De los 110 presos políticos que guardan prisión en el país, 31 de ellos fueron recapturados y otros 13 guardan prisión desde abril de 2018, quienes son sometidos a todo tipo de represalias y violaciones a sus derechos humanos al igual que en contra de sus familiares.
Es parte de la denuncia realizada por diversas organizaciones en audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Situación de las personas privadas de libertad en Nicaragua presentada por Ana Bolaños, de Instituto de Igualdad y Derechos Humanos, Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Elthon Ortega y Rosario Flores, de Unidad de Defensa Jurídica, quienes describieron una serie de violaciones físicas y sicológicas contra los presos políticos en las cárceles del país.
Por ejemplo, mencionan alimentación en mal estado, y/o mezclada con vidrios y virutas de hierro, sometimiento a interrogatorios desgastantes, golpes, utilización de grilletes, confinamientos prolongados en celdas de castigo, amenazas por parte de custodios, negativas de visitas de familiares o de horas de sol.
Esto llevó a la comisionada Esmeralda Arosemena a comentar que es “una real tragedia, una situación de crisis para las personas privadas de libertad, y en particular aquellas que tienen una voz disidente”.
Al tiempo que señaló Arosemena, que “el tema de la disidencia es lo que sostiene las democracias y cuando yo pienso en Nicaragua, pienso en este proceso de búsqueda de la democracia donde el pueblo nicaragüense sentía que estaba en una camino para eso, para democratizarse para que todos tuvieran una oportunidad que no hubiera exclusión, no hubiera pobreza, no hubiera desigualdad”.
E hizo un llamado al régimen “a acercarse a la CIDH para buscar puntos de apoyo, de acuerdos para librar esa lacra: violencia, perversidad, represión, crueldad, inhumanos, ilegales, estigmatizantes, criminalizantes, hostigadora, humillante, son conceptos que quienes gobiernan un país tienen que evaluar y si no fuera así buscar entonces como demostrar que no es así. Por eso la comisión hace convocatoria de las audiencias”.
Al finalizar su intervención Arosemena pidió disculpas porque dijo estuvo “un poco emosionada con esta audiencia porque un día como hoy uno no puede aceptar que recibamos tanta información negativa en materia de materia de defensa de los derechos humanos”.
La comisionada Antonia Urrejola, que presidía la audiencia, le señaló: «No pida disculpas, además, como exrelatora de Nicaragua antes que llegara yo, así es que conoce bien la situación de Nicaragua».
Rosario Flores, mencionó que “se ha identificado un patrón de maltrato a las personas presas políticas por parte de otros presos comunes promovido por las autoridades”.
Actualmente dijo de los 110 presos políticos la mayoría tiene padecimientos crónicos que ameritan ser atendidos con urgencia, lo que se ve agravado por la falta de atención médica y acceso de los medicamentos.
Entre las enfermedades que sufren los presos políticos dijo Flores destacan las cardíacas, renales, respiratorias, estomacales, dermatológica y salud mental, y las autoridades de los centros penales se rehúsan remitirlos al Instituto de Medicina Legal, aún cuando existen oficios ordenados por los judiciales.
Deben firmar documentos
También mencionó, que según organizaciones de familiares de presos políticos, desde hace tres meses en más de 50 casos las autoridades han obligado tanto a familiares como a los detenidos a firmar un documento en el que establecen que no han sufrido malos tratos, que sus derechos han sido respetados y su salud atendida.
Al tiempo que se comprometen a no hacer denuncias en los medios de comunicación y para ellos los amenazan con negarles el acceso a la paquetería, negar derecho a visitas y con golpear a sus familiares.
Por ejemplo en el caso de la excarcelada Ruth Matute, le han negado la visita a su esposo Danny García, recapturado, para ello le exigen que presente su sentencia absolutorio, que nunca le fue dictada “por el cierre anómalo de estos procesos en los que se aplicaron la ley de amnistía”.
En el caso de la mujer trans Celia Cruz, no solo está en un centro de detención de varones, sino “donde su identidad de género la pone en un riesgo particular, es víctima de insultos, golpes, hostigamiento maltratos”.
Ana Bolaños del Instituto Raza e Igualdad, dijo que “las detenciones han estado marcadas por graves violaciones a las garantías judiciales sometidos a tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas físicas, han sufrido golpizas, aislamiento prolongado violencia sexual , amenazas falta de acceso alimentación, agua potable, y medicamentos”. Y que aseguró es una actuación coordinada entre Policía, Min P sistema Judicial y Sistema Penitenciario Nacional.
Elthon Ortega, por su parte señaló que han identificado de manera sistemática un trato diferenciado y discriminatorio hacia los presos políticos, al excluirlos el régimen al beneficio de indulto por riesgo de COVID-19 como ha sucedido con los reos comunes, que desde abril de 2020 han sido puesto en libertad bajo el régimen de convivencia familiar más de 22 mil presos comunes.
Y mencionó el caso de Kevin Solís, que pese a la opinión del 24 de agosto 2020 del Grupo de Trabajo en la que recomendó su liberación inmediata tras confirmar arbitrariedad de su reclusión, el régimen sigue sin pronunciarse.