La hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Ortega junto a tres funcionarios del régimen fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, de los Estados Unidos, por apoyar al régimen “que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y trató de silenciar a los medios de comunicación independientes”.
Además de la hija de Ortega y Murillo, fueron sancionados Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN); Edwin Ramon Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, Director Ejecutivo del Instituto de Bienestar Social Militar (IPSM).
Desde sus medios oficialistas, Murillo reaccionó con la lectura de una nota de protesta : «Ante esta reiterada violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los estados, los estados que no nos reconocemos como colonia de ninguna potencia y que reivindicamos la dignidad y el decoro nacional en legítima defensa de nuestra autodeterminación frente a los Estados Unidos de Norteamérica y cualquier otra entidad colonialista y neocolonialista que a estas alturas de la vida creen tener le poder de avasallar y humillar nuestra independencia”.
En la nota leída por Murillo, el régimen califica las últimas sanciones como una “nueva violación de la soberanía de Nicaragua”.
“Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki, quien además indicó: “Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la represión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos ”.
Motivos de las sanciones
La OFAC explica que la acción de este miércoles fue tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, está dirigida a personas que son funcionarios del Gobierno de Nicaragua o que han servido como funcionarios del Gobierno de Nicaragua en cualquier hora a partir del 10 de enero de 2007.
Camila Antonia Ortega Murillo (Camila Ortega) fue designada por ser funcionaria del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionaria del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
“Camila Ortega es una asesora clave del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo, así como coordinadora de la Comisión de Economía Creativa. También es hija del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo. Desde 2011, Camila Ortega administra la estación de televisión Canal 13. Este medio de comunicación familiar difunde propaganda estatal, mientras que el presidente Ortega utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover las estaciones familiares y exprimir a los medios independientes y rivales”, expresa.
Leonardo Ovidio Reyes Ramírez fue designado por ser funcionario del régimen o por haberse desempeñado como funcionario en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007. “Como presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Reyes colidera la implementación de la nueva Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua con el riesgo de facilitar transacciones sancionables”.
“Las instituciones financieras en Nicaragua que se niegan a cumplir con la ley pueden estar sujetas a acciones punitivas por parte del BCN alineado al régimen y la Superintendencia de Bancos, los implementadores de la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía de Nicaragua. La designación de hoy se aplica solo a Reyes; y BCN no ha sido designado”.
En el caso de Edwin Castro, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales que el 4 de mayo de 2021 aprobó “controvertidas reformas a la ley electoral”.
“Las reformas no incorporaron la resolución de la Organización de los Estados Americanos de octubre de 2020 que pedía las reformas electorales necesarias para realizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021. Las reformas institucionalizan leyes represivas que permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en la próximas elecciones y no prevén disposiciones para la observación electoral internacional”.
Julio Modesto Rodríguez Balladares (Rodríguez) fue designado por ser funcionario del régimen, es General de Brigada del Ejército de Nicaragua . “El Ejército brindó apoyo a la Policía y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes al atacarlos, lo que resultó en más de 300 muertes y daños físicos y psicológicos. Rodríguez también es el Director Ejecutivo de IPSM, el fondo de inversión pública del Ejército de Nicaragua. La designación de hoy se aplica solo a Rodríguez; e IPSM no ha sido designado”.
Implicaciones de las sanciones
Según la OFAC, como resultado de la acción de este miércoles, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.