Los más de 500 nicaragüenses varados en Peñas Blancas solo tienen acceso al agua por las donaciones que les llegan, pues el régimen no conforme con impedirles el ingreso a su país también mandó a cerrar las llaves del servicio del vital líquido en esa zona.
Ana Quiroz explicó, las condiciones precarias en las que permanecen los migrantes nacionales que corren el riesgo a contraer enfermedades, pues permanecen “en un galillo contra la pared”, de unos cinco metros de ancho por cien de largo, a la intemperie, algunos bajo champas de plástico negro y únicamente tienen acceso a un servicio higiénico.
Recordó Quiroz, que en los grupos que están varados en otros puntos de la región ya han identificados casos de personas contagiadas con COVID-19; por lo que “es uno de los temores que tenemos con relación a estas más de 500 personas que hay en Peñas Blancas, por cuanto allí el aislamiento y la protección personal son prácticamente imposibles”.
Destacó la labor humanitaria de la Cruz Roja costarricense que señaló es un trabajo que debería haber efectuado la Cruz Roja Nicaragüense. “No sabemos si es por una decisión de la institución o si es decisión del gobierno de no dejarles llegar hasta las personas que están en esa condiciones”, dijo Quiroz.
Visa de COVID-19
Luciano García, en el exilio en Costa Rica, por su parte expresó, que el régimen Ortega Murillo les ha pedido a los migrantes nicas la prueba de negativa de COVID-19, como “una especie de visa a sus propios ciudadanos lo cual está totalmente en contra de la Constitución. Es increíble como un régimen puede pedirla a sus propios ciudadanos una visa de entrada que ellos mismos la denominan visa de COVID-19”.
El otro gran detalle importante es que hay que ver es que Nicaragua no está permitiendo…el único acceso de ayuda que nicaragüenses tienen es del lado tico, aunque están en la línea fronteriza hacia Nicaragua, con presencia de antimotines que no permiten ingreso de ayuda desde el lado de Nicaragua.
A su vez García, indicó que la situación se agrava con la presencia de los antimotines por lo que los nacionales no pueden caminar unos 20 metros.
Violeta Granera del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), explicó las gestiones con organizaciones a fin de conseguir apoyo económico para pagar que un laboratorio pueda viajar a las fronteras y realizar las pruebas de COVID-19 a los migrantes. Pero hasta ahora solo cuentan con el dinero para 66 pruebas de más de 500, por tanto no pueden decir cuándo empezarían a hacerlas.
Refirió que Costa Rica ya ha anunciado que está dispuesto a recibir a los nacionales que según la prueba resulten positivo de COVID-19 y puedan atenderse en ese país. Y los que salgan limpios el régimen de Nicaragua no tendría excusa para seguir negando su ingreso.
Félix Maradiaga cuestionó que ya se han registrado casos donde los nicaragüenses que han pretendido ingresar a territorio nacional a través de puntos ciegos han sido perseguidos por el Ejército de Nicaragua.
Maradiaga señaló que desde el punto de vista constitucional no existen antecedentes que explique que un nicaragüense no pueda entrar a su casa, pero en las últimas semanas han documentado al menos cuatro casos de nicaragüenses que han sido detenidos y expulsados a zona costarricense.
“Esta es una violación directa a los derechos constitucionales y una prueba más de la partidización del Ejército de Nicaragua que ha perdido toda su independencia y su profesionalismo”, criticó Maradiaga.
Corredor humanitario
La situación de los migrantes varados en Peñas Blancas no es única. En diferentes puntos de la región incluidas las islas del Caribe, hay nacionales que han pedido apoyo para retornar a su patria sin obtener respuesta.
La Unidad nacional Azul y Blanco realiza otras iniciativas de apoyo a los migrantes nicaragüenses varados en distintos puntos de la región, entre las que destacan gestiones con organizaciones internacionales a fin de que sea creado un corredor humanitario que les permita un retorno seguro al país.
“Este es quizás el acto masivo más inhumano que ha hecho el régimen, estamos considerando y lo hemos visto a través de nuestros compañeros en los respectivos países, la situación inhumana en que están, pero también la angustia que tienen y las razones por las que están queriendo volver que están en total indefensión debido a la situación económica en otros países”, dijo Granera.
La Unidad Nacional Azul y Blanco gestiona ante organizaciones internacionales y de gobiernos a favor de los migrantes nicaragüenses varados en distintos puntos de la región a fin de que sea abierto un corredor humanitario que les facilite las condiciones de retorno a Nicaragua.
Centenares de migrantes nacionales siguen varados en fronteras de Honduras, Guatemala, todavía queda una buena cantidad en la frontera de Panamá y Costa Rica; además de unos mil que todavía permanecen en las islas del caribe sin poder ingresar al país.
Maradiaga recordó que unas 500 nicaragüenses están en la Isla Gran Caimán que desde hace varios meses intentan ingresar, de esos 105 cuentan con el transporte para realizarlo. Estos tienen las pruebas de COVID-19 que fueron asumidas por instancias locales en la isla.
Sin embargo, el régimen ha establecido nuevos requisitos, como una constancia de que cuentan con el transporte terrestre para llegar a sus hogares una vez hayan ingresado a territorio nacional, lo cual es violatorio a sus derechos como ciudadanos nicaragüenses.
Embajadas elefantes blancos
Violeta Delgado, mencionó que en el caso de un primer grupo de 44 nicas migrantes que viajó de Guatemala y de tránsito por Honduras han sido apoyados por organizaciones de derechos humanos y, de iglesias que inclusos les facilitaron las pruebas de COVID-19, alimentos y transporte.
Destacó que estos grupos que han pasado por esos territorios han tratado de hacer gestiones previas con las embajadas de Nicaragua que consideró “son elefantes blancos”, pues no contestan, les cierran las puertas en la cara, les tiran los teléfonos o los bloquean.
Y son funcionarios pagados con impuestos de los nicaragüenses “tirándoles la puerta en la cara” a los nacionales que les piden ayuda, criticó Delgado.
Marlon Caldera, resaltó que actualmente hay unos 77 migrantes nicas que están en el sector del Florido, entre los departamentos de Chiquimula y Copán, Honduras, donde han permanecido durante once días y en su mayoría son adultos mayores con enfermedades crónicas y permanecen en los corredores de las oficinas de Migración del lugar.
Igual estas personas sobreviven gracias a la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos y de la iglesia Católica.