Defensores de DD.HH califican de doble discurso propuesta de cadena perpetua

El régimen ha instruido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para «penalizar con cadena perpetua» delitos de violación o crímenes contra menores, que ha calificado «como de odio». No obstante, defensores de derechos humanos recuerdan que para ello, el régimen necesitaría reformar la Constitución y el Código Penal y esta iniciativa no le compete a la Corte Suprema de Justicia.

En su alocución del medio día desde sus medios oficialistas Rosario Murillo, que hace de vocera del régimen, dijo que esto es en respuesta a «petición de la ciudadanía», tras el asesinato de dos niñas en una comunidad de Mulukukú, «por un perturbado mental»

Y por eso aseguró, que Daniel Ortega, «ante la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, contra niños, contra adolescentes (…), jóvenes adultos y adultos mayores, por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales o culturales ha instruido a la Corte Suprema de Justicia trabajar una propuesta que aborde integralmente de manera preventiva y penal estos crímenes atroces castigando severamente a los autores».

Murillo reiteró que Ortega «ha orientado a las autoridades de la Corte Suporema de Justicia, proponer una reforma a las leyes pertinentes necesarias para proceder a remitirla a la Asamblea Nacional proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes que no corresponden con la cultura nicaragüense».

Tanto la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, como el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, refieren, que para imponer cadena perpetua el régimen tendría que reformar la Constitución Política.

Con esto le estaría dando el régimen mayor poder a la Corte Suprema de Justicia que formalmente no tiene poder de iniciativa para proponer reformas a la Constitución, aseguró la presidenta del CENIDH que explicó que una iniciativa de este tipo solo lo puede hacer «la gente, los diputados y el mismo Daniel Ortega».

Para establecer la cadena perpetua también tiene que haber una reforma penal, que establece las penas, señaló Núñez, quien recordó que «en Nicaragua así como no existe la pena de muerte no existe la cadena perpetua», lo que consideró esto demuestra el nivel de ignorancia y abuso de autoridad de parte del régimen.

Vilma Núñez de Escorcia / Archivo

Aunque Núñez apuntó, que «aquí uno ya no puede argumentar legalmente como abogados, quedamos en ridículo argumentando que la ley dice esto…aquí no existe ley para que se aplique».

Hay cadena perpetua de hecho

Para la defensora de derechos humanos, decir que instruyó a la Corte Suprema de Justicia «es un abuso es como que está barriendo las calles de Managua con la Corte Suprema al decir que le va a dar instrucciones a la Corte Suprema para que haga tal cosa», dijo Núñez quien consideró que «al primero que le tendrían que poner cadena perpetua es al violador Daniel Ortega».

Tras referir la presidenta del CENIDH que «aquí estamos en riesgo de cualquier cosa», y recordó y recordó que en el país «de hecho» ya hay reos a los que el régimen les ha impuesto cadena perpetua como Santos Sebastián Castillo y Marvin Vargas, conocido como «El Cachorro».

«Esta propuesta de modificaciones a las leyes para castigar severamente los delitos que contravengan el derecho de todos a la vida y a la convivencia armoniosa y segura, ratifica el compromiso de castigar delitos de lesa humanidad», afirmó Murillo.

Cuevas por su parte recordó, que la pena máximas en el país es de 30 años, según la Constitución «que ellos mismos hicieron, donde habla que en Nicaragua no existe cadena perpetua».

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH. Fotografía: Archivo

Está más que probado «que un transgresor de la ley muestra en prisión no resuelve el problema delictivo», dijo Cuevas quien señaló que la violencia contra las mujeres por ejemplo, es consecuencia de un patrón cultural muy arraigado en la sociedad «y las autoridades solo se han cruzado de brazos a decir cosas bonitas y a propagandizar el combate a ese flagelo pero que en realidad no han hecho nada».

El defensor de derechos humanos consideró que «los malos patrones culturales se cambian provocando una involución de ese patrón cultural». Y para ello en los programas educativos desde preescolar debería darse prioridad al cambio de la cultura machista.

Sin embargo, en los programas educativos del Ministerio de Educación (MINED), en los últimos diez años «el ahínco de las autoridades es el adoctrinamiento político partidario y no el cambio de conducta para desterrar los patrones culturales machistas», criticó Cuevas.

Discurso hipócrita

«Aquí podrán ejecutar, no se, hasta cien violadores, femicidas etc…, y eso no va a cambiar la conducta, yo estoy seguro de eso ¿por qué? Porque es un problema cultural, eso es populismo, un discurso hipócrita», sostuvo Cuevas quien basó estas afirmaciones en hechos que ha conocido como defensor de derechos humanos.
Mencionó un caso reciente que conoció sobre la violación de una niña por su padre, y la madre que busca sacarla del país, denunció que el hombre pese a que fue condenado a 20 años, solo estuvo un año preso pues «salió en los famosos beneficios de convivencia familiar».

«Es una intención perversa porque ha quedado más que demostrado que el gobierno no tienen la más mínima intención de parar esta ola de crímenes, porque si fuera así no estuviera sacando el montón de gente sin que termine el proceso de reinserción», dijo Cuevas quien indicó que ha escuchado a otras organizaciones de la sociedad civil denunciar la salida de violadores en esos grupos de reos comunes liberados.

Por tanto adelantó: «Lo que va a pasar es que van a procesar por delitos sexuales a opositores para luego mandarlos a cadena perpetua».

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