El régimen a utilizado las fuerzas públicas para reprimir a la población – Fotografía: Antonio Ramírez
«La grave crisis de derechos humanos en Nicaragua se ha extendido por más de diez meses, debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública, para reprimir a las voces disidentes del gobierno».
Esta aseveración la hizo el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En su intervención Hernández explicó, que la CIDH ha dedicado particular atención a dos países: Nicaragua y Venezuela.
Y recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado por la CIDH concluyó que : «en el Estado de Nicaragua fueron realizadas conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la sociedad civil, que de acuerdo al derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad».
Y apuntó, que la conclusión del GIEI «está basada en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos de Estado y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder del estado».
En Nicaragua, dijo, la represión dejó como resultado 325 muertes, más de dos mil personas heridas, 550 detenidos sin el debido proceso, 300 profesionales de la salud y 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua expulsados. Hernández reiteró que están dispuestos a confrontar esas cifras con el régimen.
E insistió en las recomendaciones efectuadas por la CIDH al régimen sobre la necesidad de la liberación de presos políticos, iniciar una reforma integral de las instituciones que garantice la no repetición de las violaciones incurridas y garantizar que los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril sean juzgados de forma imparcial.