Mientras este miércoles se realizaba a puertas cerradas de los medios independientes entre representantes del régimen Ortega Murillo y de la Alianza Cívica, la capital continuaba asediada por la Policía Orteguista, a cien presos políticos les pasaron de la cárcel a arresto domiciliar y en la Asamblea Nacional los diputados- la mayoría orteguista-aprobaban unas reformas fiscales.
Esta situación lleva a considerar a defensores de derechos humanos que no existe un interés real por resolver la crisis en el país.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, con esto el régimen no está creando las condiciones para buscar una solución a la crisis sociopolítica en la que está inmerso el país desde abril del 2018, sino que más bien «están enrareciendo el ambiente» y advirtió que los dialogantes podrían estar cayendo «en la estrategia del secretismo», del régimen.
Por su parte, el presidente en Costa Rica de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), todo esto indica que no existe una voluntad de compromiso por parte del régimen por encontrar solución a la crisis y restituir la paz social.
«Todo lo que ha sucedido es el resultado de una retórica para socavar el proceso de la lucha cívica», por parte de la población, dijo Leiva, uno de los primeros defensores de derechos humanos obligado a exiliarse.
Segun dijo Leiva, esa organización continúa recibiendo denuncias de constantes violaciones de derechos humanos.
Conscientes que solo los medios de comunicación del régimen tuvieron acceso al inicio del diálogo, la Alianza Cívica publicó a través de su cuenta de Twitter que en el primer encuentro definirán la hoja de ruta para asegurar un proceso transparente, efectivo y concreto.
«Muchas interrogantes se irán resolviendo conforme se acuerde el consenso, metodología, tiempos, mediadores, testigos y garantes», señala la Alianza Cívica que reitera el compromiso con la justicia y la democracia.
No obstante, no aclaran sobre la no participación de monseñor Rolando Álvarez que se conoció fue vetado por el régimen y únicamente asistieron como testigos el cardenal Leopoldo Brenes y el Nuncio Apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag.
Mientras exiliados en Costa Rica protestaron frente al embajada de Nicaragua en ese país, una de ella la líder campesina Francisca Ramírez, demandó la liberación de todos los más de 700 presos políticos que están en la cárcel del régimen y recordó que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad por lo tanto una de los planteamientos en la negociación debe ser que haya justicia y democracia.
Mientras por la articulación de movimientos sociales Mónica López señaló que mientras se inicia la negociación en el país, el régimen ha continuado con los juicios en contra de los presos de conciencia uno de ellos su tío Ricardo Baltodano.