16 millones de dólares había ocupado el régimen hasta octubre de 2020. Fotografía: Tomado de sitio web de Policía.
Nicaragua no es un centro financiero regional, y a pesar de la desaceleración de las actividades económicas a causa de la pandemia por COVID-19, sigue siendo vulnerable al lavado de dinero, a la corrupción, a la falta de transparencia, al narcotráfico, donde la crisis sociopolítica ha desviado la atención de una lucha eficaz de las fuerzas de seguridad contra estos delitos, por estar destinadas ahora a reprimir a los grupos opositores.
Así resume el informe con fecha de marzo de 2021, Sobre la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes, de la Oficina de estupefacientes internacionales y asuntos de aplicación de la ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el caso concreto de Nicaragua. El mismo externa una serie de preocupaciones, como es el hecho de que los organismos reguladores del Estado también usan sus poderes oficiales para monitorear actividades de grupos de oposición a favor de la democracia y para ocultar transferencias gubernamentales ilícitas.
Aunque las ocupaciones de dinero siguen creciendo, la unidad del gobierno que administra los fondos incautados son controlados por leales a Ortega, indica el informe que también refiere que la falta de transparencia plantea preocupaciones sobre el destino de los fondos incautados, que pueden ser dirigidos a apoyar actividades represivas contra la oposición, con facilitación por parte del gobierno de Ortega.
Y señala que según el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta octubre de 2020 el régimen había ocupado al crimen organizado 16 millones de dólares, considerada la cantidad más alta de ocupaciones de dinero en ocho años.
Politización de instituciones del Estado
El informe destaca la politización de las instituciones del Estado, que lo convierte en el mayor impedimento para la implementación de las leyes antilavados, por lo que persisten las preocupaciones sobre el uso de las leyes contra el lavado de dinero por parte del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, “como herramientas de acoso contra la política grupos de la oposición”.
A su vez, el informe del Departamento de Estado destaca que en 2020 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), designó al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta por apoyar las violaciones de derechos humanos y corrupción, quien sigue como coordinador Comisión Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Señala también, que el régimen constantemente no hace cumplir las leyes contra funcionarios públicos corruptos mientras sus representantes invierten un tiempo considerable y recursos para monitorear y fabricar pruebas contra grupos de oposición prodemocráticos, lo que coloca a Nicaragua en mayor riesgo en actividades de crimen organizado.
También recuerda que en 2020, la OFAC designó a Caja Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito Rural, que según los informes controla un estimado de 2.5000 millones de dólares en nombre de otra entidad sancionada, y de funcionarios gubernamentales claves para las sanciones de conformidad con la E.O. 13851.
Las designaciones de la OFAC siguen las sanciones contra las empresas controladas por la familia del presidente Ortega.
“Estas acciones presentan un mayor riesgo de fuga de fondos ilícitos en el sistema financiero como la primera familia busca mover su riqueza en activos que pueden transitar fronteras”, dice el informe del Departamento de Estado.
“Lo dice con claridad esta gente quiere sacar este dinero a paraísos fiscales, están lavando dinero, eso es grave”, sostuvo el mayor en retiro Roberto Samcam.
El informe del Departamento de Estado recuerda también la existencia de un aviso por parte de Red Contra los Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN), emitido el 4 de octubre de 2018, en el cual advierte a las instituciones financieras estadounidenses el riesgo creciente de que los ingresos de la corrupción política nicaragüense puedan entrar o pasar por el Sistema financiero de Estados Unidos.
Mientras a lo interno, apunta el informe, la Asamblea Nacional controlada por el régimen, modificó la Ley de Registros Públicos para incluir la divulgación de la propiedad beneficiosa de las personas jurídicas y los honorarios relacionados con el incumplimiento. Y la Corte Suprema de Justicia emitió una directriz para abogados y notarios públicos alrededor del tema de sujetos obligados por la Unidad de Análisis Financiero que fue rechazada por abogados y notarios públicos por considerar que el requisito viola la confidencialidad.
Como parte de las arbitrariedades en la aplicación de la ley, el informe del Departamento de Estado pone como ejemplo que en junio de 2020, una Organización No Gubernamental que trabajaba en la prevención covid-19 fue despojada de estatus legal y acusada de financiación al terrorismo. Mientras tanto, no ha habido investigaciones de individuos y empresas sancionadas por la OFAC por corrupción y lavado de dinero.
También el Comando Sur
En el presente mes, un informe del Comando Sur ante un Comité de Servicios del Senado de Estados Unidos incluyó a Nicaragua junto a Venezuela y Cuba que representan una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.
En su informe, el Comando Sur menciona la relación entre las organizaciones criminales transnacionales en Venezuela en el trasiego de drogas, y que el mayor en retiro Roberto Samcam apunta que aunque no lo digan se refiere directamente al cártel de Los Soles con las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN ), de Colombia.
Samcam destaca, que el informe menciona que a causa de la introducción de drogas a ese país anualmente mueren 70 mil estadounidenses y el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular, son tres elementos que destacan como amenaza inminente contra Estados Unidos en el ámbito de Latinoamérica. Y Samcam destaca el hecho de que la relación política de Nicaragua con Venezuela sea «tan íntima».
Esto se traduce, dice Samcam, que “Nicaragua ya ni puede ser socio de Estados Unidos porque contribuye a los 70 mil muertos por la droga. Es tránsito ahora con la incautación de media tonelada en Chinandega ya es almacenamiento es bodega. Ya no es socio confiable, es peligro para la seguridad nacional”.
“Para nadie es un secreto que por Nicaragua transita muchísima droga y que no es verdad que ese muro de detención detenga el tráfico”, sostuvo Samcam, tras apuntar: “Hay fuertes presunciones de vínculos de las más altas esferas gubernamentales militares y policiales de vínculos con esta gente vía Venezuela. El principal aliado político en la región de Nicaragua es Venezuela”.
Además Samcam resalta el descenso de las incautaciones de droga desde 2007 a 2019 en Nicaragua que sumaron 92 toneladas, mientras en el período 2000 a 2006 las incautaciones fueron de 89 toneladas. Y señala que el Comando Sur menciona que de 2, 300 toneladas de droga producidas en la región, el 90 por ciento pasa por Centroamérica, lo que hace imposible pensar que la droga no pasa por territorio de Nicaragua.
Todo lo contrario ocurre con el dinero que pasa por Nicaragua, y que Samcam dice que “lo que dice la gente esos hallazgos es el peaje por droga, porque nadie deja abandonada millonarias cantidades de dólares”.
Oro y ganado sectores vulnerables
El informe sobre la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes, de la oficina de estupefacientes internacionales y asuntos de aplicación de la ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, destaca que industrias prósperas como el oro y la carne de vacuno constituyen una vulnerabilidad, especialmente para las operaciones a pequeña escala que dependen en gran medida de las transacciones en efectivo.
Mientras la corrupción pública persiste como tipología común de blanqueo de capitales en sectores como construcción y adquisición de bienes y servicios.
Es de destacar, que desde 2014 investigaciones periodísticas confirmaban los vínculos entre el contrabando de ganado desde las zonas montañosas del país con el narcotráfico. La Policía en su momento negó el hecho.
Y en octubre de 2015 trascendió un hecho que ratificaba esas sospechas del trasiego del ganado con droga que va desde Nicaragua hasta Honduras, lo cual era del conocimiento de algunas autoridades de ese país desde 2012, a través de un documento con el testimonio de un policía hondureño que en esa época fue investigado por la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad de ese país, por haber participado en algunos hechos de supuesta corrupción.
El documento en mención el expediente número 0029-2012, de esa secretaría, con el testimonio de un policía clase 1, asignado a la patrulla de carretera de la jefatura departamental número 6, de Choluteca que declaró: “Los policías declararon que en Choluteca hay dos policías de Análisis (… ) quienes son los encargados de cobrar el impuesto que pagan las jaulas que vienen cargadas con ganado de Nicaragua”.
“Este ganado se supone que trae la droga en la panza y esas jaulas son de un señor que supuestamente es narcotraficante”, señala el policía quien además menciona a una persona de apellido Pinto, quien dice “paga diez mil por cada rastra y pasan diario quince rastras”, expresaba el policía hondureño en su testimonio.