Jeanereth Mendoza, presidenta de la Alianza Cívica, en Río San Juan, permaneció bajo asedio de la Policía desde el jueves de la semana pasada, situación que se intensificó el sábado por la tarde cuando esta colocó en su negocio chimbombas azul y blanco.
«A los tres minutos la Policía vino, comenzó a tomar fotos me siguieron cuando fui hacer un mandado, me catearon el carro», señala Mendoza, quien relató que posteriormente el domingo por escuchar en su vehículo música alusiva a las protestas «con un volumen normal», la Policía la detuvo mientras circulaba en las calles y le ordenó que entregara el carro, ella se resistió no les entregó la llave, por lo que policías permanecían vigilantes en su negocio.
Mendoza señala que el asedio de la Policía ha sido contantes desde hace mucho tiempo, por el solo hecho de ser opositora al régimen.
El Monitoreo realizado por organizaciones y redes de la sociedad civil registró en las últimas 24 horas 41 denuncias, de personas sometidas a asedio o a agresiones físicas por policías, de esas dos son heridos por armas de fuego disparadas por la Policía, así como 17 detenciones ilegales.
El hostigamiento que sufre Mendoza por parte de la Policía fue uno de los casos incluidos en el monitoreo, que estima hubo un incremento de detenciones arbitrarias.
Entre las personas detenidas este domingo que todavía no han sido liberadas se encuentran líderes opositores de Juigalpa y San Pedro de Lóvago en Chontales, un periodista de la cadena Notimat, un joven de Diriamba y pobladores de la comunidad de Esquipulas en Moyogalpa, una de ellas embarazad, señala el reporte.
Activistas y defensoras agredidas
Una alerta de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos advierte que desde el 15 de abril han registrado al menos 70 agresiones contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, entre ellas dos mujeres trans y dos mujeres embarazadas.
Las agresiones, que incluyen insultos y amenazas de tipo sexual, se han dirigido especialmente contra personas presas políticas excarceladas y sus familias, así como contra madres de personas presas políticas y asesinadas en abril de 2018.
La Iniciativa de Defensoras hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a reaccionar ante la situación de vulneración generalizada y sistemática de los derechos humanos que persiste en Nicaragua, «donde dos años después del inicio de la crisis, la represión de la protesta y la persecución política de las voces críticas y de quienes defienden los derechos humanos siguen plenamente vigentes».