y calidad, se ocupa el servicio de alquiler de cisternas para abastecer a barrios de Managua, Occidente, Matagalpa, Ocotal y San Rafael del Sur. El reparto por esa vía ha servido como herramienta de campaña proselitista del gobierno, por lo que la ex funcionaria presume que los cortes, el desabastecimiento y el hurto de agua no solo es tolerado sino provocado para favorecer el clientelismo político. Nicaragua tiene 6 millones de habitantes, de los cuales 3,5 millones son servidos por Enacal, según datos de la compañía. La mitad de los atendidos por empresa pública, sin embargo, carecen de acceso permanente, por desperfectos en tuberías, pozos y tanques. Voceros de Enacal han señalado que pare revertir eso se ejecuta el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Urbano, un plan a 20 años que implica inversiones por 2,293 millones de dólares.
En un sondeo realizado por Boletín Ecológico, se descubrió que ninguna de las siete microempresas identificadas cuenta con una certificación o permiso adecuado de operación. De acuerdo con el marco jurídico, se exige la certificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Nicaragua (INAA). Al respecto, la abogada Rosario del Socorro Sáenz Ruiz, quien ha trabajado en delitos medioambientales, derecho al agua y saneamiento, señala que son más de 16 las leyes y reglamentos desatendidos por los involucrados en las extracciones. “La ley 641 del código penal en su artículo 336 y 322 sobre delitos a la salud pública, destaca que el que ponga en peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para ejercer profesión, industria, comercio o derecho relacionado con la actividad, considerando además, que estas empresas no tienen permiso para operar dado que hay una Norma Técnica que obliga a los dueños de éstas cisternas, contar con el permiso del INAA”. Para la jurista, es preocupante que esta modalidad se extiende incluso con permisos “especiales” de las autoridades.
Esa realidad la confirmaron entrevistados como Oscar Rodríguez, gerente de la empresa Sira, quien afirmó que la alcaldía y Enacal le ofrecen comodidades para llevar el agua a barrios carentes del líquido. “Nosotros tenemos convenios con Enacal para trasladar agua a través de sus redes, pero ellos a veces no tienen control, así que muchas veces nos mandan a los hidrantes”, dijo Rodríguez.
Maritza Telleria, vocera de Enacal, fue consultada para este trabajo. Sobre los hidrantes no ofreció respuesta alguna. No obstante, hace cuatro años fuentes de la institución confirmaron oficialmente a este periodista que la empresa había recibido denuncias sobre ordeño de hidrantes en Managua.
El negocio de la extracción es desconocido para los gremios empresariales. Rosendo Mayorga, primer vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), lo afirmó así al ser entrevistado: “Desconozco de estas empresas y que por lo tanto no están afiliadas al COSEP, ni siquiera las sabemos cómo operan”.
Funcionarios del Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados (INAA) entrevistados afirmaron que ninguna de las microempresas identificadas posee permiso u registro, lo que podría suponer un problema de salud pública. La Norma Técnica Nicaragüense (NTON) exige que las compañías se registren y cumplan una requisitos ambientales para operar.
“Este año apenas hemos tenido el acercamiento de una, pero a nivel personal. Ninguna de las que me has mencionado posee registro de operación o validación”, aseguró fuera de cámara Mario Caldera del Departamento de Gestión Ambiental de INAA. Marvin Ocampo, Jefe de Unidad de Inspección y Control de esa instancia, dijo que cualquier empresa que distribuye u contrate a un determinado proveedor de ese ramo, tiene que acudir a ellos. “Tienen que acudir a esta instancia para registrarse, de lo contrario recae la responsabilidad en el prestador del servicio que en este caso es la cisterna”, detalló Ocampo. En Nicaragua, los requisitos Sanitarios y Requerimientos Técnicos para Vehículos Cisternas para el Transporte y Distribución de Agua de Consumo Humano, revisada y aprobada por el Comité Técnico de Instalaciones de Acueductos y Alcantarillados, publicó el 18 de Marzo del 2010, la NTON 09 – 005-10. “Realmente, apenas estamos iniciando, aunque hemos promovido a través de Enacal y el Ministerio de Salud, pero lastimosamente no hay un mecanismo coercitivo todavía para proceder”, dijo Mario Caldera.
Bomberos involucrados
La falta de voluntad para controlar la actividad ha derivado en una situación que incluso involucra a bomberos. Funcionarios del poblado de Nirindí, a 12 kilómetros de Managua, se vinculan con el ordeño de hidrantes para la reventa de agua para piscinas y consumo humano, según evidencia recopilada para este reportaje. Ofertan sus servicios y se valen de una cisterna color negro con la que abastecen a residenciales cercanas. Ello ocurre en violación a la Ley de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, que establece el Código Disciplinario Interno.
También un funcionario activo de la delegación que funciona en el antiguo Estadio Nacional de Managua, específicamente del sitio conocido como Montoya con dirección al norte, utiliza una cisterna pequeña de 2,500 galones para vender agua extraída de hidrantes. Un ex integrante del cuerpo de bomberos, Álvaro Flores, se convirtió en un empresario del ramo. Consultado sobre el tema, negó en todo momento que ordeñe los hidrantes. Dijo que las denuncias procedían de otras empresas a las cuales atribuyó el objetivo de querer destruir su trabajo: “Me llaman los bomberos y les ayudo y no cobro nada. Todo mi negocio lo he principado con mi padre”. Flores señaló a Enacal como la principal responsable del hurto en hidrantes y pozos clandestinos. Afirma que hay momentos cuando no hay personal de institución que facture el agua extraída de puntos regulares y fomentan condiciones para que otros empresarios acudan a lugares no autorizados para obtener suministro.
Incer Barquero dijo que han conocido de diversas denuncias de la población y él personalmente ha sido testigo de la extracción de agua tanto de los hidrantes como de pozos abandonados. “Un descaro el enriquecimiento ilícito que debe ser revisado y castigado por alguna autoridad a lo inmediato porque los mismos pobladores han dejado sus quejas de que quedan sin agua porque adelante o arriba hay camiones extrayendo agua. Lo peor que sin permiso de calidad”. Para el funcionario, esta es una nueva forma de fraude social y económico que no solo atenta contra la humilde población, sino que enriquece a unos cuantos con el amparo de la corrupción mezquina que impera en algunas instituciones, con la más vital necesidad del pueblo como es el agua”. “El Gobierno debe exigir a lo inmediato las medidas necesarias a las entidades judiciales y llevar a la cárcel a lo que obtienen jugosas ganancias mediante el fraude de abastecimiento de agua”.