Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trabajar una propuesta de ley para condenar a cadena perpetua a los violadores y quienes cometan “crímenes de odio” en Nicaragua.
La iniciativa del régimen supuestamente motivada por el reciente asesinato y violación de dos niñas en el Municipio de Mulukukú, fue anunciada este lunes en su alocución acostumbrada del mediodía por la vicepresidenta, Rosario Murillo.
“Nuestro comandante Daniel, el Presidente de la República, nuestro Gobierno ante la crueldad de esos ataques y crimines cometidos contra ciudadanos, contra niños, contra adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales y culturales, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia trabajar una propuesta que aborde integralmente de manera preventiva y penal estos crímenes atroces castigando severamente a los autores”, expresó Murillo.
Estado no ha afrontado debidamente la violencia machista
Para la feminista María Teresa Blandón, la iniciativa anunciada por Murillo es un intento desesperado, tardío e inadecuado para hacerle frente a las críticas y a las denuncias a nivel nacional e internacional por la forma del gobierno de Ortega de afrontar la violencia machista en el país.“
Desde muchos años las feministas hemos venido denunciado que el régimen de Ortega y Murillo había desmontado la ruta institucional para que las víctimas pudieran acceder a la justicia, que había clausurado las Comisarías de la Mujer, que había superpuesto un reglamento a la Ley 779, vulnerando la naturaleza de la propia ley”, destacó la feminista.
Blandón, además recordó que el régimen impusó a las víctimas la mediación, que en la mayoría de los casos derivo en impunidad. “Las víctimas obligadas a disculpar, a perdonar a sus agresores por mandato Estatal, hay casos documentados en que las víctimas obligadas a mediar luego fueron asesinadas”.
A partir del estallido de la crisis socio política de abril 2018, la situación de violencia contra las mujeres se volvió una práctica común, porque como han documentado organismo de Derechos Humanos, incluyendo el Tribunal de Conciencia que sesionó en Costa Rica recientemente, el propio Estado no solo es cómplice por omisión y por generar la impunidad, sino que también es perpetrador de la violencia contra las mujeres, puesto que hay policías y paramilitares que utilizaron la violación como un método de tortura y represión.
Marco legal vigente no se cumple para proteger a las mujeres
Para Martha Flores, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir esta propuesta es una farsa porque mientras habla de intensificar el castigo, por otro lado pone en libertad a miles de violadores y femicidas, promoviendo así la impunidad.
Flores, explica que no se trata de leyes, porque Nicaragua ya cuenta con un marco legal que incluye la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, pero que los operadores de justicia no la cumplen con rigor.
Lo que en verdad se necesita en un compromiso político con conciencia para afrontar esta situación de violencia, dijo Flores.
Por su parte Vilma Núñez, Directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), declaró a República 18, que esta propuesta lleva implícita una mentalidad perversa de Daniel Ortega, quien ante el rechazo y el estupor que ha causado el último crimen contra dos niñas, quiere aprovechar para impulsar otro tipo de reformar, “cuidado para posponer elecciones o para perpetuarse en el poder”.
Núñez, ve peligroso que habrá este tipo de reformas con órganos legislativos que están completamente subordinados a Daniel Ortega y que forma parte de brazos represores del régimen.
De acuerdo a Vilma Núñez no se necesita reformar leyes para aplicar cadena perpetua, ya que eso se hace en la práctica, y lo ejemplificó con los casos de Sebastián Flores Castillo, hermano de joven que acusó de abuso sexual a Daniel Ortega y Marvin Vargas Herrera, el excachorro de Sandino que lleva encarcelado desde hace 9 años y quien pese a haber órdenes de libertad a su favor continúa en prisión.
Tomado de República 18
Defensoras: propuesta de cadena perpetua es una farsa