La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), sostiene que «el prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua, ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos en el país, así como en la generación de una situación de impunidad estructural respecto las graves violaciones a los derechos humanos cometidas».
Durante 2019 la CIDH observó en Nicaragua «la persistencia de un contexto que limita el libre ejercicio de los derechos humanos», impide el pleno restablecimiento del Estado de Derecho y continúa la impunidad de los graves hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2018.
En su Informe anual correspondiente al capítulo sobre el país, la CIDH refiere que durante ese período ha constatado la continuación de la represión estatal contra las voces disidentes al régimen y en perjuicio de quienes intentan denunciar y documentar la crisis en el país. Mientras sigue sin garantizar las condiciones para el retorno a una institucionalidad democrática mediante el pleno respeto al principio de la separación de los poderes del Estado.
Según la Comisión, «ha seguido con especial atención el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, desde el inicio de los actos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 en el marco de la represión estatal a las protestas», que dejó como resultado la muerte de al menos 328 personas, entre ellas, al menos 24 niñas, niños y adolescentes más de 2,000 personas heridas.
Y hasta el 31 de diciembre, al menos 65 personas permanecían privadas de libertad en calidad de presos y presas políticas; 405 profesionales despedidos y la migración forzada de nicaragüenses habría alcanzado más de 96,996 personas según La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de las cuales 77, 502 desplazadas hacia Costa Rica.
La CIDH aseguró en su informe que ha documentado «la persistencia de violaciones graves a los derechos humanos en Nicaragua ocurridas bajo patrones que indicarían características de sistematicidad. De manera particular, la CIDH observa que, tanto los esfuerzos estatales para cerrar los espacios de denuncia como la prolongación del estado de excepcionalidad, han derivado en el recrudecimiento de la situación de la libertad de expresión en el país, así como en el empeoramiento de las condiciones de las personas defensoras de los derechos humanos, las personas privadas de la libertad, la población campesina identificada como opositora al Gobierno y; de las personas que fueron excarceladas como resultado de la Mesa de Negociación».
Régimen mantiene discurso del fallido golpe de estado
El régimen en representación del Estado de Nicaragua, alegó en sus observaciones al informe que “el enfoque de la CIDH continúa siendo alejado de la realidad, con visión parcializada y sesgada porque minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional, calificándolas de supuestas ‘protestas pacíficas’».
Al tiempo que acusa a la CIDH de repetir, sin verificar, «noticias falsas contra el Estado de Nicaragua haciendo señalamientos de manera irresponsable y con ligereza sin ninguna prueba, a pesar de los constantes informes objetivos de aclaración que el Estado ha brindado a la CIDH”. Y reitera su alegato de»fallido intento de golpe de Estado», del que responsabiliza a grupos políticos internos y externos, respaldados por sectores empresariales y religiosos.
“En todo el informe se omiten de forma deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, robos con intimidación, incendios, extorsiones y otros delitos de crimen organizado, con la utilización de armas de todo tipo, incluyendo armas de guerra perpetrados por los supuestos ‘protestantes pacíficos’ desde los más de 1,300 tranques de la muerte, que paralizaron el país e impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos”, aduce el régimen en sus observaciones al informe de la CIDH.
No obstante, la CIDH expresó que para la inclusión del Estado de Nicaragua en el Capítulo IV sección B, de su Informe Anual 2019, ha tomado en cuenta la información sobre «los patrones de violaciones al debido proceso atribuibles a la falta de independencia del Poder Judicial nicaragüense; la evidencia respecto a la coordinación entre la Policía Nacional y grupos de personas identificadas como simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a líderes sociales, religiosos, personas excarceladas o personas identificadas como opositoras al Gobierno; la falta de debida diligencia del Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones respecto los hechos de violencia denunciados y; la percepción del funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena alineación con el Ejecutivo, al dictar un conjunto de normas cuyos efectos en la práctica tendrían por finalidad dificultar el esclarecimiento de la verdad y dejar en el olvido a las víctimas de la represión estatal, a sus familiares y a las personas que permanecen privadas de libertad».
Asamblea Nacional alineada con el Ejecutivo
En cuanto a la Asamblea Nacional le señala plena alineación con el Ejecutivo, por ejemplo, respecto la aprobación de los decretos de disolución forzada de nueve organizaciones defensoras de derechos humanos dictados como represalia a su trabajo por denunciar la grave situación del país, facilitó la aprobación expedita y en completa ausencia de procesos amplios de consulta de un conjunto de leyes que resultan incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión iniciada el 18 de abril de 2018, también renovó el mandato de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, instituida el 27 de abril del 2018, «cuya eficacia ha sido permanentemente cuestionada por la falta de participación de la sociedad civil y los familiares de las víctimas en creación y designación de sus miembros».
En el caso de la Comisión de la Verdad destaca que al finalizar su visita al país, en mayo de 2018, la CIDH manifestó que con el fin de garantizar su legitimidad, el régimen debía asegurar ciertas condiciones mínimas para el establecimiento y funcionamiento de la Comisión de la Verdad como la definición de su mandato y funciones con la participación de todos los sectores sociales, tomar medidas para asegurar su independencia e imparcialidad, y establecer claramente los procesos para investigación, las que no fueron cumplidas por el Estado.
«La Comisión lamenta la perpetuación de la tesis sobre un ‘fallido intento de golpe de Estado en Nicaragua’ por parte de la Asamblea Nacional, misma que desconoce a la amplia mayoría de las víctimas de los hechos ocurridos en el país desde el 18 de abril de 2018 y, desde luego, coloca en duda el funcionamiento autónomo de dicho órgano frente al Poder Ejecutivo. Asimismo, la CIDH insiste en la importancia de la separación de Poderes mediante un sistema de frenos y contrapesos con el fin de garantizar un efectivo control entre las diferentes ramas del poder», destaca la CIDH.
Durante 2019 la CIDH publicó 32 comunicados de prensa a través de los cuales expresó la preocupación «por la continuación de la represión estatal que mantiene en una situación crítica el goce y ejercicio de los derechos humanos de la población nicaragüense». También adoptó catorce resoluciones de medidas cautelares, para proteger de manera directa a 69 personas que se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos humanos. Y por la situación de extrema gravedad y urgencia de algunas personas beneficiarias, la CIDH presentó tres solicitudes de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
«Como lo ha expresado en otras ocasiones, la CIDH recuerda que la gravedad de la crisis que atraviesa el país impone obligaciones especiales al Estado de resolver los conflictos y encauzar un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo. Para ello, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación», señala la CIDH.
La CIDH también ha valorado el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en el contexto de la crisis y de las 15 recomendaciones formuladas, tanto en sus Observaciones Preliminares como en el Informe de su visita al país, para la inclusión del Estado nicaragüense en el Capítulo IV, Sección B.