Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH), de forma conjunta se pronunciaban para condenar la persecución penal en contra de líderes opositores del país, el jurista José Bernard Pallais Arana, se sumaba al listado de arrestos ejecutados por la Policía del régimen en los últimos días.
La CIDH y la OACNUDH resaltan que la persecución penal en contra de los precandidatos de la oposición presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso.
En su comunicado de prensa la CIDH y OACNUDH mencionan que han conocido de las detenciones de los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como de los opositores José Adán Aguerri y Violeta Granera.
Ambas organizaciones instan al régimen a liberar de inmediato a todas las personas detenidas en el marco de estas investigaciones, a garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos, en particular, de todas las personas que aspiran a concurrir para cargos de elección pública y de los y las votantes para que se les permita escoger libremente la opción de su preferencia.
Les aplican Ley de Soberanía
El allanamiento a la vivienda de Pallais fue realizado por el sancionado jefe de la Policía de León, Fidel Domínguez. y una nota de la Policía confirma que es investigado, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
Igual que en los anteriores casos la Policía dice que el jurista opositor es investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”, expresa la Policía.
Bajo los mismos cargos fueron detenidos en horas de la noche del martes Juan Sebastián Chamorro, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri y la integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera.
En su comunicado la CIDH y OACNUDH destacan que en varias ocasiones han apuntado «que las diversas leyes aprobadas desde el inicio de la crisis de derechos humanos en abril de 2018, incluidas las que le atribuyen a los últimos arrestados y la reforma electoral adoptada el 4 de mayo pasado, «contienen disposiciones que violan normas y estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos, que el Estado de Nicaragua se ha comprometido a cumplir».
» Ambas instituciones también recomendaron realizar todas las gestiones necesarias para dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas de los nicaragüenses, advirtiendo además que podía ser utilizada para perseguir indebidamente a las personas percibidas como opositoras del Gobierno», señala el comunicado de prensa.