Juan Bautista Guevara uno de los 100 presos políticos con arresto domiciliar
– Fotografía: Antonio Ramírez
El régimen Ortega Murillo únicamente reconoce que mantiene en sus cárceles a 372 presos políticos, 345 varones y 27 mujeres. Este dato, hasta el 22 de febrero, fue reportado por el Estado de Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta cifra difiere con el registro de las organizaciones y familiares de presos de conciencia, que hasta el 15 de febrero contabilizan 777 personas detenidas, de las cuales 407 estarían siendo procesadas y 138 habrían sido condenadas.
En relación con el número de 325 personas asesinadas registradas por la CIDH ocurridas durante las protestas registradas por la CIDH, el régimen solo reconoce que 198 fallecieron en el contexto de la crisis e informó que la Policía Orteguista (PO), habría esclarecido 32 casos y 21 se encontrarían en proceso judicial.
Preocupa los malos tratos en cárceles
En un comunicado de prensa la CIDH señala, que a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), da seguimiento a la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018.
«Especialmente llama la atención de la CIDH la intensificación en la agresión y malos tratos a las personas privadas de libertad, por parte de funcionarios del sistema penitenciario nicaragüense», refiere ese organismo.
Y menciona que el 7 de febrero, la CIDH conoció sobre la agresión y malos tratos contra ocho mujeres privadas de libertad en la cárcel “La Esperanza”.
Como consecuencia, Irlanda Jerez, detenida desde julio pasado y beneficiaria de las medidas cautelares otorgadas «estaría imposibilitada de levantarse de su cama», refiere el comunicado de prensa de la CIDH.
Jerez sufre una valvuloplastía cardíaca de la que es convaleciente crónica, por lo que requiere cuidados, tratamiento y monitoreo permanente.
«La CIDH también ha recibido información sobre la persistencia de represalias contras las personas detenidas en la cárcel La Modelo, por su participación en las protestas y, en particular, sobre la ocurrencia reiterada de agresiones por agentes antimotines», indica el texto.
Según denuncias, indica, los agentes irrumpen a las celdas de manera imprevista para agredir a los reclusos con golpes, patadas y bastones policiales, en ocasiones con la presencia de perros amaestrados.
Dichos operativos terminarían también en el traslado arbitrario de los presos con destino desconocido, presumiblemente a celdas de castigo y/o aislamiento.
Agresiones en La Modelo
Menciona las dos intervenciones seguidas la semana pasada de antimotines y funcionarios de La Modelo en los módulos 16-1 y 16-2, lesionando a varios de ellos y motivando el traslado de máxima seguridad de Levis Rugama, quien es beneficiario de medidas cautelares.
La Comisión también expresa su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad que requieren atención o tratamientos médicos como es el caso de Max Francisco Cruz Gutiérrez, preso en La Modelo quien sufre de una grave infección en la pierna derecha por una herida con arma de fuego ocasionada al momento de su detención.
Según información recibida, Cruz no habría recibido ninguna atención médica y las autoridades habrían negado a aceptar que la familia proporcione medicamentos para tratar su infección, así como a trasladarlo a un centro hospitalario, dice la CIDH.
Persisten detenciones arbitrarias
Igualmente, la CIDH observa que persisten las detenciones ilegales y arbitrarias en todo el país, como el caso de 16 jóvenes arrestados en Estelí el pasado 12 de febrero.
“El contexto de privación de libertad en Nicaragua constituye una de las principales preocupaciones de la Comisión”, sostuvo el comisionado Joel Hernández, Relator para los Derechos de Personas Privadas de Libertad.
“A pesar de las obligaciones que tiene el Estado, y que derivan del deber que tiene respecto de las personas bajo su custodia, éstas siguen enfrentándose a una situación muy grave de riesgo que atenta contra su vida e integridad”, agregó.
La CIDH también solicita al Estado aclarar las condiciones jurídicas sobre el cambio de medida cautelar para 100 presos políticos, así como sobre el número de personas liberadas.