La comisionada por la ciudad de Sweetwater, en el estado de la Florida, Sofía Lacayo dirigió una petición al presidente Donald Trump, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional (CPI), que sea abierto un caso por lesa humanidad en contra del régimen Ortega Murillo por el manejo que ha hecho del COVID-19.
La propuesta es respaldada por los senadores Marco Rubio y Rick Scott así como el congresista Mario Díaz Balart, quienes se han comprometido a llevar la iniciativa al Comité de Relaciones Internacionales y de seguridad nacional en el senado y en el congreso de Estados Unidos, al señalar que Ortega aprovecha la pandemia para recrudecer la represión contra la oposición.
“Que nuestra voz sea escuchada”, pidió Lacayo, quien aclaró que «esto no es político», sino que se trata de una pandemia donde en Nicaragua hay entierros nocturnos, transportes de cadáveres y mientras tanto «le aplican la ley del bozal” al personal médico.
Además, dijo Lacayo, el régimen se niega a excarcelar a los presos políticos mientras liberan a más de 2800 reos comunes lo que coincide con una denuncia efectuada este jueves por familiares de los presos políticos en cuanto a que varios de ellos están enfermos con síntomas vinculados al COVID-19.
La abogada Yonarqui Martínez desde su cuenta de Twitter denunció que el listado llegaba a 36 presos políticos con padecimientos de un total de 86. Y este jueves denunció por esa misma red social que fue reportado el desmayo del preso político Wilmer Mendoza en los tribunales.
Usar la Magnitzky
Sobre la iniciativa de Lacayo, a lo interno el abogado Óscar Carrión señaló que «quizás la acusación contra (Daniel) Ortega no sea propiamente en la Corte Penal Internacional porque Nicaragua no es suscriptora del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional».
Carrión expresa que la ruta correcta y expedita debería ser «que hagan uso del Decreto Ejecutivo Diciembre 2018 de Trump y de la conocida como Ley Nica Magnitzky Act que posibilita la habilitación de tribunales norteamericanos en USA para conocer y juzgar crímenes graves contra derechos humanos».
Y presionar que la OEA se pronuncie sobre el rompimiento del orden constitucional y en consecuencia del rompimiento del orden democrático ya sea por ilegitimidad de origen o de ejercicio del régimen.