Con 18 testimonios de víctimas del régimen Ortega Murillo presentado junto a cuatro peritajes de especialistas, un Tribunal de Conciencia determinó que “no cabe duda que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres, mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”.
Ese tribunal conformado durante la presente semana en Costa Rica, recomendó a las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano que sumaron esfuerzos y conformaron la Plataforma de Acceso a la Justicia, que presenten la denuncia ante una instancia internacional y puedan así brindar justicia a las víctimas.
En sus conclusiones ese Tribunal señala que pese a que solo se ha examinado el testimonio de 18 personas sobrevivientes, han podido corroborar que fue utilizada la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad en Nicaragua.
En el tribunal participaron como jurados las reconocidas expertas Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Alda Facio Montejo y Sonia Picado Sotela
Diferentes hechos de tortura física denunciados
Según la sentencia, muchas veces en la tortura sexual los perpetradores utilizaron objetos como cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios o “amansa bolos”: También los perpetradores ejecutaron violaciones múltiples de tres y más.
Hay “un caso de 15 sujetos violando a una prisionera”. A su vez en otros casos emplearon quema de genitales con ácido, posiblemente ácido de batería, en casos, donde las mujeres fueron obligadas a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo, o forzaron a las capturadas a desnudarse ya sea delante de sus captores o delante de otros capturados.
Otras formas de tortura utilizadas denunciadas por las víctimas en sus testimonios están: ejercicios físicos extenuantes, golpes con los puños y patadas, golpes con objetos como macanas antidisturbios conocidos en Nicaragua como “amansa bolos”, golpes con pistolas y culata de fusiles.
Además, utilizaron la extracción de uñas de pies y/o manos, con tenazas o instrumentos corto punzantes, golpes en diferentes partes del cuerpo con culatas de fusiles o amansa bolos, quebradura de dientes, simulación de asfixia mecánica, ahogamiento simulado entre otros.
Los torturadores también utilizaron otras prácticas, según los denunciantes y que según los peritajes fue una tortura psicológica como: obligarlos a presenciar las torturas de otras personas, lanzarles orines y excrementos, suspenderles agua y alimentos por tiempo prolongado, amenazas de asesinarlos/as o desaparecerlos/as, amenazas de capturar, secuestrar o asesinar a los familiares, sobre todo a las hijas/os menores de edad entre otras.
Los peritos demostraron que las personas fueron detenidas de manera arbitraria, todas ellas trasladadas a dependencias policiales o fincas privadas en diferentes partes del país y una vez en esos sitios fueron custodiadas y sujetas al control y voluntad de fuerzas policiales y parapoliciales. Igualmente toma en cuenta ese tribunal que todas estas personas fueron sometidas a similares torturas y vejaciones, y posteriormente amenazadas.
Esto le llevó al tribunal a estar de acuerdo con la determinación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a resolver “que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad”.
El Tribunal de Conciencia exhorta a la comunidad internacional por medio de los organismos de protección de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos a prevenir que estos crímenes de lesa humanidad no vuelvan a repetirse, sancionar a los responsables de los hechos probados en este Tribunal y reparar en forma integral y transformadora a las víctimas del delito.
Les insta a “que exista un desconocimiento de la legitimidad del régimen de Nicaragua”, al tiempo que convoca a intensificar la presión para conducir a un cambio democrático y la protección de las organizaciones civiles de Nicaragua que están siendo atacadas y a quienes están abiertamente denunciando la comisión de estos crímenes.
Mientras que exhorta al pueblo de Nicaragua a exigir la realización de unas elecciones libres y transparentes con presencia y observación internacional que permitan al país, retornar a una verdadera democracia.
Cuatro peritajes
El Tribunal de Conciencia conoció el caso en base a cuatro peritajes con los cuales expusieron la realidad de la población nicaragüense a raíz de abril de 2018, cuando al descontento ciudadano acumulado durante once años se sumó el descontento que generó la respuesta estatal al incendio de la Reserva Indio Maíz y posteriormente las reformas anunciadas y decididas de manera unilateral al sistema de seguridad social.
“Esta vez el descontento se convirtió en una insurrección y el carácter represivo del Estado se mostró sin máscaras: 63 personas muertas en un periodo de diez días (19 al 29 de abril). El 79% de estos eran jóvenes menores de 35 años y el 17% de ellos eran menores de 20 años”, señala la resolución que refiere que el total de muertes acumuladas alcanzó más de 300.
En el peritaje psicosocial presentado concluye que ¨los impactos psicosociales de la tortura sexual referidos por las víctimas en las entrevistas realizadas son consistentes con los resultados de la Escala de Estrés Post Traumático. Esto significa que, para las víctimas, la tortura y la tortura sexual no son hechos que se encuentran en el pasado, sino que se actualizan a través de la re experimentación traumática, produciendo un sufrimiento actual, que afecta todos los ámbitos de su vida¨, indica.
“Además, la tortura sexual reproduce la violencia y la discriminación contra las mujeres y la población LGBTTTIQ, así como la reafirmación del poder masculino-estatal a través de la violación sexual. Esta violencia ha sido naturalizada e invisibilizada, articulándose con el discurso de odio para dar lugar a actos de extrema crueldad contra quienes participaron en las protestas” , recuerda la sentencia, que destaca la influencia que tuvo entre los seguidores de régimen el discurso de odio contra quienes participaron en las protestas.
Igualmente según el peritaje de cadena de mando establece que todos los que participaron en las capturas estaban armados, algunos con armas de guerra como fusiles AK – 47, fusiles de francotirador Dragunov, fusiles M – 16, o armas de uso civil como escopetas calibre 12, pistolas o revólveres.
También utilizaban uniformes policiales, ropa camuflada, o bien de civil con pasamontañas o capuchas.
En ese peritaje “se identifica la verticalidad de mando. Una persona da la orden, el resto obedece, donde los torturadores son oficiales de la Policía, hombres y mujeres. Con la participación de extranjeros, se mencionan cubanos y venezolanos por la forma de hablar.
Además en este peritaje fue identificado los elementos parapoliciales y paramilitares que son civiles con algún tipo de formación militar.
Según el peritaje jurídico presentado los testimonios recogidos y analizados no dejan dudas sobre la práctica de la tortura en Nicaragua en el marco de las protestas que iniciaron en el 2018, ni sobre el uso de la violación sexual como una expresión de tortura que se implementó indiscriminadamente.
“La tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El Estado nicaragüense ha cometido crímenes contra la humanidad, con participación de autores materiales e intelectuales”, indica ese peritaje.
De acuerdo a estos testimonios estos hechos ocurridos entre el 21 de abril y 25 de agosto de 2018, tuvieron lugar en diferentes regiones de Nicaragua como: Managua, Chinandega, Masaya, Jinotepe, Mateare, Granada, Estelí y la Comarca Reitón, donde las personas fueron detenidas, de manera arbitraria, en su mayoría en sus casas y otras en las calles y quienes participaron de los actos ilícitos fueron hombres y mujeres de diferentes cuerpos de seguridad estatal, gente vestida de civil y algunos con acentos extranjeros encapuchados, que nunca explicaron los motivos de la detención.
Mencionan que una vez detenidas de forma arbitraria estas personas fueron trasladas a puestos o estaciones policiales comunales, a las casas departamentales del Frente Sandinista, a fincas privadas, propiedad de allegados al régimen, o directamente al Chipote, donde se realizaron los actos de violencia sexual.