Vendedores ambulantes, trabajadores y el coronavirus

Por  Oscar-René Vargas  

Las expectativas de la economía nicaragüense para este año 2020 continúan en deterioro en medio de la pandemia del coronavirus, por lo que anticipamos una profundización de la recesión en el 2020 con una caída mayor al año 2018. Entre los factores que más pueden profundizar la recesión están: la crisis de la economía mundial, la incertidumbre sobre la situación económica centroamericana, la situación política local y el mal manejo de la crisis sanitaria.

Es cierto que la crisis sanitaria derivada del coronavirus, en el largo plazo, será transitoria, temporal; pero, estará presente en todo el año 2020. De esta crisis, el régimen y los poderes fácticos de máximo poder pretenden construir un nuevo orden sociopolítico, nada transitorio.Todos los días, miles de personas en el país deben salir a procurarse ingresos para hacer frente a gastos de la vida cotidiana, ya que sólo tienen espacio laboral en las calles. En tiempos de pandemia, la población que vive al día está más expuesta a los estragos del coronavirus. Viene lo más complicado del coronavirus y se nos va a venir muy fuerte la crisis económica.

Los vendedores ambulantes serán víctimas indirectas del coronavirus. Son gente que se gana la vida ofreciendo raspados, sorbetes, helados, verduras, enchiladas, frutas, diferentes productos, etcétera. Todas estas personas que viven del día a día son las que ya debieran estar protegidas en un plan gubernamental.  Es decir, las centenas de miles de conciudadanos que se mueven en la economía informal no pueden aislarse y guardar cuarentena, porque, de hacerlo, ¿Cómo van a cubrir los gastos diarios?, ¿Qué opciones viables tienen si se confinan en sus pequeñas casas, o cuartos, y carecen de ingresos para enfrentar la emergencia sanitaria?

 No es irresponsabilidad lo que les impele a salir y ofrecer alguna mercancía o servicio, es que no tienen opciones reales ante las cuales una persona puede elegir. Es sabido que nuestro país tiene alto porcentaje de población en la informalidad. De acuerdo con cifras de 2018, de cada 100 personas de la población económicamente activa (PEA), 76 trabajan en la economía informal. Es decir, 76 nicaragüenses en edad de trabajar están empleados en actividades no reguladas o bien en empleos que no generan prestaciones, apoyos económicos, ni otro incentivo marcado en la ley.

Implementar políticas a favor de mayorías

 El tiempo apremia para poner en práctica políticas que protejan a los desprotegidos de siempre. Los golpes brutales a la población que sobrevive en la informalidad económica solamente pueden ser aminorados con programas urgentes que tengan en cuenta subsanar necesidades básicas para evitar pánico, exasperación y consecuentes acciones desesperadas. La tarea no es para nada fácil, requiere creatividad y atinada estrategia por parte del gobierno.

Por otro lado, hay tomar conciencia que ya están en crisis los micro, pequeños y medianos negocios y/o empresas, todos ellos enfrentan una situación difícil. Las panaderías, farmacias, tiendas, pulperías entre otros negocios; su situación económica es complicada, porque viven, también, al día y no hay afluencia de gente. Es una verdadera crisis. La crisis no sólo pandémica, sino política y económica. La situación está siendo muy complicada sostener la alimentación de las familias, principalmente de los trabajadores de estos tipos de negocios.

 Trabajadores, micro y pequeños empresarios y vendedores ambulantes se van a ir de manera natural a sus casas, ante la poca actividad económica. A la micro, pequeña y mediana industria no le alcanzaría para aguantar un mes más de operación, pueden ir a quiebra lo que significa mayor desempleo y menos consumo. No hay que olvidar que el 93 por ciento de las empresas de Nicaragua están conformadas por las micro, pequeñas y medianas, son las generan la mayor cantidad de empleo en el sector industrial.

Las empresas indispensables son aquellas que generan empleos. Desde la mediana empresa hasta la pulpería de la esquina. Es necesario que el gobierno crea un fondo de préstamos para las MIPYMES. Sin empleo no hay consumo y se profundiza la recesión. Producto de un acuerdo tripartito (empresa, gobierno, sindicatos), las empresas de las Zonas Francas, pueden suspender colectivamente a los trabajadores de sus empresas de forma temporal; sólo se requiere solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo, ya que previamente los sindicatos oficialistas han aceptado esa medida. En base a ese acuerdo tripartito la empresa puede enviar a los trabajadores con solamente 6 días de salario.

 Hasta el 04 de abril y de acuerdo al monitoreo de Sandra Ramos el número de trabajadores enviados a su casa bajo diferentes modalidades (vacaciones, permiso especial con el pago del 50 por ciento del salario mínimo, suspensión colectiva y despidos) llegó a la cifra de 64,750 trabajadores. Es decir, la mitad de la población laboral de las zonas francas. A eso hay que sumarle los empleos indirectos que son afectados.

De tal manera que, los trabajadores llegarían a sus hogares con un ingreso promedio de mil ciento cincuenta y tres córdobas (C$ 1,153.00 córdobas), monto insuficiente para comprar una canasta básica alimenticia de 23 productos que es de C$ 5,000.00 córdobas mensuales y representa menos del 10 por ciento de la canasta básica de 53 productos que se sitúa en más de C$ 15 mil córdobas mensuales. Esto significa que más de medio millón de personas, dependientes de los trabajadores de las zonas francas, pueden entrar en condiciones de pobreza o extrema pobreza. La pandemia está mostrando la necesidad de cambiar profundamente la correlación de fuerzas sociopolíticas dentro del país, a fin de eliminar la excesiva influencia política y económica de unos intereses particulares que obstaculizan alcanzar el bien común.

 La gravedad del problema actual es que se requiere unos cambios más sustanciales en el ordenamiento económico y político de la sociedad en la que vivimos de los que ahora se están considerando. La evidencia de ello es abrumadora. Así de claro. No hay duda de que el futuro será distinto: cambiará el país. Y la tolerancia hacia el poder del régimen Ortega-Murillo se desvanecerá. Estamos siendo testigos de una aceleración del fin del régimen autoritario, fruto de la urgencia de un cambio político que implemente una política sanitaria en concordancia a las recomendaciones internacionales.

Un componente fundamental de este liderazgo errático ha sido no solo la no adopción de medidas de distanciamiento social (necesarias, pero insuficientes), también, es importante tener una estrategia para enfrentar las repercusiones económicas, sociales y políticas del coronavirus.Es el momento de luchar contra la estrategia política del régimen en la gestión de la pandemia, caracterizada por su autoritarismo, el pensamiento mágico y la actitud irresponsable.

 Urge una solución política ante el fracaso del régimen en la crisis de salud, se hace necesario apartar a Ortega-Murillo del poder, por su incapacidad para gestionar la crisis sanitaria por el coronavirus, al incumplir las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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