Oficialmente el régimen reconoce solo 168 muertes en Nicaragua por COVID-19. Fotografía Archivo Manuel Esquivel.
A un año de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua, el Observatorio Ciudadano mantiene reportes de nuevos casos y muertes sospechosas vinculadas al coronavirus, por lo que demanda que sea acelerada la ejecución de la vacunación. Pero el régimen en su Plan de lucha contra la pobreza por el desarrollo humano 2021-2026, califica como “un logro histórico” los resultados obtenidos “tanto en salud como económica” durante la pandemia.
Al referirse al tema de la salud en su plan quinquenal contra la pobreza, el régimen incluye el abordaje sobre la pandemia de COVID-19 en el cual alega que “ha llamado la atención cómo un pequeño país con recursos limitados como Nicaragua ha podido sortear mejor la pandemia del COVID-19 que muchos países desarrollados con enormes recursos”.
Aunque reconoce que la política de respuesta a la pandemia COVID-19 fue muy criticada nacional e internacionalmente “por no seguir las políticas de cierres y encierros de casi todos los países” a partir de marzo de 2020.
Igualmente, el régimen justifica, que no haya ordenado el confinamiento, “con base en la realidad del país, debido al hecho de que el 40 por ciento de la población está en el campo y requiere realizar múltiples tareas fuera de casa todos los días y el 80 por ciento de los trabajadores urbanos son del sector informal y ganan el sustento de sus familias diariamente”. Y en cuanto a las escuelas públicas porque “la mayoría de los estudiantes en las escuelas públicas no tienen los medios informáticos ni las condiciones habitacionales que permiten la educación virtual”.
“Las escuelas privadas predominantemente adoptaron la modalidad virtual para sus estudiantes de mayor capacidad económica, pero se mantuvieron en todo momento abiertas las escuelas públicas, para defender los derechos, los intereses y el futuro de la mayoría de la juventud”.
Reconoce 168 fallecidos
En el mismo ofrece cifras con cortes hasta el 19 de enero de 2021, cuando el Ministerio de Salud reporta que se ha dado seguimiento a 4,953 personas desde el primer caso reportado en marzo de 2020 en el país, de estos afirma se recuperaron 4,733 personas y solo reconoce 168 fallecidos por ese mal.
Y es así como el régimen alardea la posición de 2.61 muertes por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a la Universidad John Hopkins, en la que aparece Nicaragua con el menor índice de muertes por COVID-19 en la región.
No obstante, el registro paralelo que realiza el Observatorio Ciudadano de acuerdo a reportes de la población, hasta el 17 de marzo del presente año reporta un acumulado de 13,278 casos sospechosos vinculados a COVID-19 y 3,009 muertes por neumonía y sospechosas del virus.
En la semana entre el 4 y 17 de marzo del presente año el Observatorio ha continuado los registros de 41 casos sospechosos y 7 muertes sospechosas. No hay datos oficiales.
En el mismo plan, el régimen se jacta que Nicaragua está en mejor posición para enfrentar la pandemia, e insiste en hacer comparaciones con “los dieciséis años de período neoliberal”, pues alega que cuenta con la red de unidades públicas de salud más grande y equipada de toda la historia del país con 19 hospitales, además cuenta con más personal capacitado al pasar que pasó de 22,083 trabajadores de la salud en 2006 a 36,649 trabajadores actualmente.
Sin embargo, omite hacer referencia sobre el impacto que la pandemia tuvo en el personal de salud del país. El Observatorio asegura que durante la pandemia unos 885 trabajadores de la salud enfermaron con casos sospechosos vinculados al COVID y entre estos fallecieron 117 personas.
El régimen asegura que un mes antes de recibir el primer caso de COVID-19 y basado en las noticias internacionales alrededor del tema, inició preparaciones con protocolos, asignación de 18 hospitales en todo el territorio nacional para atender los posibles casos y la asignación de un hospital en la capital para atender exclusivamente casos respiratorios como fue el Hospital Alemán Nicaragüense.
“Al producirse los primeros casos de personas enfermas y de personas expuestas a la enfermedad, se comenzó el aislamiento de dichas personas. A las personas en seguimiento, personal del Ministerio de Salud las visitaba para tomarle la temperatura, observar su estado físico, así como asegurar el aislamiento. A las personas confirmadas positivas se le entrega los medicamentos en casa”, expresa el plan de lucha contra la pobreza.
Y aunque el régimen incluye entre sus acciones contra la pandemia la aplicación de las vacunas contra la influenza y neumonía bacteriana para reducir el flujo de casos respiratorios en el sistema de salud, no habla sobre la vacuna contra la pandemia de COVID-19.
Hasta ahora, únicamente es conocido lo que sostiene la ministra de Salud, Martha Reyes, desde los medios oficialistas en cuanto a que completan la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, con los pacientes considerados como prioridad y que inició el 2 de marzo.
A un año de la pandemia, el Observatorio demanda que sea acelerada la vacunación que garantice la inmunización de los grupos más vulnerables, entre ellos los trabajadores de la salud.
A su vez, exige al régimen que informe de forma adecuada a la población sobre las medidas que adopta para garantizar el acceso universal a la vacuna “de tal forma que se logre alcanzar la cobertura de vacunación que se requiere para parar la transmisión del virus entre la población en el menor tiempo posible”, pues recuerda que la vacunación es un derecho por tanto la vacuna debe ser ofrecida de forma gratuita.