Entre abogados y organizaciones opositoras, circula un audio de una persona identificada como preso político, que denuncia que en las celdas de La Modelo, muchos de ellos están enfermos, con síntomas similares a una gripe, muchos con fiebres y dolores en el cuerpo.
El abogado Julio Montenegro de Defensores del Pueblo, expresó haber recibido un audio similar por parte de un familiar de un preso político al cual él representa, quien le hace una advertencia similar.
«Se me dice que están prácticamente con pánico porque hay muchas personas que tienen el síntoma del coronavirus», indicó por su parte el abogado Julio Montenegro, tras referir «yo miro que es un riesgo terrible».
Desde el audio el denunciante señala que tanto los presos políticos como los reos comunes, e incluso custodios del penal sufren síntomas similares.
«No se que nos espera a los reos políticos, agrupados, con tos, dolor en los huesos, aquí no hay medicamentos, no nos pueden facilitar porque no hay medicamentos (…) todos estamos con temperaturas», refiere el denunciante.
Y pone de ejemplo, que la celda donde él se encuentra es de dos metros de ancho por cuatro metros de largo y alberga a doce personas. Se estima que en esa penitenciaría todavía hay más de 70 presos políticos encarcelados.
CPDH también conoce de este caso
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, refirió que esa organización también recibió información escrita sobre esa situación.
Lamentó Cuevas , que a los familiares de los presos en general no les permiten ingresar productos sanitarios para la prevención a un posible contagio.
Y aunque ha disminuido un poco el hacinamiento, las prisiones siguen siendo «un paraíso», para la propagación del coronavirus, dijo Cuevas.
No obstante, señaló Cuevas es parte de la política adoptada por el régimen ante la pandemia del COVID-19 con la población en general.
Montenegro recordó, que cuando han llevado a sus representados a los juzgados él tiene que estar pidiendo les permitan ponerles guantes y mascarillas, pero eso solo lo ha logrado en los tribunales de Masaya y de Jinotepe.
Esta situación violenta los derechos humanos y sobre todo el derecho a la salud que es una obligación que tiene el Estado con sus ciudadanos de garantizarla, dijo Montenegro.