El acuerdo presidencial que le traspasa poderes al viceministro de Hacienda José Adrián Chavarría, lleva dudas a la solución, según el asesor de la Alianza Cívica y exdiputado, Eliseo Núñez, pues a su criterio el régimen debió haber reformado la Ley 290, Ley de Organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas incorporadas.
Esto según Núñez, es “debido a que el ministro es el que tiene la representación del Ministerio por ley y (Daniel) Ortega no puede cambiar eso”.
Tras referir Núñez, que con esto Ortega busca delegar al vice ministro de Hacienda para que vaya a firmar convenios con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial “y yo dudo que eso sea suficiente desde el punto de vista legal para que las cosas sigan funcionando como están”.
Y es que este viernes Ortega delegó por acuerdo presidencial nombrar a Chavarría para que reemplace a Acosta en la firma de todos los documentos relacionados a la administración del Ministerio de Hacienda, para los desembolsos nacionales y extranjeros, así como ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de ejecución financiera.
A su vez, por acuerdo presidencial Daniel Ortega dispuso dejar sin efecto la disposición a través de la cual Iván Acosta como ministro de Hacienda, tenía la representación y las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua en las Distribuidoras de Electricidad del Norte y del SUR (DISNORTE) y (DISSUSUR), respectivamente, “con todas las facultades necesarias para participar en juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas”.
Acosta fue uno de los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 22 de mayo, lo que a criterio del miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, ha obligado a Ortega a sustituirle como representante del régimen ante organismos financieros internacionales, a fin de que pueda registrar su firma en las cuentas bancarias que le corresponda.
Y que a criterio de Núñez con esto Ortega “sigue parchando las cosas”, cuando todo se soluciona con una apertura democrática, pero Ortega mira la democracia “como algo exótico”.
“Las sanciones han movido a Ortega a tener que hacer ajustes con diferentes funcionarios para tratar de evadir la eficacia de las mismas, pero son acciones limitadas que no pueden impedir el escándalo internacional que significan que funcionarios de alto nivel del régimen sean incluidos en este listado que es objeto de atención y seguimiento mundial, por ameritar que los diferentes gobiernos den un seguimiento muy minucioso, muy cercano a los movimientos económicos en tránsito y viaje de este tipo de funcionario”, sostuvo Pallais.