A través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 99, el régimen Ortega Murillo prepara los posibles cambios en la administración del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), cuya junta directiva está encabezada por el sancionado jefe del Ejército, Julio César Avilés.
Además, integran la junta directiva otros funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos como son el ministro de Hacienda, Iván Acosta y el titular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López.
En el decreto, Ortega se alista a la probabilidad de reemplazar en los cargos de la junta directiva no solo a Avilés sino a cuatro de los miembros representados por los principales cargos de la institución militar, lo que lleva a pensar que pudiese estar previendo nuevas sanciones dentro de la institución militar y de esa manera establece en el artículo 13, las vacantes temporales.
“Las ausencias o vacantes temporales del comandante en jefe, del jefe del Estado mayor general, del inspector general y del jefe de Dirección Personal y Cuadros serán llenados por cualquiera de los miembros suplentes exoficio a llamado por el presidente de la junta directiva”, indica el decreto publicado por Ortega.
Y señala que en el caso de los restantes en este caso los ministros “podrán sustituirse con sus suplentes ex oficios designados mediante acuerdo de la máxima instancia de la cartera ministerial”.
En el decreto presidencial número 12-2020, Ortega justifica que “es necesario actualizar el reglamento estatutario del Instituto de Previsión Social Militar que comprende la seguridad social y mejoramiento económico de los oficiales, clases y soldados, suboficiales, clases, soldados y marineros del Ejército de Nicaragua y de sus respectivos familiares”.
Y de acuerdo a este decreto “la suprema dirección y administración del Instituto estará a cargo de la junta directiva, compuesta por ocho miembros exoficio de conformidad a lo establecido en el artículo 55 de la ley 181 y sus reformas incorporadas”.
De acuerdo a la Ley 181, Código Militar, la Junta Directiva del IPSM, estará integrada por el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor General, el Inspector General, el Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros y el Director Ejecutivo del Instituto. Además por el Ministro de Defensa, Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
En el artículo 34 el decreto de Ortega es explícito en señalar al vicepresidente para asumir el cargo del presidente de la junta directiva: “Corresponde al vicepresidente sustituir al presidente en todos los casos en que este no pudiera actuar o se hallase imposibilitad de hacerlo por cualquier causa y en tal capacidad tendrá las atribuciones que se le confieren al presidente de la junta directiva”.
También aclara que el director ejecutivo del IPSM será un oficial con grado militar de coronel o general.
Según la Ley, el IPSM tendrá a su cargo la administración de la asistencia y mejoramiento social de los miembros del Ejército y de sus familiares, así como la pensión de retiro de los miembros del Ejército tras 21 años de servicio activo y efectivo en la institución militar.
Los sancionados más recientes
Avilés y Acasta fueron sancionados por Estados Unidos, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 (“Bloqueo de Propiedades de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Nicaragua”), a través de la cual congela los activos estadounidenses de los dos designados y prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
Ambos funcionarios del régimen han sido designados por su significativo apoyo a la represión y desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte del régimen de Ortega.
Sobre Avilés indica que es el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, que brindó apoyo a la Policía y a los paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018.
Mientras que Acosta desde su cargo coordinó las finanzas del régimen para priorizar la represión y evitar reformas democráticas y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos.
A través del decreto, Ortega también deroga los decretos 55-95, del reglamento estatutario del IPSM de 1995 y el 21-98, reformas al reglamento.