Casi 120 mil personas contagiadas y 650 fallecidos podría ser el panorama observado en junio próximo en el país el COVID-19, de acuerdo a uno de los tres escenarios contemplados en una simulación realizada por Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), sobre el comportamiento de la pandemia de de no aplicar el régimen las medidas necesarias para mitigar el COVID-19.
Funides estima que cualquiera sea el escenario que ocurra en el país la recesión económica se profundizará en 2020, el desempleo seguirá creciendo y por tercer año consecutivo se reducirá el ingreso percápita y continuará en aumento la situación de pobreza.
De acuerdo a ese análisis de la pandemia habrá afectaciones económicas que incidirán tanto a nivel externo como interno. En cuanto a la situación externa que impactará en el país destaca la baja producciòn, menor demanda de las exportaciones nacionales, el aumento del desempleo afectará también el envío de remesas, de las que más de la mitad proceden de Estados Unidos y una disminución del turismo y habrá afectación de las inversiones.
A lo interno estima el análisis de Funides habrá unos sectores más golpeados pero aún así la afectación se trasladará a otros sectores como un efecto dominó. A la fecha ya hay impacto en el transporte, restaurantes, comercio y servicio entre otros.
Según Funides, la contención de la pandemia pierde efectividad si existe transmisión comunitaria del COVID-19, que requería de aplicación de cuarentena a extranjeros al ingresar al país, lo que no ocurrió, así como de identificación rápida de infestados y rastreo de las interacciones que tuvieron con otras personas y el cierre de fronteras que hubo hasta que lo hicieron los países vecinos.
Lo que debe hacerse
Por tanto ahora, lo que cabe es la mitigación y supresión de la enfermedad por lo que Funides estima que el Estado debe reorientar los recursos públicos para garantizar los insumos adecuados para tratar a los pacientes y kits de pruebas para detectar el COVID-19.
También debe promoverse el distanciamiento social, dotar de mascarillas a las personas más vulnerables por parte del sector público, tanto a los que asisten aún a sus centros de trabajo y a los que trabajan por cuenta propia.
El sector público debe garantizar también que haya oferta suficiente de mascarillas en las farmacias, garantizar el servicio de agua potable en zonas vulnerables, el cierre de comercios no esenciales y suspensión de aglomeraciones, aplicación de la modalidad del trabajo remoto y la suspensión de las clases así como de eventos deportivos y culturales y asistir a los hospitales solo en caso de emergencia.