Una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos dirigió una carta abierta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de solicitarles para que durante el 46 período de sesiones renueve el mandato a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “ para monitorear e informar sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua” .
Entre las organizaciones están Amnistía Internacional Centro por la Justicia, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). y el Derecho Internacional (Cejil), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), así como organizaciones nacionales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), quienes exponen que “la situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue siendo crítica”.
“En 2020 han continuado los reportes de graves violaciones de los derechos humanos, como detención arbitraria, tortura y malos tratos, hostigamiento, denegación de justicia, restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y los constantes esfuerzos para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes”, expresan en su carta abierta.
Mencionan las organizaciones, que durante el último año, la Asamblea Nacional aprobó leyes propuestas por el oficialismo que violan los derechos a la libertad de expresión y asociación, y a postularse a cargos públicos y a votar en elecciones justas y libres, como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.
Y en enero de 2021, el Parlamento también aprobó “una enmienda constitucional que permitiría la prisión perpetua para ‘delitos graves’ cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional».
“La amplia definición de la enmienda podría abrir la puerta a nuevos abusos, ya que el gobierno ha acusado a menudo, sin fundamento, a críticos y opositores políticos de cometer ‘delitos de odio’, aunque no están definidos por la ley», explican las organizaciones defensoras de derechos humanos tras referir que personas defensoras de derechos humanos «temen que lo peor está por venir”,
Además, apuntan que el régimen mantiene su negativa a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos. Por lo que demandan al Consejo de Derechos Humanos, emita una resolución que envíe un claro mensaje de que la comunidad internacional apoya a las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos «en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación”.