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Diputados oficialistas comparan al Estado con un consumidor

Querer comparar al Estado con el consumidor “es un desacierto”, advierten los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo y Walter Espinoza, a través de un voto razonado como integrantes de la Comisión de producción, economía y presupuesto que dictaminó a favor de la reforma de la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobada en lo general por el plenario de la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista.

Castillo advirtió del peligro al que se expondría al sistema financiero de Nicaragua que depende de la inversión privada ya sea nacional o extranjera con estas reformas y que el oficialismo alega es para beneficiar al consumidor.

La diputada Castillo recordó, que la protección al consumidor es un derecho humano y  Nicaragua aprobó las directrices de las Naciones Unidas  para consumidores, en su versión ampliada de 1999 que estipula que son las personas naturales los consumidores y son las que afrontan a menudo ese equilibrio en cuanto a capacidad económica derecho de acceso a los productos.

Castillo expuso que la bancada del PLC «se opone a la forma y el fondo de esta iniciativa de reforma y adición, a esta ley (…) porque de ninguna manera se viene a proteger los derechos de los consumidores, sino que por el contrario pone en  peligro al país ante la comunidad financiera que afectará entonces  a los ciudadanos nicaragüenses”.

“Querer equiparar al gobierno con los consumidores y tener que hablar de los servicios financieros, es muy controversial, porque lo sensible que son los sistemas financieros en un sistema de libre comercio donde el estado no debe exponerse como juez y parte a interferir en la economía, más allá de los límites que permiten los artículos 999, 100, 103, y 104 de la Constitución de la república”, dijo Castillo.

Sin embargo, Castillo, apuntó que con las reformas a esta ley, el oficialismo pretende utilizar el sistema de protección a los consumidores para otros fines, “pues se intenta incluir al Estado  sus instituciones para presionar a las instituciones de servicio financiero en sus políticas internas para que no se les niegue sus servicios, ni se les cancele sus contratos existentes, sujetándolos solamente a los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico correspondiente obviando las relaciones internacionales”.

“Implementar esas políticas para el sector de servicio financiero es una imprudencia que podría llevar a consecuencias sobre el estado de derecho y la confianza de los inversionistas, existiendo ya los reguladores respectivos para los sectores mencionados de esta ley», sostuvo Castillo.

Castillo, señaló que la bancada del PLC propone una reforma a esa ley, pero que se analice a la luz de los consumidores “y no buscando como acomodar a las instituciones de gobierno como ciudadanos».

Reformas son por sanciones

Por su parte el diputado Byron Jerez, la arremetió contra los diputados del PLC, a quienes les aseguró que los bancos les pagan el asesor en la comisión y negó que el sistema financiero peligre y destacó lo relativo a la cancelación de los contratos, la reforma incorporó que “no podrán trascender a la persona afectada”, por lo que dijo Jerez,  “la institución bancaria no podrá por si y ante si cerrar las cuentas de una persona afectada, por cualquier negocio ilícito (…) y no afectar a todo un núcleo familiar, como es ahora en día”.

“Yo espero y lo digo con todo corazón que no sea sancionado o no se extienda ninguna sanción a ningún miembro de la bancada del PLC, porque allí van a experimentar en carne propia por lo que están votando en contra el día de hoy, cuando le cierren su cuenta a cada uno al que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer, a su hija, a su nieto…allí van a brincar”, sostuvo Jerez.

COSEP reacciona

Poco después el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), emitió un comunicado a través del cual expresa su preocupación por las mismas porque podrían promover «prácticas que incitarían al lavado de dinero y nos pondría en riesgo de pasar a la ‘lista negra’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)».

Además, según el COSEP, «»esta situación tendría graves e inmediatas consecuencias para la economía del país por cuanto conllevaría entre otros efectos negativos , el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales , el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito».

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