De un retroceso en materia penal califica el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la reforma parcial efectuada este martes en la Asamblea Nacional a la Constitución Política de la República por parte de diputados del oficialismo, que a su vez implicará una reforma del Código Penal.
En un análisis efectuado por el CENIDH indica que “ve con mucha alarma la inconsulta reforma” al artículo 37 de la Carta Magna que pretende establecer la pena de “prisión perpetua revisable” en el país.
“Es evidente que la misma es un manoseo formal a la Carta Magna, un retroceso en materia penal y su objetivo es amedrentar y seguir instrumentalizando a las instituciones jurídicas del país para continuar la represión”, manifiesta el CENIDH.
Según el análisis, desde el punto de vista jurídico “es una completa aberración que no llena los requisitos necesarios para impulsar una reforma como la que se pretende”.
Para el CENIDH tal y como fue planteada la reforma genera más bien una contradicción entre el párrafo primero y segundo del artículo 37 de la Constitución, que no fue dejado claro y deja muchas interrogantes.
“¿Cuál en verdad? ¿Es la pena que debe prevalecer como pena máxima los treinta años de prisión o la prisión perpetua revisable? Ahora: ¿Qué es una pena revisable? ¿Revisable por quién? ¿En qué momento procesal?”, pregunta el CENIDH.
El CENIDH explica que con la tipificación de nuevos delitos y una lista de agravantes taxativos, es necesario una reforma al Código Penal puesto que en lo penal no es permitido la interpretación extensiva de la ley.
Por tanto advierte el CENIDH, representa “una amenaza para la gente que cívicamente lucha por sus derechos ya que, si bien se contempla que la aplicación será determinada por una ley, no se puede confiar en la seriedad de normas jurídicas que llevarían implícitos nombres y apellidos para ser aplicadas en un escenario de peligrosa y agresiva discrecionalidad por parte de un Poder Judicial que ha perdido su independencia y actúa en función de los intereses del régimen Ortega Murillo”.
“Esta reforma además de haber sido aprobada violando los procedimientos de formación de la ley, es una violación a los derechos humanos, pues la misma constituye una amenaza psicológica a la población en general, por la inseguridad jurídica que establece, violaría, además, las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia”, señala el CENIDH, que a su vez insta a los diputados del oficialismo que rectifiquen en la próxima legislatura.
También exige al régimen Ortega Murillo el cese de estas modalidades de represión revestidas de supuesta legalidad pretendiendo vender la imagen de indignación frente a los hechos criminales cometidos en contra de dos niñas en Mulukukú ocurrido en septiembre pasado, “con lo cual tratan de encubrir su confesado propósito de persecución y represión contra quienes les adversan”.