Un equipo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), presentó este martes un recurso por inconstitucionalidad por las reformas a la Ley 1060, Código Procesal Penal (CPP), que cambia el período de detención para la investigación de una persona de 48 horas a 90 días.
El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, consideró las reformas como una involución en materia procesal y de derechos humanos pues después de haber avanzado al pasar de 72 horas a 48 horas para que una persona sospechosa de incurrir en un delito pueda ser investigada, ahora pasa a tres meses de detención.
Al tiempo que recordó Cuevas que “la privación de libertad es una medida extrema”, y con esta reforma a pedimento del Ministerio Público un juez puede enviar a un ciudadano hasta tres meses a una celda, y posterior empezar un proceso, apuntó Cuevas.
Las reformas fueron aprobadas en febrero de 2021 y en ese momento causó la reacción de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que se pronunció desde las redes sociales al señalar que las reformas atentan contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación contra uno. Y exhortó al Estado de Nicaragua a revisar esta reforma.
Aplicadas de hecho
Aunque el defensor de derechos humanos recordó, que en los últimos años esto es lo que “de hecho” ha efectuado el régimen y puso dos ejemplos de ello, el de la promotora voluntaria de la CPDH, Ana Cecilia Hooker y Carlos Valle, quienes fueron sometidos a tres meses de cárcel en El Chipote sin que los pusieran a la orden de un juez competente.
Cuando ambas personas fueron arrestadas aún no había sido aprobada estas reformas “imagínense ustedes con esa potestad”, señaló Cuevas, quien dijo, que es por ello que estas reformas preocupan a la CPDH porque existe el temor de que con las reformas “se vulnerarán aún más los derechos de los ciudadanos” como es el derecho a la libertad.
El abogado Eber Acevedo señaló que con las reformas es violentado el artículo 33 de la Constitución el cual establece que todo ciudadano debe ser puesto ante un judicial en el término de 48 horas.
El abogado Frank Flores, por su parte expresó, que si a esa persona no le demuestran que cometió un delito, el Estado no asumirá los daños y el resarcimiento moral para el afectado, y representa un retroceso de décadas de avance del derecho penal en el país.
Los abogados de la CPDH fueron obligados a esperar en la entrada de la Corte Suprema de Justicia desde donde les recibieron escritos.