Bajo una manipulación de las cifras el Ministerio de Salud (MINSA), reconoció este jueves un nuevo caso confirmado de COVID-19, que sería el séptimo caso de contagio aceptado por el oficialismo. Y es una señora de 39 años, que reiteró esa institución «también caso importado», en situación «delicada, atendida y estable».
«Hoy tenemos en total cuatro personas con COVID-19», indica la nota de prensa el MINSA. En realidad lo que hay es un séptimo caso confirmado, de los cuales tres siguen enfermos, dos recuperados y uno fallecido. Pero la forma en que presentan las cifras se presta a confusión entre los casos nuevos con los anteriores.
En tanto de los cuatro en seguimiento, asegura el MINSA en su nota, uno de ellos ya superó el período de observación reglamentaria, por lo que quedan tres en seguimiento «responsable y cuidadoso»
Estar informados es un derecho
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, abordada antes del último reporte del MINSA, recordó que los nicaragüenses tienen derecho «a estar bien informados», además del derecho que tienen a la salud y a la vida, por lo que «la falta de información es una exposición a personas al peligro, al peligro de muerte».
La experimentada defensora de derechos humanos puso como ejemplo, los datos que oficialmente se conocen del paciente conocido como caso sexto, que el MINSA lo presentó como importado, cuando está confirmado, dijo, que es un taxista, que reside en el barrio 3-80 y quien permanecía en el estacionamiento del centro comercial Metrocentro a espera de usuarios «y a toda su familia la tienen encerrada».
«Al no darle a la gente una información veraz, no toma las medidas correctas que debería tomar (…) lo ocultan», dijo Núñez, quien se adelantó a explicar que el hecho de ofrecer este tipo de información no puede interpretarse ni discriminatoria ni estigmatizante, pues no proporciona la identidad del paciente, sino que sirve para que otras personas adopten medidas de seguridad contra el contagio.
Sin embargo, indicó Núñez, con la forma de secretismo de la pandemia, lo que hacen es afectar «el estado psíquico y emocional de las personas, es una situación de incertidumbre y su comportamiento constituye una tortura sicológica (…) es criminal».
«Ya mandan a la gente a contagiarse, le prohíben hacer actividades de protegerse. Mientras ellos están aislados por el contacto que tuvieron con Ossiel», indicó Núñez quien considera que con esta actuación el régimen violenta los derechos humanos de los nicaragüenses por acción y por omisión.
Mientras, «hay una ausencia total de autoridad, no es porque físicamente no aparece ese hombre (Daniel Ortega), sino porque no da a conocer un plan, todo es secretismo, todo es mentira, todo es contradicciones y es impresionante como mantiene la decisión de centralizar todo», señaló Núñez, tras referirse a las 26,000 pruebas para el COVID-19, entregadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Ministerio de Gobernación, cuando el que debería acudir allí era el MINSA, aseguró «demuestra el centralismo» y el control que busca mantener, pues asegura que este «es quien rectorea todas las fuerzas de choque y está creando un conflicto donde está induciendo al Ministerio de Gobernación cometer el delito de usurpación de funciones, porque las funciones esas, le corresponden al MINSA. No es que creamos en el MINSA, ya sabemos que es otro mentiroso, es con mucha información contradictoria y ridícula. (Al decir) todo el mundo está estable, es una barbaridad».