Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos rechazaron los nombramientos de diez nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y la aprobación de reformas electorales impuestos por el régimen desde la Asamblea Nacional.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ambas decisiones adoptadas desde la Asamblea Nacional demuestran “total desprecio a los llamados de la comunidad internacional”.
Por tanto, el CENIDH condenó la aprobación de las reformas electorales por considerar que “cierran los esfuerzos para restablecer la democracia en el país, atropella los derechos constitucionales y consolida las estructuras para continuar con la carrera de fraudes electorales que ha caracterizado al régimen Ortega Murillo y rechaza la elección de sus nuevos ejecutores”.
La Coalición Nacional calificó las reformas de “antidemocráticas”, pues con la designación de magistrados “fieles a la dictadura y cómplices de fraudes electorales a la medida de Ortega”, estima refuerza la posibilidad de “un fraude o una farsa electoral», que profundizará la crisis actual.
Mantiene represión
La Coalición destaca el régimen mientras mantiene la represión contra los opositores y en la cárcel a más de 100 presos de conciencia, no ofrece ninguna confianza en el proceso electoral, «frustrando la posibilidad de construir una salida cívica y democrática a la crisis».
Por su parte el Bloque Democrático de Centro rechazó la elección de magistrados electorales, que asegura responden exclusivamente a los intereses del régimen, con lo cual refiere “parcializa por completo las estructuras de administración de cualquier proceso electoral”.
Igualmente el Bloque Democrático rechaza las reformas electorales aprobadas este martes porque considera “no abonan a la transparencia e imparcialidad de ningún proceso electoral, no incorporan las sugerencias y recomendaciones elementales de las organizaciones políticas consultadas, no incorporan las recomendaciones de la Resolución de la OEA en Octubre 2020, tampoco las observaciones y recomendaciones de la Unión Europea en 2008, ni en lo que cabe, las recomendaciones de la Conferencia Episcopal en 2014”.
Por su parte la Alianza Ciudadana exigió “que se reabra la vía electoral mediante unas elecciones libres, competitivas, justas y observadas, que son la única vía para superar pacíficamente la profunda crisis nacional”.