Secretaría General de la OEA: Comunidad internacional debe llamar a un nuevo proceso electoral en Nicaragua con garantías y observación

Uno de los centros de votación en León. Fotografía: Cortesía.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió este martes un informe sobre Nicaragua a través del cual refiere que “la comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral”.

En su informe la Secretaría General de la OEA “lamenta que ni el gobierno ni las instituciones electorales de Nicaragua hayan encaminado sus acciones para cumplir el Artículo 1, de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

“El 7 de noviembre de 2021, Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia, descritos en la Carta Democrática Interamericana: ‘… el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, refiere la Secretaría General de la OE en su informe.

Y señala que Nicaragua debe implementar las recomendaciones efectuadas en distintas instancias internacionales, para que en el país fuesen celebradas “elecciones genuinas y auténticas, que permitan reestablecer las libertades y el estado de derecho, y únicamente a través de esa vía recuperar la democracia ya perdida”.

Esa Secretaría hizo suyas las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),presentadas en su último informe sobre Nicaragua, que incluye la recomendación a los Estados Miembros de la OEA y a la comunidad internacional en general a: “Exigir al Estado la realización de elecciones libres, transparentes y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA( en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”.

Igualmente  a “exigir al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en el país”. “En tal sentido, la Secretaría General hace un llamado imperioso y urgente para la liberación de los presos políticos”, dice en su informe.

Desde su cuenta de Twitter el secretario general Luis Almagro no solo rechazó los resultados de las votaciones del 7 de noviembre, sino que dijo: «insto a países de OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática durante su #AsambleaOEA».

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 Ante las innumerables posibilidades de avanzar por la vía del diálogo, de reformas que sentaran las bases para reestablecer la confianza en la democracia y la credibilidad en los procesos electorales, el gobierno de Nicaragua ha optado por el camino del autoritarismo, refiere el informe sobre Nicaragua.

Por todo lo anterior, la comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral.

 En las votaciones del 7 de noviembre además del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), también participaron el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre) y Yatama.

Poca asistencia de votantes, la tónica de este 7 de noviembre. Fotografía: Cortesía.

 Y menciona que según agrupaciones políticas impedidas de participar en estas elecciones y analistas coinciden en que se permitió la inscripción de estos partidos con el fin de proveer una sensación de normalidad en las elecciones, cuando en la realidad se trata de colaboradores cercanos al gobierno.

 Al tiempo que destaca que además de  los siete precandidatos presidenciales, y de los activistas y opositores al gobierno que estaban en prisión o en arresto domiciliario, organizaciones políticas y de la sociedad civil denunciaron la detención de al menos nueve líderes territoriales de la oposición el día antes de las elecciones.

Sin garantías mínimas de imparcialidad

A su vez, indica en su informe la Secretaría General que debido al control que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), la organización de las votaciones no contó con garantías mínimas de imparcialidad, equidad, libertad y transparencia. En las elecciones no participaron misiones de observación electoral internacional reconocidas.

El CSE informó de manera oficial que acreditó a 232 acompañantes electorales de 27 países y 600 periodistas nicaragüenses y de otras nacionalidades, no obstante, menciona que de acuerdo al Observatorio Urnas Abiertas esa lista de acompañantes  “carece de las características fundamentales para una adecuada observación electoral”, al tratarse de personas “afines políticamente al gobierno”,. Al tiempo que se desconoce cuál fue la metodología utilizada por parte de estos acompañantes durante su participación en el proceso electoral.

 En su informe la Secretaría General recoge los reportes de diferentes medios de comunicación independientes, que destacaron la poca afluencia a los centros de votación registrada el 7 de noviembre y que Urnas Abiertas, por su parte, calculó el promedio nacional de abstención en un 81.5%. 

“Esto contrasta con un corte preliminar divulgado por el CSE, en el que el Presidente Ortega recibía el 75% de los votos (con el 49.25% de las juntas receptoras del voto escrutadas) y la participación electoral se estimaba en más del 65 %”, indica.

También señala el hecho que,  en la página web del Consejo Supremo electoral (CSE) no fue posible cotejar las actas u otro material electoral con la versión oficial de las autoridades electorales. “Importa también mencionar que al día siguiente de las elecciones no había reporte alguno por parte del CSE sobre los resultados electorales para diputados de la Asamblea Nacional”.

A esto le suma que  la manera en que se comunicaron los resultados electorales va en contra de las buenas prácticas electorales y denota un menosprecio por los principios de transparencia, independencia e imparcialidad que deben regir las actuaciones de las autoridades electorales.

Y que “luego de votar, el presidente (Daniel) Ortega atacó una vez más a sus opositores, llamándolos ‘demonios que no quieren la paz, la tranquilidad para nuestro país y que optan por la violencia, la descalificación, las calumnias, las campañas para que Nicaragua se vea de nuevo envuelta en enfrentamientos violentos, en guerra’, lo que denota, una vez más, la ausencia de un pluralismo político pleno en Nicaragua y de garantías de equidad y competencia en el proceso electoral”.

Ante la ausencia de datos oficiales o reportes independientes de observación electoral, organizaciones de la sociedad civil registraron una serie de irregularidades y actos de violencia política durante la jornada electoral .

 Tanto antes como después de las elecciones, gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y expresidentes de la región denunciaron la ausencia de garantías electorales e hicieron un llamado a desconocer – o desconocieron ese mismo día – los resultados electorales y el nuevo mandato de Daniel Ortega.

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