Carta de eurodiputados es una respuesta ha anuncio público de Daniel Ortega. Fotografía: Archivo de Manuel Esquivel,
Seis eurodiputados escribieron al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad , Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, para instarle “a que redoble sus esfuerzos en favor del diálogo político” en Nicaragua, “sobre la base de compromisos y avances” que deben seguir una hoja de ruta.
Los eurodiputados le expresan a Borrell la preocupación por la situación de Nicaragua que el pasado 22 de febrero, la representante de la Unión Europea, Linda Ekholm, describió como “crítica” durante la audiencia sobre este país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mencionan los eurodiputados que esta hoja de ruta debe estar marcada por parámetros como las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los tres ámbitos establecidos en las conclusiones del Consejo de octubre de 2019 y las resoluciones del Parlamento Europeo recientemente aprobadas.
Los eurodiputados reaccionan así a la intención declarada de forma pública por Daniel Ortega, de entablar un diálogo con la Unión Europea, para pedir el fin de las sanciones individuales.
“Consideramos que el diálogo político es un elemento clave la promoción de la democracia y los derechos humanos”, expresan en su carta los eurodiputados, quienes apuntan que las elecciones en Nicaragua deben ser libres, inclusivas y transparentes de acuerdo a las normas internacionales, lo que solo puede alcanzarse “en un contexto con garantías democráticas que incluye el cese urgente de la represión y el restablecimiento del Estado de derecho”.
Para ello dicen los eurodiputados, el régimen de Ortega debe emprender reformas importantes que garanticen entre otros puntos: Libertad de competencia, expresión, reunión y manifestación. Asimismo, consideran, que el régimen debería abrir canales de diálogo con los grupos de la oposición y la sociedad civil para avanzar en las reformas necesarias, y como prioridad la liberación incondicional de los presos políticos, y la restitución de derechos, que son compromisos suscritos en marzo de 2019 con la Alianza Cívica.
Recuerdan que la Organización de Estados Americanos (OEA), fijó mayo como fecha límite para las reformas electorales, por lo que piden al Servicio Europeo de Acción Exterior que de forma urgente establezca un calendario “con indicadores claros”, para supervisar la situación de las libertades y los derechos humanos en Nicaragua y “canalizar el diálogo político con vistas al despliegue de una misión de observación electoral”.
Los eurodiputados firmantes son Soraya Rodríguez, coordinadora en la subcomisión de DDH, Tilley Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de Centroamérica, Leopoldo López subcoodinador de la subcomisión de Derechos Humanos, Isabel Santos , coordinadora de la Subcomisión de Derechos Humanos, Jordi Cañas, vicepresidenta de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana y Juan Ramón Bauzá , miembro del Parlamento Europeo.
Pasar a acciones crocretas
Desde su cuenta de Twitter Rodríguez, escribió: “Es hora de la UE en Nicaragua pase de los análisis factuales a las acciones concretas. Así lo he solicitado al AR/VP Josep Borrell. Aún estamos a tiempo de conseguir que las elecciones previstas para noviembre sean una oportunidad para la democracia”.
Rodríguez también, escribe este 20 de marzo el artículo Nicaragua: Oportunidad o fraude, publicado en independiente.com en el cual señala, que “en la Nicaragua de la revolución sandinista que enamoró a poetas y escritores, los sueños se han convertido en pesadillas”.
“Sin embargo, el país ‘tan violentamente dulce’ de Julio Cortázar aún puede mirar con esperanza las elecciones previstas para el 7 de noviembre de 2021”, indica en su artículo la eurodiputada, quien estima que “este 2021, que marca el tercer aniversario de la Revolución de Abril que llenó a Nicaragua de esperanza, soporta aún el peso de la impunidad de todas las violencias que acabaron con la vida de más de 300 personas e hirieron a más de 2.000, con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones y torturas, con cientos de nicaragüenses en el exilio”.
Rodríguez destaca, que la pandemia de la Covid-19, “cuando ponerse mascarilla llegó a ser un acto casi subversivo ante el negacionismo de las autoridades, fue un doloroso ejemplo de cómo la disidencia no es sólo política o ideológica. La fractura es ya social, causada el patrimonialismo de un régimen que traicionó los principios que proclama”.
“Debemos estar al lado del pueblo de Nicaragua, presionando política y diplomáticamente, pero también haciendo uso de las herramientas adicionales de las que disponemos: las sanciones. El Consejo Europeo aplicó en mayo de 2020 sanciones individuales a seis altos funcionarios del régimen por violaciones de derechos humanos, y presiona para abrir un proceso de reformas que permitan superar el callejón sin salida en el que se encuentra el país”, expresa Rodríguez.