El Ministerio de Gobernación publicó a través de su sitio web, un listado en el que confirma que a cien presos políticos le cambiaron medidas carcelarias, por las de arresto domiciliar.
Esa institución de forma imprudente publicó las direcciones de los domicilios de los presos de conciencia. Y como explicación del cambio de medidas refiere: que estos se encontraban detenidos «por haber cometidos delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública».
Y según esa institución recibieron «el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares».
En ese listado no fueron incluidos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, como se presumía desde el martes pasado.
Entre las presas políticas que recibieron medidas alternas están las que sufren enfermedades graves o crónicas como Delmi Portocarrero, Ruth Matute y María Mercedes Chavarría.
Los presos políticos confirmaron que ellos fueron informados de la disposición oficial por los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), una vez que subieron a los microbuses que los trasladarían hasta sus casas.
Por la vía de hecho
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez y el presidente en Costa Rica de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, que sigue de cerca la situación en el país, coinciden en que el procedimiento utilizado fue incorrecto y lo efectuaron por la vía de hecho.
Ambos defensores señalan que el cambio de medidas debió efectuarse en una audiencia y luego remitir la resolución judicial al SPN, para su ejecución.
La presidenta del CENIDH explicó, que el cambio de medidas alternas debió realizarse por cada uno de los expedientes, donde el juez cambiase la medida de prisión preventiva por casa por cárcel.
Las personas incluidas en esta medida, dijo Núñez, deben estar claras que no pueden desplazarse por la ciudad, de lo contrario están en riesgo su seguridad.
«Esas son acciones tipicas de una dictadura, que tiene centralizado el poder, donde ya no hay institucionalidad», sostuvo Leiva.
Tras señalar el defensor, que esto demuestra que el país está sin instituciones que quieran administrar justicia.
«Esta gente no tiene garantías de derechos humanos», afirmó Leiva.