La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, mientras Policía asediaba una conferencia de prensa de Carlos Fernando Chamorro. Fotografía: Cortesía CENIDH..
La procuradora general de la República, Wendy Carolina Morales, justificó el acoso y hostigamiento que ha mantenido la Policía contra organizaciones defensoras de derechos humanos, bajo el alegato que son medidas de seguridad para resguardar la vida de los defensores ante posibles agresiones físicas.
La aseveración de Morales fue realizada durante una audiencia pública en el 141 período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para abordar la situación de las medidas provisionales otorgadas al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Durante la audiencia los representantes de ambas organizaciones confirmaron que después de 18 meses de otorgadas las medidas, el Estado no las ha implementado y más bien enfrentan una constante obstaculización de las labores en defensa de derechos humanos, tanto por parte del Estado como por grupos afines al mismo.
Morales llegó a acusar a los defensores de derechos humanos de incurrir en actividades políticas y acusar al abogado de la CPDH, Eber Acevedo de tener antecedentes de hechos delictivos.
Rechaza acusaciones
Durante su intervención la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, refirió que los ataques continúan “aún en esta misma audiencia”, en particular con las campañas de desprestigio, estigmatización y criminalización. Y recordó que el régimen llama a los defensores del CENIDH “enemigos del Estado”, con lo cual les expone, debido a la polarización que el mismo régimen promueve.
Denis Darce, secretario adjunto de la CPDH, rechazó la aseveración de Morales que aseguró la presencia de la Policía en sus instalaciones no obedece a que actúen para cumplir con las medidas provisionales, las que no han rechazado, sino que pidieron garantías específicas del Estado.
“Las acciones que la Policía Nacional ha venido desarrollando de manera permanente y que ha incrementado en términos de violencia y de presencia represiva contra la Comisión, en ningún momento ha sido un mecanismo de protección”, dijo Darce, quien mencionó que la actitud de la Policía cuando les ha hostigado ha sido “agresiva, prepotente e intimidatoria”.
Mientras en los territorios para impedir su labor ha amenazado a los equipos de abogados de apresarlos si no retornan a Managua. Y en un caso en Río San Juan, desplegaron fuerzas de otros departamentos para vigilar el retorno de sus equipos a Managua, denunció Darce quien rechazó la referencia que hizo Morales, sobre el abogado Acevedo al tiempo que demandó el respeto del trabajo de la CPDH.
Darce consideró, que las palabras de Morales confirman la estigmatización contra los defensores de derechos humanos pues su organización actúa apegada a la Constitución Política del país y en las ocasiones que han intentado denunciar la represión sufrida, han sido rechazados de manera prepotente por la Policía, incluso han desplegado antimotines para obligarles a salir.
Sin embargo, Morales sostuvo que la Policía no registra denuncias a los hechos descritos por los beneficiarios como ocurridos en los últimos tres meses.
“En el análisis de las quejas señaladas por los beneficiarios resulta fácilmente perceptible la vinculación de sus quejas con los sucesos acaecidos en nuestro país en abril de 2018, en el que grupos adversos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional gestionaron una serie de hechos delictivos que ocasionaron caos e inestabilidad social económica y política, atentando contra la seguridad ciudadana”, aseguró Morales.
Tras referir la representante del Estado: “En ese contexto lamentablemente fue reconocido y acreditado públicamente las actividades de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua que frecuentemente desempeñan activismo político”.
Y Morales señaló directamente al CENIDH y a la CPDH de valerse de su esquema organizacional para la promoción de campañas de desestabilización en el país, al incitar acciones para generar inseguridad ciudadana, “que en tal condición propiciaron la comisión de actos delictivos llegando al extremo de conminar a las autoridades policiales de no salir de sus unidades y entregar las armas de reglamento a las bandas delincuenciales que azotaban a la población”.
Morales negó además el hostigamiento reciente contra la sede del CENIDH, lo que calificó de “falsas imputaciones” en contra de la Policía, institución que sostiene en todo momento actúa bajo lo que establecen las normas en el país. Y solicitó a la Corte IDH revise medidas provisionales a favor de las dos organizaciones.
CIDH observa lo contrario
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, recordó que los Estados tienen el deber de otorgar garantías efectivas y adecuadas a las y los defensores de derechos humanos para que real icen libremente sus actividades.
Urrejola solicitó a la Corte IDH tome en cuenta los resultados que tendría el amedrentamiento de sus integrantes en la denuncia de violaciones de derechos humanos y que el Estado tiene el deber de aplicar las medidas provisionales en los términos de 2019.
La presidenta de la CIDH expuso, que a tres años de la crisis en el país continúa el deterioro de las condiciones de inseguridad en que laboran los defensores de derechos humanos en Nicaragua, quienes enfrentan agresiones, amenazas, intimidaciones y otros casos de violencia cometidos en su contra tanto por grupos simpatizantes del gobierno como por agentes de la Policía
Urrejola manifestó, que le preocupa también la persistencia de actos tendientes a coartar la capacidad de las organizaciones de derechos humanos para cumplir con su legítima labor de defensa entre ellas la ocupación de las sedes de las ONGs desde 2018 y que la situación enfrentada por el CENIDH y CPDH, está enmarcada en este contexto.
Urrejola destacó el rol que cumplen el CENIDH y CPDH, por el rol de monitoreo de la represión en Nicaragua, que consideró es irremplazable ante el cierre de espacios democráticos, pues ambas son de las pocas organizaciones que mantienen esa labor en el terreno.
La CIDH observa que continúa vigente la situación de riesgo de ambas organizaciones y destacó el hecho enfrentado por los defensores del CENIDH en abril pasado cuando unos 50 policías, una mayoría de las tropas especiales portando fusiles AK 47, asediaron ese local, lo que para Urrejola el uso de armas de guerra, la cantidad de agentes especializados en número desproporcionado, representó que fue “con fines claramente intimidatorios”.
En el caso de la CPDH, en abril de 2021, patrullas policiales rodearon la sede de la CPDH, mientras grupos de choque tomaron fotografías a miembros del equipo y personas que asistieron al evento.
Estos hechos “son reflejo de un contexto mayor” que han sido documentados por la CIDH y que consideran tienen como fin obstaculizar la actividad de ambas organizaciones, afirmó la presidenta de la CIDH.
Expuesta al escarnio
Núñez puso de ejemplo, situaciones a las que ha sido expuesta como la ocurrida en abril 2021 cuando el canal 4 de televisión, propiedad de la familia Ortega Murillo, nuevamente transmitió una entrevista efectuada en octubre de 2019 a a un diputado oficialista en la se le atribuyó “inventar los muertos” en abril de 2018. Lo que considera “un ataque directo del Estado estigmatizándome como una delincuente”.
Al tiempo que mencionó lo que califica de una persecución constante con cámaras y teléfonos celulares, a actividades personales como ocurrió cuando acudió a un centro de salud para que le aplicaran la vacuna contra COVID-19, “realizando escarnio con mi imagen” en las redes sociales.
Campaña continúa
Por su parte, Gonzalo Carrión, beneficiario de las medidas provisionales denunció que pese a que fue obligado al exilio ante la persecución que enfrentaba, “los ataques en redes sociales, las campañas de hostigamiento y criminalización por parte del Ejército vinculada a nuestra labor en defensa de los derechos humanos no han cesado”.
“En 2020, el director de una radioemisora afín al Gobierno afirmó que en el año 2018 recibí 200.000 dólares a nombre de otra organización, hecho que es absolutamente falso porque en ese entonces aún estaba en Nicaragua, de modo que se trata de un ataque que pretende estigmatizar y generar animadversión en nuestra contra por la labor de defensores”, denunció Carrión.
Los ataques a través de redes sociales que ha sufrido Carrión han incrementado, al llamarlos como “apátridas que jamás podrán vivir con tranquilidad en Nicaragua”, al tiempo que han revivido las campañas de criminalización en su contra iniciadas a finales de 2018 que es forzó al exilio.
También denunció Carrión, que a partir de diciembre de 2020, desconocidos presuntamente afines al régimen se han dedicado a vigilar la casa de habitación de su familia en Managua. Igualmente un grupo de personas motorizadas ha ingresado en reiteradas oportunidades al conjunto habitacional donde está su domicilio, con el objetivo de tomar fotografías a su vivienda. Esta situación, dijo Carrión, les imposibilita pensar en un retorno al país.
También con leyes
Claudia Paz y Paz, representante de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), recordó que “una nueva amenaza se cierne de sobre todos los defensores de derechos humanos en Nicaragua con la aprobación de leyes que contravienen la Convención Americana, y además busca limitar, abolir y deslegitimar la labor de defensa de los derechos humanos”.
Paz y Paz, mencionó la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, “dirigida a personas que obtengan financiamiento extranjero para realizar actividades que deriven en lo que sea considerado como injerencia ‘en los asuntos internos y externos de Nicaragua’”.
“Esta ley prevé que aquellas personas que sean consideradas como agentes extranjeros que se nieguen a inscribirse en el registro creado por el Ministerio de Gobernación, podrán ser acusados penalmente por delitos contra la seguridad del Estado y se les podrá prohibir el desarrollo de sus labores”, explicó la representante de Cejil, quien explicó que la legislación no define aquellas conductas que implicaría una intervención en temas de política interna y externa, dejando al arbitrio de la autoridad su interpretación.
Por lo que considera Paz y Paz, que una interpretación amplia y arbitraria de los términos “cuestiones, actividades o temas de política interna” podría ser utilizada por el Estado para limitar las labores de defensa de los derechos humanos en general y así continuar propiciando el cierre de espacios democráticos en Nicaragua.