A través del Ministerio de Gobernación el régimen ha citado este jueves a tres de los exrepresentantes de lo que fue la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre ellos la precandidata presidencial Cristiana Chamorro a quien le atribuye supuestos indicios de lavado de dinero y que incluso ya informó al Ministerio Público. De esa forma el régimen busca inhabilitar a Chamorro ante una posible candidatura a la presidencia de la República.
Casi al mismo tiempo el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció desde su cuenta de Twitter que la redacción de Confidencial fueron rodeados por antimotines.
En una nota de prensa del Ministerio de Gobernación ha citado a Chamorro, al administrador financiero Walter Gómez y al contador general Marco Antonio Fletes “para responder por las inconsistencias en los reportes financieros período 2015-2019”, señala la nota de prensa del Ministerio de Gobernación.
“La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”, sostiene la nota de esa institución del régimen.
La notificación a Chamorro fue efectuada en su residencia media hora antes de la hora establecida para presentarse. Desde su cuenta de Twitter, Chamorro expresó que “oficiales del MIGOB me entregaron en la puerta de mi casa una notificación para presentarme a las 10:00 a.m. la recibí a las 9:24 a.m”, denunció Chamorro.
El Ministerio de Gobernación invoca las leyes 147 Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, la Ley 977 Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva en su artículo 37 y el Decreto No. 15-2018 Reglamento de la ley 977 en su artículo número 13.
UNAB condena arremetida del régimen
La Unidad Nacional Azul y Blanco condenó la maniobra contra Chamorro y que calificó como arremetida del régimen en contra de la oposición nicaragüense.
«Esta situación demuestra el temor que la dictadura le tiene a la oposición organizada y sus liderazgos. Lamentamos y nos solidarizamos ante esta situación que atenta contra las libertades ciudadanas y demuestran la falta de voluntad política de una dictadura que se encuentra aislada nacional e internacionalmente», dice una nota de la UNAB.
Y agrega: «Con las recientes cancelaciones de personerías jurídicas y la criminalización de opositores, Daniel Ortega demuestra su terror a unas elecciones libres, transparentes y competitivas. Sin embargo, no vamos a dejar que se pisotee la libertad de los nicaragüenses».